El 15 de agosto, dos días después de las elecciones primarias, no solo se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, sino que vencen los acuerdos de precios que el Gobierno cerró con el sector del consumo masivo y otros rubros como celulares, electrodomésticos de línea blanca, bicicletas, indumentaria, calzado y artículos de casas de deportes.
Y, como en otros temas, acá también reina la incertidumbre, ya que el Gobierno aún no se reunió con las empresas ni tiene definido cuál será el nuevo sendero. Para lo que es consumo masivo, rige una pauta mensual del 3,8% para los productos que integran la canasta “congelada” y un 5% para todo lo que queda al margen (el aumento de este mes se aplica después del 15/8). En tanto, en bienes durables hay un congelamiento a valores de mayo.
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Consultadas por LA NACION, distintas cámaras y empresas dijeron que aún no se reunieron con el Gobierno. “No tenemos novedades. Sí nos anticiparon que nos van a convocar a partir de la semana próxima, pero sin más detalles que eso”, dijo a este medio el representante de una alimenticia.
“Por ahora no hay conversaciones”, sumó un referente de la indumentaria y desde una asociación vinculada a los electrodomésticos agregaron que no tenían información sobre el nuevo acuerdo.
En tanto, desde la Secretaría de Comercio aseguraron que la renovación de Precios Justos se realizará “como siempre” luego del 15 de agosto. “Actualmente, estamos en la fase de intercambio de información con sectores principalmente de consumo masivo para evaluar la incidencia de las nuevas medidas en la estructura de costos y determinar el sendero. Todavía no hay definiciones al respecto”, puntualizaron.
Las medidas que establecieron el impuesto PAIS a los bienes importados y el dólar agro a $340 fueron oficializadas a través de los decretos 377/2023 y 378/2023 que se publicaron el lunes 24 de julio y el viernes 28 salió la resolución 1183/2023 de Comercio, que excluyó a 66 productos de la canasta básica de la obligación de pagar el gravamen del 7,5%.
Más allá de esto, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) luego informó que estaban relevando distintos casos de 34 sectores, con economías regionales incluidas, para presentarlos a la Secretaria. Sostienen que, de no reconocerse que deben ser exceptuados de este recargo, se agravarían las asimetrías y costos empresarios y, consecuentemente, el impacto en comercialización y consumo.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó que se reglamentara a la mayor brevedad posible y/o se aclarara que la exención del impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados directamente a la canasta básica alimentaria. En cuanto a los productos, la UIA también pidió que se eximan del gravamen a aquellos que se enmarcan en el acuerdo de “Precios Justos”, ya que su gravabilidad generaría un incremento de costos que impedirá sostener los compromisos asumidos oportunamente.
Cabe recordar que, cuando inició Precios Justos en noviembre pasado, había una canasta de 1500 productos congelados y un tope de aumento mensual para el resto del 4%. Luego, en febrero de este año, la canasta congelada ascendió a 2000 bienes, mientras que otros 50.000 (que incluían más rubros que consumo masivo) iban a correr al 3,2%. La última versión, en tanto, implicó que la canasta ajustara al 3,8%, mientras que todo lo demás se movía al 5%. La inflación de julio se ubicaría cerca del 7%, según distintas consultoras privadas, mientras que agosto podría arrancar con 8, con la posibilidad incluso de superar la marca de abril pasado del 8,4% mensual.
