LA PAZ.- A casi una semana de su fuga y sin noticias sobre su paradero, uno de los supuestos narcotraficantes más buscados en América del Sur puso de cabeza a la policía boliviana y en aprietos al gobierno del presidente Luis Arce.
Las críticas se dispararon tras conocerse un video en el que el supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, que residía en Bolivia desde 2018, acusó al jefe antidrogas de Bolivia de haberlo alertado para fugarse.
“Gracias a la ayuda del director de la Felcn [Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico] logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí, me avisó que me fuera”, remarcó. Los conceptos forman parte de un video de 1,26 minutos que Marset hizo llegar a la red Unitel, y que reprodujeron otros medios bolivianos.
Las autoridades no pusieron en duda el video pero el aludido jefe policial, Ismael Villca, rechazó la acusación y dijo que Marset “está acorralado” y que toda la estructura económica que montó en Bolivia quedó “afectada”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, afirmó que más de 2500 policías están tras la pista del uruguayo desde el sábado después de que sometió a tres efectivos y escapó.
“Desde el gobierno de (el expresidente Evo) Morales hubo una actitud complaciente con el narcotráfico y eso no ha cambiado. El gobierno sólo hace puestas en escena para decir que (lo) está combatiendo. Pareciera que los narcos están tomando a Bolivia como un sitio de descanso”, dijo el viernes el diputado opositor Carlos Alarcón.
Marset, de 31 años, es investigado en Uruguay por presuntamente montar una vasta red criminal para exportar cocaína a Europa y está acusado en Paraguay de ser el cerebro del crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel. En Bolivia también montó empresas de fachada para lavar dinero. Según funcionarios paraguayos, también organizó en ese país una red para exportar cocaína.
Contradicciones
El caso provocó contradicciones entre las autoridades de Bolivia y Paraguay. Mientras funcionarios policiales paraguayos afirmaron haber alertado en febrero sobre la presencia de Marset en Bolivia, Del Castillo dijo que recibieron la información en junio. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, fue enviado este viernes a Asunción para reunirse con las autoridades paraguayas.
El exministro de Gobierno boliviano Carlos Romero declaró públicamente que las autoridades de Asunción alertaron al gobierno sobre la presencia en Bolivia no sólo de Marset sino de otros “dos peces gordos del narcotráfico”, quienes vivirían en el país con documentos falsos. “Desmentimos esa información”, le respondió Del Castillo.
Romero fue dos veces ministro de Gobierno y como tal lideró la lucha antidrogas durante los mandatos de Morales (2006-2019), jefe del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y duro crítico de su heredero político, el presidente Arce.
Según la policía boliviana, Marset vivía en una lujosa mansión de un barrio exclusivo de la ciudad de Santa Cruz junto a su esposa y sus hijos, financiaba un equipo de fútbol de la segunda división, participaba de la vida social de esa ciudad del oriente boliviano y tenía algunas empresas de fachada. La policía detuvo a 14 personas de su entorno y se confiscaron propiedades, automóviles de lujo y armas de grueso calibre.
Escándalos por narcotráfico
En poco más de dos meses, el gobierno de Arce se ha visto sacudido por dos sonados escándalos relacionados con el narcotráfico. El otro caso salió a la luz en mayo cuando desde España se informó que autoridades de la aduana ibérica habían decomisado un cargamento de casi media tonelada de cocaína que había salido del principal aeropuerto boliviano.
Las autoridades bolivianas ordenaron una investigación y detuvieron a más de una decena de funcionarios de segundo orden, pero ninguna organización criminal fue desbaratada y no se conoce a los proveedores de la droga.
Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína después de Colombia y Perú. Las autoridades niegan que en el país operen grandes grupos narcos y aseguran que el tráfico de drogas es controlado por clanes familiares, pero son frecuentes los ajustes de cuentas entre supuestos narcos vinculados con los carteles brasileños Comando Vermelho y PCC.
Agencias AP y AFP
