La Justicia condenó ayer al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a la pena de tres años y tres meses de prisión y lo inhabilitó para ejercer la profesión por el doble de tiempo de la pena tras hallarlo culpable de haber intentado chantajear al empresario Sebastián Eskenazi en diciembre de 2017.
Sánchez Kalbermatten continuará en libertad mientras que la sentencia no esté firme, según lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, que informó que leerá los fundamentos de la sentencia el 10 de este mes.
Los acusados restantes, Pablo Brugo y Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido financista Aldo Ducler, evitaron la condena penal al obtener el beneficio de la “probation”, en tanto que Sánchez Kalbermatten no pudo acogerse a esa opción ya que lo había hecho en otro expediente, por lo que debió afrontar el juicio.
La causa penal comenzó a fines de 2017, cuando Brugo se reunió en unas oficinas de la calle Cerrito al 700 de la ciudad de Buenos Aires con Sebastián Eskenazi en nombre de Ducler y de Sánchez Kabelmatten. Le planteó que tenían información sobre supuestos lícitos cometidos por el holding con el fallecido presidente Néstor Kirchner durante las compras del Banco de Santa Cruz y de una parte accionaria de YPF, e indicó que podía evitarse la difusión si le daba una “luz” o “reserva” como gesto de buena voluntad.
Durante las semanas que siguieron, se concretaron dos reuniones más hasta que, el 12 de diciembre de ese año, Brugo, Ducler y Sánchez Kalbermatten reclamaron una compensación por su silencio que cifraron en US$ 20 millones y se quejaron por la falta de respuestas. Al día siguiente, el Grupo Petersen radicó la denuncia penal.
Menos de dos semanas después, el jueves 28 de diciembre, la Policía Federal colocó cámaras ocultas en las mismas oficinas de Cerrito al 700 y marcó los primeros US$ 300.000 en billetes de un total de US$1 millón que el Grupo Petersen simuló que había aceptado pagar en la “negociación” para acallar esa información sensible.
Horas más tardes, Brugo, Ducler y Sánchez Kalbermatten se presentaron en las oficinas de Eskenazi, recibieron los dólares en una “entrega controlada” y terminaron detenidos por orden del juez Rodolfo Cresseri y de la fiscal Cinthia Oberlander, que impulsó la acusación que terminó con los primeros bajo “probation”, en octubre de 2021, y el letrado condenado ayer.
En ese sentido, tanto Ducler como Brugo aceptaron cumplir con 200 horas de trabajo social, además de pagar $500.000 el financista y $150.000 el abogado para evitar una condena penal, dinero que se donó a Cáritas.
Por su parte, el fiscal general subrogante Andrés Madrea había pedido que Sánchez Kalbermatten fuera condenado a cuatro años de prisión y se lo inhabilitara para ejercer como abogado durante ocho años, en tanto que la querella había solicitado que le aplicaran la pena de cinco años por el delito de “extorsión en grado de tentativa”.
Tras conocer el veredicto, y aunque la condena no está firme, Sánchez Kalbermatten deberá presentarse en los tribunales “el primer lunes hábil de cada mes y no alejarse de la ciudad sin la venia jurisdiccional, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ordenarse su inmediata detención y derivación a una Unidad Penitenciaria”, según estableció el fallo.
