El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó hoy que le corresponde a la Corte Suprema tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy contra la reforma constitucional que impulsó en la provincia el gobernador radical Gerardo Morales, candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
Casal sostuvo que corresponde la intervención de la Corte porque es un tema de su competencia originaria por tratarse de una acción del Estado Nacional contra una provincia.
“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. En efecto, toda vez que el Estado Nacional -que tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional- entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia (…), cualquiera sea la materia del pleito”, escribió el Procurador.
El Gobierno pidió que la Corte declarara inconstitucionales varios artículos de la nueva constitución provincial aprobada en Jujuy, con el argumento de que violan “el orden institucional” y “derechos y garantías” consagrados en la Constitución Nacional. Cuestionó particularmente que se haya dispuesto “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”. Entendió que eso implica el cercenamiento de los derechos de reunión, protesta y huelga de la totalidad del pueblo jujeño.
También cuestionó que la reforma se hubiera dictado sin la “debida y previa consulta a los pueblos originarios interesados”.
En la provincia se vive desde hace semanas un clima de mucha tensión, con piquetes y cortes de rutas, detenciones y protestas de sindicatos y grupos de izquierda. El conflicto se desató después de que se aprobara esta reforma constitucional que, entre otros puntos, restringe la protesta callejera. Las modificaciones a la carta magna provincial fueron promovidas por el gobernador radical -hoy precandidato a vicepresidente- y aprobadas en menos de un mes con apoyo del peronismo local, que votó las reformas en la convención constituyente.
Alberto Fernández se mostró muy activo contra la reforma de Morales: no solo demandó a Jujuy sino que además intervino el Partido Justicialista de la provincia porque sus dirigentes apoyaron la nueva constitución y, según el Presidente, demostraron así que “comulgan con un pensamiento totalmente ajeno a los principios y doctrina que fundan el pensamiento justicialista”.
Fernández dispuso esta intervención en su condición de presidente del Consejo Nacional Federal del PJ. Desplazó al titular del partido en Jujuy, Rubén Rivarola, y nombró como interventores a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo (de licencia), y al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que, por el término de 360 días” ejerzan “de manera conjunta todas las facultades inherentes a todos los órganos partidarios” para “normalizar” el partido
