Lo que en marzo fue “una gran noticia” para la Cancillería, cinco meses después es una amenaza que “vulnera la seguridad nacional”, según la advertencia del Ministerio de Defensa.
Las áreas que conducen Santiago Cafiero y Jorge Taiana mostraron visiones contrapuestas sobre el radar instalado en Tierra del Fuego por la empresa LeoLabs, cuya “cancelación y suspensión definitiva” pidió el titular de Defensa, al reclamar que se deje sin efecto la autorización que en noviembre de 2022 había otorgado la Jefatura de Gabinete, cuando era conducida por Juan Manzur.
El presidente Alberto Fernández declaró un patrimonio de $9.778.594 en 2022, la mitad que en 2021
“El tema es eminentemente político. Es de esperar que a la empresa se le permita presentar un descargo”, confió a LA NACION una fuente directa vinculada con la controversia.
El 15 de marzo pasado, la Cancillería difundió un comunicado en el que celebraba la presencia argentina en la feria Satellite 2023, la feria más relevante del mundo sobre el espacio y los satélites, que se reunió en el Walter E. Convention Center de Washington, donde el pabellón argentino duplicó su superficie. Allí, la empresa estadounidense LeoLabs anunció la instalación de su primer radar en América del Sur, concretada a fines de abril la ciudad fueguina de Tolhuin.
“La elección de la Argentina para la ubicación de un nuevo radar de LeoLabs es una gran noticia”, afirmó en ese momento el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, en sintonía con la satisfacción que reflejaba el comunicado de la Cancillería.
Ahora, en un informe técnico, el Ministerio de Defensa alerta sobre “las potenciales consecuencias negativas para la defensa nacional y el ejercicio pleno de la soberanía de la República Argentina”. El análisis sobre la Estación Radar AGSR LeoLabs Argentina SRL fue elaborado con aportes de la empresa Invap, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y las direcciones nacionales de Contralor de Material de Defensa y de Inteligencia Estratégica Militar que dependen del ministro Taiana.
“Capitales británicos”
Contrariamente a la satisfacción mostrada por la embajada argentina en la feria de Washington, la cartera de Defensa advierte que “la instalación de la Estación AGSR por parte de LeoLabs Argentina SRL, empresa conformada por capitales británicos, resulta totalmente incompatible con la misión militar impartida por el Presidente de la Nación a las Fuerzas Armadas a través de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN)”. Además, indica expresamente que la empresa tiene “domicilio legal en Gran Bretaña, cuando el Reino Unido sostiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, parte de nuestro territorio nacional”.
Al respecto, una fuente consultada por LA NACION explicó que LeoLabs es una empresa norteamericana y su sede se encuentra en Sillicon Valley, California. La propietaria es LeoLabs Inc, que tiene dos sociedades en Irlanda y en Londres. El propio embajador norteamericano, Marc Stanley, se interesó por el proyecto, como ha sucedido con otras inversiones, explican en Tierra del Fuego.
Lejos de relacionarla con la cuestión Malvinas y el reclamo de soberanía, la Cancillería presentó a LeoLabs como “un proveedor comercial y líder mundial de servicios de conocimiento de la situación en el espacio y cartografía de órbita terrestre baja”.
Las objeciones de Taiana a la habilitación del radar de la empresa norteamericana se conoció en momentos en que el ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que para algunos observadores no sería un hecho casual.
El informe del Ministerio de Defensa advierte que, a partir de las características de los sensores de la Estación Radar es posible “ofrecer información analizada para uso militar”. Y sostiene que los equipos instalados en Tierra del Fuego poseen “el potencial adicional de ser utilizados para escucha e inteligencia de señales, incluso, cuando el radar se encuentra sin operar, mientras que su uso pasivo es muy difícil de detectar”.
Según pudo saber LA NACION, la empresa LeoLabs esperaba una definición del Ministerio de Defensa, con cuyas autoridades sus directivos intentaron tomar contacto sin éxito hace unos meses. El trámite para la habilitación de la estación terrena de Banda S (una frecuencia utilizada para temas espaciales) fue realizado ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, en la esfera de la Jefatura de Gabinete. El expediente transitó despachos oficiales durante todo 2022 y, evidentemente, el circuito de su derrotero no incluyó a Defensa.
“Por las mismas razones que esgrime el Ministerio de Defensa, acerca de que el proyecto atentaría contra la soberanía nacional, siempre será mejor que esté en la Argentina y no a pocos kilómetros, del otro lado de la frontera”, esgrimió una fuente consultada por este diario.
Al gobierno @alferdez @SergioMassa y embajador @JorArguello @ARGinUSA le parece una gran idea promover la instalación de radares estadounidenses en Tierra del Fuego,a 500 km de Malvinas, donde su principal aliado, el invasor británico, tiene una base militar gigantesca de OTAN https://t.co/7tpiIp2Tc6
— Alicia Castro (@AliciaCastroAR) June 22, 2023
Una vez autorizada la instalación por la Jefatura de Gabinete, comenzó el proceso de importación de los equipos. Llegaron las estructuras, pero el proyecto no se ejecutó en plenitud. Funcionó a medias, en modo de prueba, durante cuatro semanas, hasta que las protestas –iniciadas por la exembajadora Alicia Castro en las redes sociales- obligaron a interrumpir el funcionamiento del radar a fines de junio. “El Ministerio de Defensa realiza el informe a partir de las capacidades potenciales de la estación, pero su instalación apenas llega al 50%”, evaluó la fuente.
