La Sociedad Interamericana de de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación por el avance de polémicos proyectos de ley en La Rioja y Salta que podrían afectar la libertad de expresión y que ya han generado fuertes rechazos. En el primer caso, se trata del intento de supervisar el contenido de los medios y bloquear las señales nacionales que llegan desde Buenos Aires, mientras que en el otro se regula un esquema sancionatorio para la difusión de noticas falsas.
La entidad alertó que el proyecto de La Rioja forma parte de una reforma constitucional que busca el gobernador Ricardo Quintela. En ese sentido, citó palabras del mandatario, quien aseveró que la enmienda “incluirá la regulación de la prensa independiente”. “A su entender, “la Convención reformadora –con amplia mayoría oficialista– debe discutir sobre ‘la libertad de expresión y la gobernanza’”, sumó la organización. A su vez, recordó cuando Quintela había sugerido “bloquear” a medios nacionales porque, “dan información podrida”, que no se puede “verificar”.
En tanto, la iniciativa salteña cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y “castiga con arresto y/o multas a “quien difundiere noticias falsas” en el espectro digital. “De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa autoriza castigos para quien ‘cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales’”, indicó la organización.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, expresó su preocupación al respecto. “Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”.
Greenspon, quien también es director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley. “Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impacten negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión”, remarcó la organización.
A su vez, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. “Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, subrayó que “es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información”.
Greenspon y Jornet indicaron que para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP “rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas”.
