Las nuevas medidas oficiales, entre ellas la generalización de un impuesto a las importaciones -la devaluación fiscal del Gobierno-, sumado a las trabas introducidas ayer a través de un nuevo muro burocrático para realizar operaciones de comercio exterior, despertó las primeras críticas entre las grandes empresas, que alertaron sobre sus impactos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) fue la primera hoy en expresarse frente a la actual coyuntura de escasez de reservas en el Banco Central (BCRA) y de sucesivos torniquetes oficiales para frenar la sangría de dólares. Son medidas que, dicen en la entidad fabril, continúan sumando “dificultades” y generan un “grave impacto” a la operatoria de las grandes industrias. Las mismas son parte del acuerdo técnico al que arribó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La Unión Industrial Argentina (UIA) y su red de representación sectorial continúan monitoreando el impacto de las últimas medidas y proponiendo a las autoridades correspondientes modificaciones y aclaraciones sobre la normativa, en especial a las relacionadas con el decreto 377 y sus normas complementarias, que han generado un grave impacto en la operatoria de la industria argentina. Las alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce) y en la determinación de la Capacidad Económica Financiera (CEF), ocurrida en los últimos días, sumó aún más dificultades a la operatoria diaria de las empresas, en especial en las pequeñas y medianas”, indicó la UIA en un comunicado.
Ayer LA NACION dio cuenta de que a comienzos de agosto volvió a verse sumamente afectado el sistema de CEF de la AFIP, la primera barrera que debe superar cualquier compañía que requiera hacer una operación de comercio exterior, como una importación, en la Argentina. En el Gobierno indicaron que las empresas que tienen exportaciones con divisas pendientes para liquidar no podrán acceder al mercado único de cambios por ese monto. Ayer, sin embargo, había empresas que se quejaban de que el amesetamiento del CEF afectaba a firmas sin liquidaciones pendientes.
Existen actualmente US$3100 millones pendientes de liquidar, según la información que maneja el Gobierno. Esta decisión les permite afectar el CEF, según su artículo cinco, indicaron para justificar el apagón importador de las últimas horas. Fuentes oficiales agregaron además que la misma decisión rige para la devolución de IVA a exportadores. No tendrán acceso a ese “beneficio” si no liquidan sus divisas pendientes, agregaron en el Gobierno.
Semanas atrás, el equipo económico que lidera Sergio Massa había impulsado una devaluación parcial generalizando el Impuesto PAIS a las importaciones (una alícuota de 7,5% para bienes; y 25% para servicios), y un dólar de $340 para las economías regionales y el maíz. Hubo excepciones, pero para la UIA y otras cámaras no fue suficiente y siguen las dudas.
La queja empresaria
“Resulta primordial eximir del impuesto PAIS a las importaciones temporarias en su conjunto, para no afectar la competitividad argentina y la generación de divisas comerciales genuinas”, agregaron en la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja, preocupados por el impacto en las exportaciones industriales y precisaron: “La UIA considera que las medidas dispuestas poseen un sesgo muy adverso para las cadenas de valor exportadoras, en la medida que las importaciones temporarias no queden eximidas en todo el universo de insumos y bienes intermedios que requiere la producción de la oferta exportable de bienes industriales y alimentos elaborados, y se va a generar en muchos casos una pérdida económica tal que atenta contra la continuidad productiva, con la consecuente caída de las exportaciones, la pérdida de mercados externos, paradas de líneas de producción y de puestos de trabajo”.
La entidad solicitó además que se reglamente “a la mayor brevedad posible” o se aclare que la exención del impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados directamente a los productos de la canasta básica alimentaria y para bienes relacionados a la generación de energía, contemple todo su universo.
“En cuanto a los productos de la canasta básica, la UIA solicitó que también se eximan del impuesto País a aquellos que se enmarcan en el acuerdo de Precios Justos, ya que su gravabilidad generará un incremento de costos que impedirá sostener los compromisos asumidos oportunamente”, advirtieron sobre la sustentabilidad del programa oficial.
“La UIA advirtió también que, con la vigencia del Decreto 377/2023, las empresas están sufriendo débitos indebidos del impuesto PAÍS por parte de los bancos comerciales y/o del pago a cuenta establecido por AFIP en la Resolución General 5393/2023, que generan una presión fiscal mayor sobre actividades eximidas por el Decreto N°377/2023, generando un aumento de costos en dichas cadenas productivas con su correspondiente impacto inflacionario”, indicaron.
“Además, este impuesto altera retroactivamente el pago de contratos de importaciones y servicios que habían sido pautados con anterioridad y ya aprobados (SIRAs y SIRASEs) pero que por la calendarización que plantea el sistema para el giro de divisas se pagan a 60/90/120/180 y hasta 365 días, lo que sumando a las dificultades operativas está generando problemas económicos a muchas empresas y demoras y/o incumplimientos con proveedores del exterior”, denunciaron.
“Todo esto se da en un marco donde se multiplican los problemas para el giro de divisas al exterior tanto para bienes y servicios vinculada con la producción donde la aprobación de SIRAS y SIRASES resulta cada vez más difícil de obtener”, señalaron en la UIA y cerraron: “Es clave generar los mecanismos pertinentes para darle la mayor celeridad posible a insumos críticos, bienes intermedios y repuestos para bienes de capital”.
