En lo que sería un último intento, el Gobierno busca aprobar el pliego para la licitación de espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G) en la próxima reunión de directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que tendría lugar el 7 de agosto 0próximo, 6 días antes de las primarias obligatorias.
Y, como si no hubiera demasiadas polémicas ya, como la posibilidad de favorecer a la empresa china Huawei como proveedor de la tecnología o el elevado precio que quiere el Ejecutivo por el espectro, ahora se sumó un nuevo frente de conflicto, ya que el Enacom le daría un bloque de 100 MHz a la estatal Arsat a nivel nacional por 20 años.
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Es decir, por un lado, se subastaría la banda de 3300-3600 MHz en tres bloques de 100 MHz coincidentes con los tres operadores: Movistar, Telecom y Claro, por los que se espera recaudar cerca de US$1000 millones (US$350 millones por bloque) y, por otro lado, se atribuiría la banda de 3600-3700 MHz para servicios de 5G para Arsat.
“La idea es asignarles la porción de arriba de la banda para cuestiones estratégicas de largo plazo. En principio, hay acuerdo”, dijo una fuente oficial.
Pero las empresas que participarían de la puja se resisten a la idea porque a Arsat se le estaría regalando algo que a ellos se les cobra, además de generarles un competidor.
“No sería la primera vez que desde el Estado se coquetea con la idea de que Arsat se convierta en un operador móvil. Ya en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, hubo un intento similar que se oficializó, cuando se planteó la creación de Libre.ar. Esto implicaba asignarle a Arsat el espectro devuelto por Telefónica como consecuencia de su fusión con Movicom, que la llevó a exceder el límite entonces vigente. Ese proyecto nunca se concretó”, recordó el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.
Es que el espectro es apenas una de las condiciones para ofrecer servicios. “Hace falta una costosa infraestructura para operarlo, compuesta no solo por las antenas y radiobases, sino también por el backhaul (o red que interconecta las radiobases) y el core o red núcleo, que incluye los equipos que realizan las funciones de enrutamiento, conmutación y gestión de la red. En definitiva, hace falta contar con una red cuyo costo en términos de CAPEX (los gastos de capital o las inversiones que realiza una empresa al adquirir un activo) es del orden de los miles de millones de dólares si la intención es tener una operación a nivel nacional”, apuntó el experto.
“Hay que tener presente también que una red 5G en bandas medias exige una densidad de antenas superior a la de 4G, con lo que el esfuerzo inversor es mayor. Esto incluye no solo más radiobases y antenas, sino contar con más sitios físicos que a su vez deben estar conectados (o sea, más fibra). En definitiva, se trataría de una inversión importantísima y de escasa probabilidad de concreción, habida cuenta del déficit crónico del Estado argentino. Adicionalmente, sería difícil de justificar un nuevo operador de red en un mercado con tan alta penetración del servicio”, agregó.
Si Arsat no despliega infraestructura propia, podría intentar usar la infraestructura de los operadores, con lo que se tendría que definir un precio por ese alquiler. De todos modos, si este fuera el camino elegido, tendría la limitación de no aportar cobertura nueva allí donde no hay servicio porque la infraestructura no llega. Sería competir con el servicio actual, y no complementarlo.
De acuerdo con esto, para Carrier lo que se plantea desde el Gobierno no tiene ningún sentido, salvo que se lo piense en términos políticos, es decir, como parte de la campaña.
Por otro lado, señaló que sería un “milagro” que el Ejecutivo logre recaudar US$350 millones por bloque de 100 MHz, al menos por lo que dicen los operadores.
Según un estudio que realizó una consultora para la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), el valor máximo estimado de una licencia de 20 años extrapolado para un bloque de 100 MHz de espectro en la banda de 3,5GHz en Argentina tendría que situarse entre US$55 millones y US$110 millones. Es decir, que por los 300 MHz se deberían pagar en promedio US$247,5 millones, bastante menos que los casi US$1000 millones que pretende el Gobierno.
El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se trasmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil. Es vital para el desarrollo del ecosistema móvil.
El espectro permite que los dispositivos se comuniquen con la radio base y así acceden al contenido y a conectarse con el resto de los usuarios. Cuanto mayor es el espectro asignado, más ancho de banda disponible para cada usuario. Este recurso, escaso, pero renovable, es regulado y administrado por el Estado en cada uno de los países.
