El Gobierno buscó avanzar en su transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, según el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 presentado recientemente. Este programa estableció la visión, objetivos y metas para orientar el desarrollo energético del país, teniendo en cuenta los desafíos y barreras existentes.
El documento destacó la importancia del sector energético para el desarrollo de las sociedades modernas, pero también reconoció el impacto ambiental negativo de la explotación de recursos fósiles. En 2019, el sector energético fue responsable del 78% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La Argentina fue responsable de solo el 51% de sus emisiones totales.
A pesar de que el país se encontraba por debajo del promedio mundial en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, era fundamental para el país transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Esta transición era crucial para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y brindaba oportunidades de crecimiento económico.
El plan propuso medidas de política energética adicionales y complementarias a las ya implementadas, considerando el trabajo conjunto con el sector privado y público. Además, se señaló la importancia de actualizar el plan en función de los cambios en el contexto nacional e internacional, así como los avances tecnológicos.
En el documento se destacó que la Argentina contaba con una gran diversidad climática y acceso a recursos energéticos, como gas de esquisto, petróleo de esquisto, energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. Estos recursos ofrecieron la posibilidad de desarrollar una matriz energética más sostenible y de calidad.
El país había establecido el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas”, reconocido en el Acuerdo de París, para guiar sus esfuerzos de descarbonización. En este sentido, la Argentina había logrado reducir su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo el sector energético responsable de solo el 0,4% de las mismas.
El plan también destacó la importancia de considerar el carácter federal del país y la gran extensión territorial, lo que requería la participación activa de los gobiernos provinciales y municipales en la implementación de políticas energéticas.
Además, se subrayó la necesidad de garantizar el acceso a recursos energéticos en todo el país, especialmente en zonas rurales y provincias con menor acceso a la red de distribución de gas natural. Resumió varias líneas de acción clave.
En primer lugar, se destacó la importancia de un plan consistente y sostenible para el sector hidrocarburífero. Los recursos gasíferos del país se consideraron aliados en la transición energética, ya que no solo contribuyeron a la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica, sino que también ofrecieron gas como combustible de transición en el contexto de la reducción de emisiones.
El aumento en la producción de gas natural permitió abastecer la demanda local, sustituir combustibles líquidos con mayor impacto climático y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y GNL.
Segundo, se enfatizó el desarrollo de todas las fuentes bajas en emisiones. La Argentina contaba con excelentes recursos renovables, como la irradiación solar, el viento, los flujos de agua y la bioenergía. Estos recursos naturales permitieron aprovechar diversas tecnologías en diferentes regiones del país para potenciar la generación de energía renovable. Además, se mencionó el papel de la energía nuclear como una opción baja en emisiones.
Seguido, se propuso una visión de desarrollo económico y productivo para el país. “La transición energética puede ser un motor de transformación económica y social, promoviendo el crecimiento económico, el desarrollo de la industria local y la creación de empleo de calidad. La Argentina tiene el potencial de convertirse en un exportador neto de recursos energéticos y desarrollar toda la cadena de valor de tecnologías energéticas” destacó.
Por último, se hizo referencia a la importancia de una política comprometida para un consumo consciente, racional y eficiente de la energía. La eficiencia energética se consideró el “quinto combustible” y fue clave en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Se propusieron iniciativas concretas de eficiencia energética en sectores clave como la industria, las edificaciones, el transporte y el sector residencial, junto con un cambio de comportamiento y conciencia en todos los sectores y comunidades.
Para llevar a cabo este proceso, se sugirió una planificación dinámica a corto, mediano y largo plazo, basada en la mejor evidencia disponible y coordinada entre los sectores público y privado. Dada la constante evolución de las tecnologías y propuestas de descarbonización, la planificación debió ser flexible y tener en cuenta la incertidumbre relacionada con los costos y el acceso a minerales críticos, entre otros elementos clave.
El Plan Nacional de Transición Energética a 2030 propuso un escenario integral que combinó políticas de demanda y oferta para cumplir con los objetivos establecidos en la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) revisada. En cuanto a la demanda, se plantearon políticas en el sector transporte que incluyeron un mayor uso de gas natural (GNC y GNL) y una mayor participación de vehículos eléctricos. También se buscó mejorar la eficiencia en el uso de electricidad y gas natural.
En términos de oferta, se esperó un mayor requerimiento de gas natural y una menor dependencia del petróleo, junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica, alcanzando el 57% para 2030. La generación de energía renovable se limitó a las tecnologías contempladas en la Ley N° 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica) y representó el 30% de la matriz energética. Es importante destacar que este escenario se analizó en función de su sostenibilidad y se presentó de manera imparcial como insumo para la toma de decisiones de la Secretaría de Energía.
Los supuestos utilizados en la elaboración del escenario y los principales resultados proyectados para el período 2022-2030 fueron:
Se consideró un crecimiento del PBI a largo plazo del 2% anual.Se esperó un crecimiento cercano al 1,5% anual en la demanda eléctrica.La demanda de gas natural y combustibles experimentó un crecimiento de alrededor del 1,1% y 2,3% anual, respectivamente.La producción de gas natural para abastecimiento local se proyectó que creciera entre un 2,4% y 3% anual de 2022 a 2030. La producción de petróleo para abastecimiento local se esperó que aumentara entre un 3,4% y 6% anual en el mismo período.Se previó un crecimiento de 53 millones de vehículos en el parque automotor. Se estimó que el 27% de los autos y vehículos medianos funcionarían con GNC, además de la conversión a GNC de los buses de corta distancia.Se contempló un aumento en el uso de biocombustibles, con una participación del 12,5% y 15% para biodiésel y bioetanol, respectivamente.Se proyectó una población de 49,4 millones de personas para 2030, con un crecimiento anual del 1%. Los hogares alcanzaron un total de 17,3 millones, y se esperó que el 68,5% de ellos tuviera acceso a gas natural.Se estimó una reducción en la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas, pasando del 59% en 2022 al 35% en 2030.
