OPORTO.- El 10 de marzo del año pasado, una espectacular operación policial atrajo el interés de la prensa nacional e internacional. Bajo el shock del estallido de la guerra de Ucrania, la policía portuguesa arrestó al rabino de Oporto, Daniel Litvak, e hizo una redada en varias propiedades de la comunidad judía debido a una investigación por varios cargos de corrupción, algunos vinculados a la concesión de la nacionalidad portuguesa a Roman Abramovich. El oligarca ruso, famoso por haber sido propietario del club de fútbol londinense del Chelsea, es una de las personas más ricas del mundo y es muy cercano al presidente ruso, Vladimir Putin.
El escándalo tenía todos los ingredientes para hacerse viral: corrupción con cifras millonarias que evidencia los privilegios de la élite capitalista mundial y, además, le sirve a un célebre magnate del círculo de Putin para escapar a las sanciones europeas por la guerra de Ucrania. Sin embargo, quince meses después, la situación es más confusa. La investigación está varada, un tribunal de apelación retiró la mayoría de medidas cautelares contra Litvak, que vive a caballo de Portugal e Israel, y la comunidad judía de Oporto denuncia con contundencia ser víctima de un antisemitismo de raíces profundas.
”No se ha podido probar ninguna ilegalidad. Es un caso flagrante de antisemitismo. Aprovecharon el clima que existía con la guerra de Ucrania para impulsar un cambio de la ley”, sostiene Gabriel Senderowicz, presidente de la comunidad judía de Oporto. Por la “ley” se refiere a la normativa aprobada en 2015 que otorga la nacionalidad portuguesa a todos aquellos que puedan demostrar ser descendientes de los judíos sefardíes expulsados hace más de cinco siglos por la intolerancia católica. Inspirada en la legislación española impulsada por el presidente español Rodríguez Zapatero, tiene como objetivo el resarcimiento moral de las víctimas de la Inquisición.
“Show mediático”
Poco después de estallar el escándalo, se modificó la ley para incluir una ambigua cláusula más: “tener vínculos con Portugal”. Además, el pasado mes de abril, se impuso una limitación al período en el que se puede reclamar la nacionalidad: a finales de este año. Por el momento, cerca de 60.000 peticiones ya han sido aceptadas, y otras 50.000 se encuentran en trámite. “Respetamos que se quieran introducir cambios en la ley, o incluso, eliminarla, pero no así”, recalca Senderowicz. “Se montó todo un show mediático innecesario, que sólo se explica por razones políticas. Si querían interrogar al rabino Litvak, sólo tenía que llamar y citarlo”, añade.
El proceso de verificación de la descendencia sefardí es a menudo complejo porque muchos documentos de la época fueron destruidos. La comunidad judía de Oporto trabaja en colaboración con los rabinos del lugar de residencia de los demandantes. Sus detractores argumentan que el proceso no es riguroso y que en Oporto se ha utilizado como fuente de negocio. “Nosotros cobramos una tasa de 250 euros por petición, y las autoridades no han encontrado ningún rastro de pagos ocultos”, se defiende Senderowicz, tampoco en el caso de Abramovich, de quien no duda su origen sefardí.
De hecho, el proceso de nacionalización del magnate ruso, que culminó en abril de 2021, fue bastante más rápido de lo habitual -nueve semanas, en lugar de la media de dos años-, pero la diferencia fue sobre todo fruto de la celeridad de las autoridades administrativas portuguesas. Por ejemplo, la policía judicial certificó en cuestión de horas que carecía de causas pendientes en el extranjero. Por eso, el Gobierno abrió una investigación interna en el seno de la administración lusa.
Medio año después del arresto del rabino Litvak, la justicia retiró la mayoría de medidas preventivas en su contra, como la prohibición de viajar. Los jueces criticaron la labor de los fiscales y la policía, puesto que la causa no incluía ninguna prueba concreta de actividad criminal, más allá de “generalidades”. Litvak, de nacionalidad argentina pero que reside a caballo entre Portugal e Israel, describe lo sucedido como “increíble”. Además, se muestra agradecido con la reacción de las autoridades argentinas. “La embajada fue insuperable”, declaró a través de un correo electrónico.
Para los investigados, el hecho de que la investigación se iniciara por una denuncia anónima recordaba a los procesos arbitrarios de la Inquisición. “Hemos visto una actitud antisemita por parte de la policía, los políticos y sobre todo los medios de comunicación. Nos han acusado de hacernos millonarios cuando todos los ingresos han ido a financiar las actividades comunitarias”, se queja Senderowicz.
¿Antisemitismo?
Paulo Curado, el periodista que cubrió la noticia por el diario portugués Publico considera “una locura” que se hable de antisemitismo y se compare la situación en Portugal y Alemania nazi.“ La crítica la hemos hecho sólo en la comunidad de Oporto, no en otras, como la de Lisboa. Y muchos judíos nos dan la razón”, se defiende el periodista, que dice haber recibido amenazas.
“En el debate público en Portugal, no se encuentran discursos antisemitas. La polémica gira en torno a la concesión de la nacionalidad portuguesa a personalidades turbias, ya sea a través de sus presuntos orígenes sefardíes o de la visa de oro. El Gobierno se sintió avergonzado por el caso Abramovich”, sostiene el politólogo Filipe Teles. El programa “visa de oro” hace referencia a la ley que otorga la nacionalidad lusa a cambio de inversiones millonarias, una medida aprobada en plena “crisis del euro”, cuando las finanzas portuguesas pasaron a estar tuteladas por la UE.
El escándalo ha sacudido a la comunidad judía de Oporto que, con más de mil miembros, presume de ser la más dinámica de la Península Ibérica. Desde hace una década, la comunidad ha crecido de manera notoria con la llegada de decenas de judíos de todo el mundo, lo que ha permitido abrir un museo sobre la historia de la comunidad hebrea en Oporto, y otro sobre el Holocausto. Curado atribuye este crecimiento al “negocio de la nacionalidad”, que se vehicularía a través de bufetes de abogados vinculados a la comunidad más que los 250 euros de tasas oficiales. Senderowicz está convencido de que la justicia les absolverá, pero sospecha que la investigación se prolongará durante años, y nunca se rehabilitará su imagen pública.
