El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento se quejó ante el Consejo de la Magistratura porque no le pagaron el último sueldo y denunció que esta conducta es un castigo anticipado debido a los dos juicios simultáneos que enfrentará. Se tratan de un juicio penal que empezarpa en Mendoza el 26 de julio, donde está acusado de graves delitos, incluido recibir sobornos para proteger a acusados a los que debía investigar, y otro juicio político por mal desempeño de sus funciones que se iniciará en Buenos Aires entre la última semana de septiembre y las primeras de octubre.
Si el juicio político culmina con la destitución de Bento como juez, el magistrado irá preso ya que sus fueros hasta ahora lo protegen de una prisión preventiva dictada en su contra. La ley señala que una vez que el Consejo de la Magistratura aprobó el inicio de un jury, el jurado de enjuiciamiento debe empezar y terminar ese proceso en un plazo máximo de 180 días, que vencen el 27 de diciembre.
Bento se presentó ante el Consejo de la Magistratura con un escrito de siete páginas, en el que señaló que el descuento de su sueldo y la falta de pago de su aguinaldo es “ilegal”, “arbitrario” y que buscar atacar su dignidad.
Por eso es que reclamó que se le restituyan sus ingresos, ya que señaló que el hecho de que no le pagaran su salario -dijo- no surge de la decisión que tomó el Consejo de la Magistratura al suspenderlo.
Para enfrentar los dos juicios que se avecinan el juez Bento estrena abogado. Hasta ahora lo venía defendiendo Mariano Cúneo Libarona, conocido por sus audaces jugadas en los tribunales, sus recursos heterodoxos y su capacidad para la sorpresa. Pero los dos juicios simultáneos en Mendoza y Buenos Aires, complican su agenda laboral y académica en la Universidad del Museo Social, donde está a cargo como decano de la Facultad de Derecho.
Pero lo reemplazará ahora el abogado Mariano Fragueiro Frías, experimentado penalista que viene de tradición judicial, especializado en juicio orales, y que viene de obtener la absolución del exfuncionario René Garro, en el juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, y la absolución del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el juicio por la firma del Memorandum con Irán.
Fragueiro Frías intervino en los juicios orales mas grandes de los últimos años, incluido el proceso por la tragedia de Once. Allí defendió a todos los absueltos. Otra absolución que anota en su trayectoria es la del empresario Carlos Ganni, quien enfrentó el juicio oral con el exsecretario de Obras Públicas José López acusado de ser su testaferro. El perfil del abogado es técnico y tiene como clientes tanto exfuncionarios o funcionarios del gobierno, como otros mas cercanos al macrismo, como Nicolás Caputo, amigo suyo y muy cercano a Mauricio Macri.
El juez Bento se presentó ante el Jury con un escrito de 117 carillas en el que rechaza las acusaciones, pide que se lo reponga en su cargo, y requiere infinidad de medidas de prueba. Entre ellas la declaración de 54 testigos, incluidos el juez y el fiscal mendocinos que lo investigaron, y de tres “arrepentidos” que declararon ante la justicia federal en su contra.
El magistrado señaló en este escrito que se lo está juzgado dos veces por el mismo delito, señala que debería suspenderse su juicio político a las resultas de su juicio penal y menciona una serie de denuncias contra los funcionarios judiciales mendocinos que lo procesaron.
El juicio político contra Bento estará a cargo de un jurado de enjuiciamiento integrado por dos senadores, dos diputados, dos jueces y un abogado de la matrícula. Es cuerpo que está previamente seleccionado pero no tiene un funcionamiento estable, sino que se reúne ante cada caso.
Los integrantes son el senador del Frente de Todos Daniel Bensusán,, el presidente que es el juez Javier Esteban de la Fuente, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27; el vicepresidente es Javier Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia, que asumió en el lugar del juez mendocino Alejandor Piña que se excusó, el senador José Torello, de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut del bloque de Juntos por el Cambio, la diputada Anahí Costa, del Frente de Todos, y el abogado Alfredo Barrau, de Tucumán.
Se notificó a Bento del juicio, de la integración del tribunal, que quedó ratificado, sin que se presenten recusaciones. Y el jury también notificó al juez que ofrezca prueba, es decir que proponga testigos y las medidas que entienda que ayudan a su defensa. Esas son las 117 carillas en las que el magistrado expresó sus reclamos,
Ahora el tribunal deberá decidir que prueba admite y cuál no y fijar una fecha para el inicio del juicio político, que se especula será a fin de septiembre o a comienzos de octubre, dijeron fuentes judiciales a LA NACION
Aún se está definiendo el cronograma de audiencias, aunque un primer cálculo señala que deberían iniciarse entre a última semana de septiembre y las primeras de octubre para llegar a terminar en el plazo de 180 días. La acusación estará a cargo de los consejeros de la magistratura Miguel Piedecasas (abogado, radical), Roxana Reyes (diputada Juntos) por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador Juntos por el cambio). Bento aún no definió quien realizará su defensa.
El procedimiento es el de los juicios penales orales, con la presentación del caso, la indagatoria, la exhibición de la prueba, incluidos los testigos, el alegato y el veredicto. No se sabe aun qué cantidad de testigos se presentarán, pero se descuenta que decenas y que coincidirán algunos con la causa penal.
En paralelo el 26 de julio, tras la feria judicial de invierno, empezará el juicio penal en Mendoza a cargo de los jueces federales de San Luis, Gretel Diamante. y las juezas Carolina Pereira, también puntana, y su par sanjuanina Eliana Rattá.
Está previsto que el juicio, que será muy extenso debido a la cantidad de imputados y pruebas. Las audiencias se realizarán los miércoles, jueves y viernes, semana por medio, en jornadas de 8 horas por día. En paralelo en Buenos Aires, tendrá lugar el juicio político en el segundo semestre.
Junto con Bento, unas 30 personas deberán responder ante el tribunal, entre las que se encuentran contrabandistas, abogados, policías y familiares del magistrado. Tras la investigación realizada por el fiscal general Dante Vega, con el del juez federal Eduardo Puigdéngolas, Bento tiene fuertes cargos en su contra: se lo acusa, principalmente, en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. De hecho, todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El resonante caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas que se convirtió en informante policial e intermediario que cobraba el dinero, supuestamente en nombre del magistrado, con el objetivo de favorecer a quienes estaban bajo causas en el juzgado a cargo de Bento. Las llamadas y mensajes que había intercambiado Aliaga con el juez, a quien tenía agendado como “primo”, fueron determinantes para avanzar en la causa.
