SANTIAGO.- Lo dijo Giorgio Jackson, brazo derecho del presidente Gabriel Boric, y actual ministro de Gobierno, en una frase que terminó siendo un búmeran y que hoy se utiliza en Chile como el símbolo de un recambio político que no cumplió con lo que vociferó: “Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió”.
La reflexión que en 2022 enarboló uno de los históricos líderes del bloque de izquierda Frente Amplio, quedó nuevamente expuesta a partir del escándalo de corrupción más resonante que ha debido enfrentar el actual gobierno. Una investigación de la Fiscalía en torno al millonario traspaso de dineros del Estado a una fundación vinculada con el partido Revolución Democrática, ya provocó la destitución de una subsecretaria, la suspensión de una diputada de su vicepresidencia de la Cámara Baja, y un daño político a la credibilidad de todo el bloque político oficialista.
La trama se develó hace un par de días cuando el diario online local Timeline, de la Región de Antofagasta, informó que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda le había entregado más de 500 mil dólares -vía trato directo- a la fundación Democracia Viva. La operación la lideró Carlos Contreras, representante del ente de gobierno y militante de Revolución Democrática, el principal partido del Frente Amplio, y tuvo como contraparte a Daniel Andrade, representante legal de la fundación, también miembro de la colectividad, y pareja de la diputada Catalina Pérez, del mismo partido.
La revelación provocó que la Fiscalía Regional de Antofagasta abriera de oficio una investigación respecto a los convenios de transferencia de aquellos recursos, que tenían como objetivo la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad y que los últimos días han sido cuestionados por su escaso avance. ¿Los presuntos delitos de la fundación Democracia Viva? Malversación de fondos públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.
En tanto, la directiva del partido Revolución Democrática presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo de la colectividad para que los involucrados directos -es decir, el exseremi Contreras y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade-, reportaran todos los antecedentes del caso para esclarecer la situación.
Justamente, el líder de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre, se convirtió en uno de los principales apuntados por su manejo político del caso. En un inicio indicó que el caso era un “error político” y realizó un audaz emplazamiento: “Revisen todo, no tenemos nada que esconder”. Sin embargo con el correr de los días, su apoyo a la suspendida vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, se atenuó.
“Es muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, es su círculo cercano, etc. Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio”, señaló Latorre. Además, y en los albores del caso, responsabilizó al propio ministro de Vivienda, el histórico socialista Carlos Montes. Y aunque luego le bajó el tono a su emplazamiento, no evitó el quiebre entre dos partidos claves de la coalición de gobierno.
Consecuencias
Los nuevos antecedentes que han ido surgiendo, y que también han expuesto dudas a la relación de otras fundaciones y su financiamiento por parte del aparato estatal, provocaron un daño considerable al bloque de gobierno. Desde la popularidad del presidente Gabriel Boric que, según la encuesta Cadem, bajó por tercera semana consecutiva y hoy alcanza un 28%, hasta en sus expectativas de sumar apoyos para darle curso a una reforma tributario.
“Es un caso de aparente corrupción y es muy probable que la investigación que sigue la Fiscalía confirme aquello. Adicionalmente, han aparecido nuevos casos en otras regiones bajo la misma fórmula. Es decir, fundaciones que reciben cantidades enormes de recursos por parte de organismo estatales para actividades cuyos montos están muy por debajo del financiamiento entregado. Por último, son fundaciones -muchas de ellas- sin la experiencia ni las credenciales como para justificar el acceso a ese volumen de dinero”, dijo a LA NACION, Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca.
“Este caso de corrupción, además, convive con una crisis económica, lo que dificulta y hace prácticamente imposible que el gobierno pueda cosechar apoyos en el Congreso para una reforma tributaria. Esa reforma supone recaudar más recursos para el Estado vía impuestos a las personas, pero dada la explosión de este acto de corrupción, la oposición le dice al gobierno que, en realidad, no se requiere de más recursos, sino que de administrar correctamente y de manera eficiente los recursos que ya existen”, añadió Morales.
Por lo mismo, desde La Moneda hicieron un llamado para dejar de relacionar el escándalo de la fundación Democracia Viva con la reforma tributaria. “Me parece que es absurdo vincular una cosa con la otra. Si el día de mañana hay un escándalo con un profesor, de cualquier naturaleza, ¿significa que vamos a ir a cerrar los colegios?”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, frente a la norma que el gobierno enviará al Senado dentro de un mes.
Para Raúl Burgos, director ejecutivo del Observatorio Historia y Política de la Universidad Católica de Valparaíso, el caso también golpea fuertemente al gobierno, hoy encabezado por una nueva elite política que surgió, precisamente, al alero de la crítica contra actos de corrupción. “Pone en entredicho parte de la identidad propia del Frente Amplio en lo referido a su idea de elevar el estándar moral a la actividad política nacional y que ellos estén involucrados en una situación de este tipo, particularmente Revolución Democrática, cuestiona esa posición que les permitió llegar al gobierno”.
