CÓRDOBA.- La negativa del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de enviar gendarmes a Jujuy retrotrae lo sucedido a comienzos de diciembre de 2013 en Córdoba, cuando en medio de un levantamiento policial que derivó en saqueos y robos, la Nación tomó una postura similar a la que adoptó ahora con el radical Gerardo Morales.
El entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que no se enviarían fuerzas federales para reestablecer el orden. José Manuel de la Sota, a cargo de la provincia, había reclamado la presencia de la Gendarmería, pero Sergio Berni, secretario de Seguridad, primero, y después Capitanich, se negaron.
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Cuando la situación cordobesa estaba descontrolada, Berni afirmó en un programa de TV que “no somos un delivery de gendarmes”. Horas después, en aeroparque a punto de viajar a Paraguay para interiorizarse sobre cuestiones relativas al dengue, Capitanich dijo: “De acuerdo a la Constitución, existe autonomía de las provincias para el desenvolvimiento de la seguridad pública. Es una cuestión salarial y compete en forma exclusiva y excluyente a la provincia”. Sí, planteó que “monitorearían” la evolución de los hechos. Siempre a la distancia, como sucede ahora con el gobierno de Alberto Fernández y el caso de Jujuy.
De la Sota había enviado una carta a las autoridades nacionales en la que informó de varios llamados de sus funcionarios a Capitanich y Berni y hasta publicó sus números telefónicos. “Reitero el pedido de auxilio de la Gendarmería Nacional para resguardar el orden público afectado en la ciudad de Córdoba”, decía el texto.
En medio del auto acuartelamiento policial, la ciudad de Córdoba vivió horas de terror: el saldo fue un muerto, 200 heridos y unos 2000 comercios destruidos. La protesta comenzó el 3 de diciembre cuando De la Sota estaba de viaje y debió regresar de forma precipitada. La vicegobernadora, Alicia Pregno, estaba a cargo del poder en aquel momento.
La Gendarmería terminó llegando a Córdoba cuando todo había terminado. Esa actitud de la Nación selló para siempre que los cordobeses le den la espalda al kirchnerismo en las urnas. El 10 de diciembre, cuando esta ciudad trataba de recuperarse de la tragedia, la entonces presidenta Cristina Kirchner bailó ante una multitud en la Plaza de Mayo en el festejo por los 30 años de democracia.
En 2018 en un juicio oral y público se condenó a 52 de los policías que se habían amotinado; las condenas fueron de cumplimiento en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante el juicio, el exjefe de Gabinete de la provincia de Córdoba Oscar González (ahora imputado por un choque en Traslasierra que dejó un muerto y dos heridos graves), declaró como testigo, y afirmó que “ningún funcionario nacional atendió el teléfono cuando solicitaron apoyo durante el conflicto…y…que era obvio que había una decisión de no colaborar por parte del Gobierno Nacional…”.
Por esa declaración, en mayo de 2019, Graciela López de Filoñuk, que por entonces era fiscal federal de Córdoba, promovió la acción penal de oficio contra Capitanich y Berni para determinar si habían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fueron sobreseídos.
