CÓRDOBA.- La inflación distorsiona diferentes variables y corroe el poder adquisitivo. Por eso mismo, se habla de “impuesto inflacionario”. Es una carga tributaria no legislada que se origina en la suba de la demanda nominal de dinero para compensar la pérdida de la capacidad de compra.
Un estudio privado indica que su impacto en la base monetaria fue del 3,4% del PIB en 2022, aproximadamente lo mismo que las retenciones y los aranceles sobre importaciones (3,2%), unos $2,7 billones. Este año se repetiría ese número.
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Los datos se desprenden de un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Otro dato que grafica el peso de este “impuesto” es que es semejante a las recaudaciones propias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, los cinco distritos más grandes del país.
Ariel Barraud, director del Instituto, en diálogo con LA NACION, agrega otro cálculo: “Si se calcula per cápita para los 46 millones de argentinos, el año pasado el ‘impuesto inflacionario’ implicó $60.000 por persona, es decir, $5.000 por mes. Este año serán $10.000 mensuales”.
Insiste en que suponiendo una tasa de inflación anual del 100%, el poder de compra en productos que tenía un billete de $1000 al inicio del año, se reduce a la mitad al final. Para el consumidor, sería como tener $500; perdió la mitad en 12 meses.
En la Argentina hoy hay impresos $5,5 billones (la “base monetaria”, que representa alrededor de un 3,5% del PIB) con lo que -siguiendo el mismo ejemplo de una inflación anual del 100%- esos billetes circulantes transcurrido un año, comprarán la mitad. “Si los individuos ajustaran su tenencia de dinero -es decir, si la demanda de dinero no cambiara- para comprar lo mismo debería haber el doble, $11 billones”, apunta Barraud.
Para que el fenómeno quede claro, el reporte describe que la principal fuente de financiamiento del Estado son los impuestos cobrados por los distintos niveles de gobierno, pero, cuando no resultan suficientes para cubrir el gasto, se recurre al endeudamiento. El Gobierno nacional dispone del monopolio de emitir moneda a través de la autoridad monetaria, el Banco Central.
Cuando el Central emite para financiar al Tesoro, es el ingreso real que obtiene el Gobierno por la expansión monetaria. Cuando la emisión es “excesiva” genera inflación y hace que el dinero no invertido en poder del público y de los bancos pierda capacidad de compra.
Es esa pérdida del valor real la que se asimila a un impuesto, ya que tiene elementos en común: hay una base imponible (base monetaria) y una alícuota impositiva (la tasa de variación de los precios). De aquí surge el término “impuesto inflacionario”. Se genera básicamente cuando la emisión para financiar al fisco no está respaldada por el crecimiento de la economía que aumenta la demanda real de dinero. En síntesis, la emisión resulta “espuria y genera inflación”.
Barraud plantea que el mecanismo es similar al utilizado por los “monarcas y señores feudales de la Edad Media, cuando limaban las monedas de oro y plata y con el metal resultante financiaban sus gastos. En la actualidad, el Gobierno usa la emisión para financiar diversas políticas y parte de su déficit, ya que, dado el contexto de alta informalidad y desconfianza creciente, no puede solventar con la recaudación tributaria o deuda”.
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La inflación acumulada entre enero de 2020 y mayo último fue del 455%; en el mismo período, hubo un crecimiento del 219% de la Base Monetaria. Tanto el Índice de Precios al Consumidor, como la base monetaria registraron una tendencia alcista, por lo que la “evolución del impuesto inflacionario” también exhibe una inclinación creciente.
Considerando la pérdida del poder de compra de la base monetaria, el “impuesto inflacionario” representó, en 2020, un 2,5% del PIB y, al final de 2022, de 3,5%, valor que se mantiene en lo que va del año.
