Acorralado por el interés de Cristina Kirchner por nombrar jueces en cargos clave antes de abandonar el poder y por la consecuente negativa de la oposición a concederle ese triunfo a un gobierno que consideran en retirada, el jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans (Formosa), rema contra la corriente para tratar de armar una sesión en la última semana de junio.
El principal objetivo del Frente de Todos es un paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo que despiertan el interés de la vicepresidenta y que todavía no pueden ser discutidos en la Comisión de Acuerdos porque la Cámara alta no celebró ninguna sesión desde que los nombramientos ingresaron al Senado y, por lo tanto, no han podido tomar estado parlamentario.
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Pero eso no es todo. Hace casi tres semanas atrás, el oficialismo tiene en gateras el dictamen de la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación Penal por quien el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado para prolongarle por cinco años su magistratura una vez que, en agosto, cumpla 75 años y deba jubilarse.
Con los plazos procesales vencidos, aunque Figueroa lo negó en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, la jueza tiene que votar si confirma el fallo de primera instancia que decretó el cierre de la causa Hotesur-Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia, o si habilita el pase del proceso a juicio oral.
“De ninguna manera vamos a permitir que se apruebe el pliego de Figueroa, es una decisión que tomó el bloque”, confirmó a LA NACION el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), la negativa que le dio a Mayans hace más de dos semanas, cuando el jefe de la bancada oficialista le planteó la necesidad de realizar una sesión durante el mes de junio para tratar los pliegos judiciales que tuvieran consenso.
Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que el kirchnerismo habría perdido interés en darle su voto a Figueroa para que siga cinco años más como camarista.
Suena lógico. El verdadero objetivo del kirchnerismo es convocar una sesión para que ingresen los pliegos que realmente le interesan. Este obstáculo es lo que impide que la Comisión de Acuerdos pueda llamar a las audiencias públicas, paso previo a la firma del dictamen.
Pero el panorama se complicó para el oficialismo a fines de febrero último, cuando cuatro senadores abandonaron la bancada del Frente de Todos. Ante este escenario, Juntos por el Cambio aprovecha la debilidad de sus rivales y bloquea cualquier posibilidad de que el oficialismo pueda abrir el recinto.
Pliegos en la mira
La lista de pliegos que interesa a Cristina Kirchner es breve, pero los nombres y cargos para los que están propuestos tienen la suficiente potencia para resaltar ante la mirada de Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos y perro cancerbero de Juntos por el Cambio en materia de acuerdos judiciales.
Uno de los que más rebelan a la oposición es el de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior de estrechos vínculos con el titular de la cartera política, Eduardo De Pedro. La funcionaria, está propuesta para una poltrona en la sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en la Capital. Para el mismo tribunal está propuesto Humberto Guardia Mendonca, otro candidato de fuertes vínculos, aunque subterráneos, con el kirchnerismo judicial.
La sala de Defensa de la Competencia tiene un rol estratégico en la definición de posiciones dominantes o monopólicas, fusiones y adquisiciones de empresas, por lo que sus fallos tienen fuerte incidencia en materia de intervención en los mercados. Por eso, hay una fuerte presión del sector empresario para impedir que estos pliegos avancen.
Otro apuntado por la oposición es Juan Rafael Stinco, postulado para el jugado federal 7 en lo Contencioso Administrativo, otro fuero con peso político ya que decide en los casos que involucran al Estado.
En Juntos por el Cambio no se olvidan que Stinco fue asesor de Axel Kicillof cuando el ahora gobernador fue ministro de Economía y ocupaba un lugar en el directorio de YPF. También fue funcionario de los gobiernos kirchneristas en la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
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Eso no es todo. Stinco fue impugnado por un grupo de postulantes a juezas en el fuero civil por considerar que su nominación viola la Constitución, entre otras razones, porque hace menos de dos años obtuvo el acuerdo del Senado como juez civil y comercial.
Otro caso de interés del kirchnerismo es el de Tomás Rodríguez Ponte, postulado para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza. El candidato estuvo al frente de la Dirección de Escuchas judiciales cuando, en la presidencia de Mauricio Macri, se filtraron los audios de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, y siempre negó haber tenido vinculación con el incidente. Parece que la vicepresidenta, ahora, cree en su inocencia.
Con Juntos por el Cambio decidido a no dar quorum, la única posibilidad de abrir el recinto que le queda a Mayans es convencer a los peronistas de Unidad Federal. Se trata del grupo de senadores integrado por cuatro exmiembros del Frente de Todos y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.
La tarea no parece fácil, sobre todo porque dos de ellos, el presidente de la bancada, Guillermo Snopek (Jujuy), y Edgardo Kueider (Entre Ríos), se muestran resbaladizos a la hora de cumplir sus compromisos. “Te dicen una cosa y después hacen otra”, se quejó un oficialista al tanto del operativo de seducción de sus excompañeros de bloque.
A pesar de estar en un año electoral, lo que ayuda a que el Senado se encuentre paralizado, el tiempo juega a favor del oficialismo. Algunos memoriosos de las lides parlamentarias todavía recuerdan que Cristina Kirchner forzó la máquina hasta el último día de su segundo mandato, cuando obligó al bloque del Frente para la Victoria, que por entonces presidía Miguel Pichetto, a tratar de sancionar una ley, antes que asumiera Mauricio Macri, que le transfería a Santa Cruz $5000 millones de fondos nacionales para recrear la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). No tuvo éxito: aquella sesión, convocada el 9 de diciembre de 2015, fracasó por el rechazo de la oposición, pero también por la negativa de varios senadores oficialistas que consideraban un despropósito la medida.
