RESISTENCIA.- Los reclamos de justicia de la familia de Cecilia Strzyzowski y la multitudinaria marcha de las antorchas que se realizó el miércoles pasado en la capital chaqueña generaron un efecto que pocos esperaban en Resistencia. Familiares de víctimas de otros casos que –según ellos están impunes como el de Cecilia- salieron a las calles a reclamar justicia y a lanzar fuertes críticas al gobierno y a la justicia provincial.
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La escasa celeridad de la justicia chaqueña, donde rige un sistema acusatorio mixto y juicio por jurados –que en teoría debería ser ágil- confluye en el reclamo con la desconfianza y la certeza de que si no hay presión social la impunidad podría cubrir todo. Es lo que planteó la abogada Karina Gómez, querellante y tía de Cecilia Strzyzowski, la joven de 29 años desaparecida desde el 1º de junio pasado, cuando se enteró de que se había excusado el juez de garantías de la causa.
El argumento de Gómez se sustenta en que, según advirtió a LA NACION, el juez de Garantías Juan Carlos Codina se excusó de seguir interviniendo en el caso en el que se investiga el presunto femicidio de Strzyzowski, cuyo rastro se desconoce desde hace 15 días. Codina dejó el caso basado en la norma que le impide intervenir como magistrado a quien tiene “amistad o enemistad” con una defensora oficial de uno de los acusados, con quien tuvo un “inconveniente” que fue zanjado por la Corte Suprema de Chaco, según informaron desde la Procuración chaqueña.
En lugar de Codina asumió el juez Héctor Horacio Sandoval. Esas estrategias de dilación que ven los familiares de Cecilia se traslada a otros casos. “Se rompió el cerco que impuso el gobierno de Jorge Capitanich”, aseguró Mónica Corgniali frente a la sede de la Fiscalía de esta capital provincial, donde se investiga la desaparición de Cecilia desde hace 15 días, causa en la que están detenidos César Sena, pareja de la joven de 29 años, sus padres Emenerciano Sena y Marcela Acuña y otras cuatro personas ligadas a la organización piquetera.
Corgniali es la madre de Fernando Francovich, un camionero que fue asesinado el 21 de marzo pasado en Concepción del Bermejo, Chaco. El joven de 29 años, oriundo de Villa Ocampo, fue asesinado por presuntos piratas del asfalto que le robaron la recaudación. Fernando manejaba el camión de su padre, había descargado soja y cuando volvía con la recaudación lo atacaron piratas del asfalto, quienes le dispararon al menos tres tiros. El muchacho murió cuando llegó al hospital, ya que alcanzó a pedir auxilio en una estación de servicio. Lo estremecedor es también que, mientras se desangraba, los delincuentes subieron al camión para robar el dinero. “Vinimos a participar de la marcha para reclamar justicia por Cecilia porque sabemos en carne propia lo que es la impunidad en esta provincia”, afirmó la mamá de Francovich, que agregó: “No soy chaqueña, pero si le pido a la gente del Chaco que el domingo vaya a votar conscientemente. No podemos permitir que esta gente siga en el poder, que nos sigan matando a nuestros hijos, no podemos permitir que sigan familias destrozadas, toda consecuencia de un poder político mafioso e impune”.
La familia reclamó que la investigación de la justicia chaqueña fue un “verdadero desastre”. Después de varias manifestaciones y cortes de ruta, el fiscal Gustavo Valero dictó la prisión preventiva en abril pasado contra Celestino “Tino” Cárdenas, Mario Ariel Monzón y Oscar Alfredo “Poro” Cárdenas, detenidos por ser sospechados de haber participado en el crimen del muchacho de Villa Ocampo. El caso aún tiene a tres asesinos prófugos, como son Mario Andrés Jiménez, apodado ‘Chony’, Carlos Alberto Banegas, alias ‘Chuchina’, y Walter Javier Díaz, conocido como ‘Javi’, todos con domicilios en Avia Terai, Chaco.
Los familiares de Fernando Francovich participaron el miércoles de la marcha de la antorchas, para reclamar el esclarecimiento del femicidio de Cecilia. Y este viernes se manifestaron frente a la fiscalía de Resistencia, donde Corgniali, la madre del transportista asesinado el 21 de marzo pasado, se quejó de la “justicia lenta” y “cómplice” de Chaco. “Sabemos que hay policías involucrados, que son corruptos. Por eso toda la causa está muy quieta, muy lenta y no hay novedades”, dijo.
“Somos de Villa Ocampo Santa Fe, a 160 km de acá. Lamentablemente parece que uno tiene que hacer ruido, tiene que reclamar, tiene que gritar para que las personas que tienen que actuar lo hagan porque si uno queda tranquilo llorando en el rincón de la casa con el dolor que tenemos, porque no porque estamos acá no estamos destrozados”, afirmó la mujer que portaba un cartel con el rostro de su hijo.
Al lado de los familiares y amigos de Francovich estaban los padres de Jessica Vasconcelo, una joven que fue atropellada por un joven en 2016. Núñez Barúa, quien arrolló a Jessica, fue condenado en un segundo juicio a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo en noviembre de 2021. El nuevo proceso tuvo lugar luego de que incumpliera las medidas dispuestas en el primer juicio, en el que recibió una pena de prisión en suspenso, entre las que figuraba la prohibición de manejar.
Barúa recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Y la jueza de Ejecución Penal Ligia Duca revocó ese tipo de cumplimiento de la pena y dispuso que Barúa fuera detenido en la cárcel de Fontana, pero lo que llamó la atención fue el horario. El condenado puede salir de la prisión diariamente de de 8 a 17. “A nosotros nos matan con este proceder de la justicia, es un chiste para la sociedad. La justicia trabaja para los asesinos, delincuentes y chorros del estado. Para ellos si hay justicia, para nosotros, las víctimas, no hay”, señaló Francisco Vasconcelo, padre de la víctima.
Este hombre, que también portaba un cartel de su hija, contó a LA NACION que “el abogado del asesino Jessica es Pablo Pereyra, funcionario de Capitanich, a quien pusieron en el caso para lograr la impunidad”.
