A horas de que se aplique un nuevo aumento de precios de los combustibles, las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Economía siguen sin definición. Mientras que cerca del ministro Sergio Massa dicen que se rechazó el pedido de aumento de 7% de las petroleras y se definió un 4,5%, en el sector privado responden que “no se trata de un capricho”, sino que es necesario una suba mayor debido al atraso de los precios en los últimos meses con respecto a la inflación.
La última palabra la tendrá YPF, que es la líder del mercado, responsable del 55% de los despachos de nafta y gasoil. En un sector que es súper competitivo, en general las otras empresas refineras –Raízen (a cargo de las estaciones de servicio Shell), Axion y Trafigura (Puma Energy)– esperan para actualizar sus precios al anuncio de YPF, la petrolera con control estatal. De esta forma, todos los gobiernos inciden en los precios, en un mercado que en la teoría no está regulado, como sucede con las tarifas de gas y luz.
“No veo que Massa pueda rechazar una suba mayor. El 6% no alcanza, necesitamos un 8% de aumento. Veremos qué hace la líder [por YPF]. Se necesita en serio una actualización mayor, no es un capricho, y todos los saben”, dijeron en una de las empresas refinadoras, en reserva.
Desde diciembre pasado, las estaciones de servicio aumentaron en promedio cada mes 4% los valores de sus precios, por debajo de la inflación mensual, debido el acuerdo de Precios Justos al que llegaron con las Secretarías de Energía y de Comercio. Esto generó que, en los últimos seis meses, mientras que los precios de los combustibles subieron, en promedio, 30%, la inflación acumulada fue 50%.
El atraso en los precios generó que se aumentara la brecha con el resto de los países de la región. Por caso, mientras que el valor promedio del litro de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires cuesta US$0,78 al tipo de cambio oficial ($244), en Paraguay vale US$1,02; en Brasil, US$1,06; en Chile, US$1,58, y en Uruguay, US$1,80, según un informe del sector.
Las empresas argumentan que el Palacio de Hacienda no cumplió con ninguna de las promesas que hizo para convencer a la industria de mantener el tope de aumento en 4%, pese a que la inflación mensual fue de 8% promedio en los primeros cinco meses. En primer lugar, el Ministerio de Economía dijo que, si mantenían el acuerdo, las empresas iban a tener prioridad para acceder a divisas al dólar oficial para pagar las importaciones. Sin embargo, sucedió todo lo contrario: el equipo económico le anunció a las empresas que deberán financiar sus importaciones con dólares propios durante 90 días.
“El costo de conseguir financiamiento a 90 días es una tasa en dólares de entre 10% y 13%. En la teoría, esto se debería poder pasar al precio final del consumidor, pero, en la práctica, ni siquiera podemos trasladar la devaluación mensual, porque no se puede aumentar más de 4% mensual. El Gobierno quiere todo”, habían opinado en una de las empresas afectadas cuando se dispuso la medida el pasado 25 de mayo.
La segunda promesa era que se iba a bajar el impuesto a los Combustibles, para reducir la presión fiscal sobre el precio final. “Massa se comprometió a tomar una decisión de reducir el impuesto a los Combustibles a cambio de que genere una mejora del precio relativo para las compañías, pero eso tampoco se cumplió porque el Ministerio de Economía dice que tiene que pasar por el Congreso, pero desde hace tiempo no sesiona”, explicaron desde otra de las empresas.
La tercera promesa era reducir la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, un componente clave para las empresas, ya que gran parte de sus costos están fijados en dólares, como la compra del barril de petróleo. Sin embargo, el Banco Central hizo todo lo contrario y aceleró la tasa arriba del 7% mensual, para no perderle pisada a la inflación.
