Una investigación realizada por el centro de estudios Fundar estimó que el régimen de exenciones impositivas de Tierra del Fuego tiene en la actualidad un costo fiscal de U$S1070 millones anuales, equivalentes al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), por lo cual proponen reformularlo de acuerdo con un plan de diversificación productiva a desarrollarse en el período 2024-2035.
El trabajo fue dirigido por Tomás Bril Mascarenhas, director de Política Productiva de Fundar, y Juan Carlos Hallak, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet. Afirma que, en caso de concretarse la iniciativa, redundaría en un ahorro para el Estado nacional de U$S5900 millones durante el lapso de 11 años y de U$S900 millones anuales a partir de entonces. Sin embargo, la propuesta recibió la crítica del sector electrónico fueguino, que asegura que el cambio en la estructura productiva de la provincia “ya está en funcionamiento”, en el marco de la prórroga que el sistema de promoción económica obtuvo hasta el año 2038.
Los especialistas sostienen que el objetivo geopolítico de la Ley 19.640 –la normativa que estableció el sistema en 1972– de impulsar el crecimiento de la población “fue cumplido con creces”, ya que la isla pasó de 13.000 habitantes a 190.000 en 2022. “El subrégimen fomentó la radicación de nuevos establecimientos productivos y la expansión del empleo privado. Sin embargo, en la actualidad no plantea un esquema de salida en el que se desarrolle un conjunto de actividades que sean económicamente sustentables para la provincia”, sostuvieron.
La investigación incluye un diagnóstico y una propuesta de reformulación del sistema, que tiene como eje central “dejar de premiar a la facturación de las empresas para pasar a alentar el agregado de valor local y las exportaciones”, en alusión a la serie de beneficios fiscales y aduaneros establecidos para la industria, como la exención del pago a los derechos de importación, el crédito fiscal por el IVA de las ventas realizadas y la menor tasa de impuestos internos para los productos electrónicos, entre otros incentivos.
El trabajo confirma que las industrias que promueven el régimen emplean a unas 11.000 personas, equivalentes al 30% del total de los asalariados registrados del sector privado fueguino, y que el sector electrónico es el mayor empleador, generando unos 8500 puestos de trabajo que consisten en el montaje de circuitos impresos, el ensamblado y la prueba final especialmente de celulares, pero también de televisores y acondicionadores de aire. A partir de este diagnóstico, propone la ampliación de la matriz productiva hacia nuevos sectores como el turismo, la economía del conocimiento, la energía y la petroquímica, entre otros.
Proyecto a largo plazo
La propuesta de revisión del esquema de incentivos fiscales establece un cronograma de implementación gradual entre 2024 y 2035, en el que se estipula la remoción inmediata de toda restricción no arancelaria y la eliminación de la brecha de impuestos internos entre los productos electrónicos nacionales e importados. Establece una alícuota común del 6,55%, exceptuando a los teléfonos celulares, para los cuales se reduciría gradualmente a 0%.
Luego, entre el segundo y el sexto año la importación de insumos pasaría gradualmente a pagar IVA, mientras que entre el séptimo y el undécimo año pagaría los aranceles correspondientes. De esta manera, según el proyecto, el valor agregado en la Argentina continuaría sin pagar IVA y se beneficiaría también de la protección efectiva que otorga el escalonamiento arancelario.
De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, cuya propuesta consideran que debería pasar por el Congreso de la Nación, para 2035 habría cesado por completo la producción de teléfonos celulares en Tierra del Fuego, mientras que se mantendría el 61% de la producción actual de televisores y el 28% de la de acondicionadores de aire.
En cuanto al empleo, consideran que se perderían 7254 puestos de trabajo durante los 11 años de implementación. Sin embargo, se compensarían con un programa de protección social y reconversión laboral, relacionado con la nueva matriz productiva, que tendría un costo estatal de entre U$S300 y U$S500 millones durante la década a implementarse.
“La reformulación generaría un significativo ahorro fiscal, tanto por la sustitución gradual de producción nacional (que no paga impuestos) por importaciones (que sí lo hacen), como por los impuestos a los insumos importados que comenzaría a pagar la actividad de la isla”, afirmaron desde Fundar. Por esa sumatoria, “el ahorro fiscal acumulado sumaría en los 11 años U$S5864 millones, más U$S881 millones cada año a partir de 2034 (un 82,4% del costo fiscal actual del subrégimen)”.
La visión de los electrónicos
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la entidad que nuclea a las principales empresas fabricantes de bienes electrónicos de consumo, se mostraron críticos al proyecto de Fundar. “El documento plantea la necesidad de revisar el subrégimen para llevar adelante un cambio en la estructura productiva de la provincia y eso es algo que ya existe”, aseguraron en diálogo con LA NACION. Y explicaron que “es precisamente lo que quedó plasmado en la última prórroga del subrégimen industrial que se realizó en 2021 y que dispuso la creación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina”.
“Se trata de un fondo al que las empresas ya están aportando un porcentaje de su facturación y que es administrado por el Estado”, aseguraron en Afarte. Dicho aporte, que calculan en un total de US$100 millones anuales, “tiene dos objetivos: financiar la mejora de la competitividad de la industria actual (a través de infraestructura, logística, conectividad, etc.) y, por otro lado, el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos destinados a ampliar la matriz de Tierra del Fuego a sectores como la economía del conocimiento, el turismo, la energía y otras”.
Consultados acerca del costo fiscal del subrégimen considerado por Fundar, en Afarte dijeron: “Esa estimación del costo es contrafáctica. No es un desembolso del Estado, es un ingreso no percibido. Si el régimen no existiera, no se percibiría ese supuesto monto, con el impacto adicional en el empleo y la actividad económica asociada”.
