Sin cambio de sello, y en confluencia con el GEN de Margarita Stolbizer y Avanza Libertad de José Luis Espert, pero sin incluir al peronismo cordobés de Juan Schiaretti, los socios de Juntos por el Cambio sellaron ayer su alianza ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), bajo el expediente 5355/2023. Asimismo, dieron a conocer la plataforma electoral de cara a las elecciones 2023, donde enfatizaron que será necesario reconstruir el país y se mostraron como una fuerza “histórica y moderna”, opositora al kirchnerismo y “custodia de la clase media trabajadora”.
Las propuestas en caso de llegar al Gobierno fueron desglosadas en nueve apartados bajo el título La Argentina que queremos ser: bajar la inflación y crecer, una “Argentina creíble en el mundo”, el trabajo, reducir la pobreza, una educación de calidad, la salud, vivir más seguros, una Justicia independiente y eficaz, y un Estado moderno, transparente y austero.
En el documento expresaron que hay “señales de deterioro inocultables” en la Argentina y que existe también un horizonte tomado por “la decepción y la desesperanza”. Recordaron, además, su origen en Cambiemos -que gobernó entre 2015 y 2019-, y analizaron los puntos fuertes y débiles de esa gestión. Además, aseguraron que el espacio conducido por la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene “vocación sectaria de ir por todo”, como así también hicieron eje en los “casos de corrupción escandalosos” que rodean al oficialismo.
“Llevamos orgullosos el logro de haber mantenido la unidad en una situación en la que otras coaliciones fracasan. Nos mantenemos juntos sin negar las tensiones, porque son necesarias y enriquecen los puntos de vista y las decisiones”, asumieron luego de semanas con altísima fricción entre los sectores que lideran los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
Prometieron, en tanto, “reconstruir” el país. “La disyuntiva que se presenta este año es: o tomamos el camino del cambio o profundizamos de forma dramática el patrón de atraso en el que nos sumergió el kirchnerismo”, indicaron.
Las principales propuestasInflación, empleo y pobreza
Para el caso de la inflación, que ayer marcó 7,8% de aumento en mayo y 114,2% interanual, y es uno de los principales problemas económicos actuales, los socios de Juntos por el Cambio remarcaron la necesidad de lograr equilibrio fiscal, reducir los impuestos distorsivos -como los ingresos brutos, al trabajo y las retenciones-, garantizar la independencia del Banco Central, y terminar con los múltiples tipos de cambio y con el cepo.
Aseguraron que también tienen como prioridad “crear empleo privado de calidad” y, como puente para lograrlo, señalaron entre otros puntos la necesidad de eliminar trabas y regulaciones, como así también la simplificación del cumplimiento tributario. “Quitaremos el peso del Estado sobre quienes producen”, aseveraron.
Dijeron que le pondrán un freno a la “industria del juicio”, que habilitarán en los sectores de “alta rotación” la posibilidad de crear un Fondo de Cese que garantice un ingreso a los trabajadores al término de la relación laboral y que brinde previsibilidad a los empleadores, y se comprometieron a que las jubilaciones estén protegidas contra la inflación.
Seguros de que no debe haber intermediación en la política social, dijeron que va a existir una “transición a la baja” del Plan Potenciar Trabajo, creado durante el gobierno de Alberto Fernández, como así también consignaron que pretenden integrar a la economía formal a los 7,7 millones de informales. Propusieron, además, transferir alimentos de manera directa a los hogares para que las personas que los necesitan los adquieran “de manera autónoma”.
Política exterior y educación
Convencidos de que la política exterior actual es “improvisada, aislacionista y sectaria”, aseguraron que la de ellos, si son gobierno, será previsible y defenderá los intereses nacionales. “Tenemos que actuar decididamente en defensa de la democracia y los derechos humanos”, consideraron, a la vez que marcaron, entre otras cosas, que apoyarán el multilateralismo, que buscarán aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), y que ampliarán lazos en Asia, Medio Oriente y África.
Con el diagnóstico de que hay una “tragedia educativa” en la Argentina, dijeron que implementarán una política de evaluación, “a fin de poder trabajar los problemas detectados a nivel de la comunidad educativa en su conjunto, incluyendo a las familias”. También, que se acordarán planes con cada provincia y que habrá una “renovación profunda de la escuela secundaria” y una promoción de la oferta de carreras universitarias cortas. Comentaron que establecerán estándares mínimos de remuneraciones profesionales para los trabajadores de la salud.
Seguridad y Justicia
En materia de seguridad, aseveraron que trasladarán las fuerzas federales a Rosario y el conurbano, que construirán cárceles de máxima seguridad y que mejorarán la coordinación entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Mientras, en Justicia, dijeron que van a completar la integración de la Corte Suprema de Justicia, con un cargo vacante, y que van a designar al procurador General y al defensor del Pueblo, que están interinos. “Vamos a impulsar el sistema de ficha limpia. Proponemos una ley de protección para denunciantes y testigos de actos de corrupción. Impulsaremos una ley de extinción de dominio, que permita privar a los delincuentes de los bienes adquiridos ilegalmente y ponerlos al servicio de la comunidad”, señalaron.
En ese ámbito también indicaron que impulsarán el sistema acusatorio y la oralidad en casos no penales, y que harán efectiva la asistencia jurídica a víctimas de delitos.
Manejo del Estado
Se comprometieron también a construir un Estado “austero, eficiente y moderno”, donde se regule el instituto del indulto y se prohíba su aplicación en casos de corrupción. “Rediseñaremos la estructura del Poder Ejecutivo para agilizar y transparentar la toma de decisiones, reducir gasto en áreas solapadas y hacer uso eficaz de los recursos”, manifestaron, a la vez que prometieron recuperar “la cultura meritocrática del concurso” para acceder a empleos públicos.
“Para terminar con el auxilio nacional y cubrir el déficit de las empresas públicas, iremos a una supervisión profesional cuyo objetivo será generar valor en el conjunto de empresas de propiedad estatal. Esta deberá exigir a las empresas un desempeño económico con objetivos específicos, medibles y comparables, estándares de transparencia similares a los de las empresas listadas en la Bolsa de Valores y políticas de integridad y sustentabilidad”, afirmaron para compañías como, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas.
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