WASHINGTON.- Aileen M. Cannon, la jueza federal asignada al caso penal del Departamento de Justicia contra el expresidente Donald Trump, marcará el ritmo y las reglas sobre cómo se desarrollarán los procedimientos, sin precedentes en Estados Unidos.
Ella estará bajo un intenso escrutinio, sobre todo por sus fallos anteriores a favor de Trump en un caso relacionado con la acusación de documentos clasificados.
Cuando se dieron a conocer los cargos de obstrucción de la justicia y mal manejo intencional contra Trump la semana pasada, el fiscal especial Jack Smith dijo que buscaría un “juicio rápido”. Y el Distrito Sur de Florida es conocido por su “expediente rápido”, que lleva rápidamente los casos a juicio.
Pero Trump, que ahora busca la reelección en 2024, tiene un historial de prolongar los procedimientos judiciales, a menudo a su favor, lo que hace que el papel de Cannon en el control de la línea de tiempo sea aún más fundamental.
“Ella está realmente en el asiento del conductor en términos de ritmo. El peligro aquí es si retrocede hasta la campaña de 2024 o si el caso persiste hasta después de que Trump sea reelegido o se elija a otro republicano, y pueden ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos o indulte al presidente”, dijo la jueza federal jubilada Nancy Gertner, una profesora de la Facultad de Derecho de Harvard. “Esta es una situación en la que la velocidad es igual a la sustancia”.
Trump, quien ha negado haber actuado mal, hizo su primera aparición en la corte en relación con la acusación en Miami el martes ante un juez magistrado.
Después de eso, estará a cargo Cannon, de 42 años, quien fue nominada por Trump durante su último año en el cargo y tiene menos de tres años de experiencia en el cargo.
Es la segunda vez que supervisa una disputa legal que involucra al expresidente. El otoño pasado, Cannon emitió un fallo controvertido en respuesta a una demanda que presentó Trump que inicialmente ralentizó la revisión del FBI de los documentos clasificados incautados en Mar-a-Lago. Ella fue revertida rotundamente por un panel conservador de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito 11.
Su manejo de la demanda ha llevado a pedidos para que Cannon se haga a un lado como juez de primera instancia, un papel que los funcionarios de la corte dicen que le fue asignado al azar después de que Trump fuera acusado la semana pasada. Pero los expertos legales dijeron el lunes que es poco probable que el Departamento de Justicia haga una solicitud de recusación.
Trump está acusado de retener ilegalmente documentos altamente clasificados después de dejar la Casa Blanca y de frustrar los esfuerzos del gobierno para recuperar los registros. La participación de material clasificado, así como la contienda presidencial de 2024, agregan complejidades significativas al caso que podrían prolongar la línea de tiempo.
Los acusados tienen derecho por ley a un juicio rápido, que establece un plazo de 70 días. Sin embargo, a pesar de su reputación de eficiencia, los abogados que ejercen en el Distrito Sur predijeron que el caso contra Trump avanzaría más lentamente. Con base en las declaraciones públicas de Trump y sus abogados, los abogados defensores esperan que el equipo legal del expresidente presente varias mociones para desestimar el caso y limitar las pruebas que se pueden presentar ante un jurado.
Como juez de primera instancia, Cannon tiene un tremendo poder y discreción para resolver desacuerdos previos al juicio sobre el acceso a material clasificado; afirma que Trump está siendo tratado de manera diferente a los demócratas investigados por posible mal manejo de secretos de seguridad nacional; y si permitir, por ejemplo, el uso de testimonios y pruebas clave del abogado de Trump, Evan Corcoran.
“El fiscal especial ha pensado en todas estas cosas y en cómo simplificar esto, pero es posible que se desvíe”, dijo Jeffrey Sloman, exfiscal federal del Distrito Sur que fue fiscal durante 20 años.
Cannon es una ex fiscal federal, una de los más de 200 abogados conservadores, en su mayoría jóvenes, que Trump nominó para el tribunal federal. Nació en Colombia, hija de madre inmigrante cubana, y creció en Miami. Se graduó de la Universidad de Duke y se unió a la conservadora Sociedad Federalista mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Ha pasado gran parte de su carrera como litigante.
Los expertos legales dijeron el lunes que el papel de Trump en poner a Cannon en el banquillo no es en sí mismo una base para la recusación. Pero se le podría pedir a un juez que retroceda debido a fallos anteriores. La ley federal dice que un juez “se descalificará a sí mismo en cualquier procedimiento en el que su imparcialidad pueda ser razonablemente cuestionada”.
Cannon ganó notoriedad en septiembre pasado cuando intervino en la investigación del FBI sobre la posesión de documentos clasificados por parte de Trump después de dejar la Casa Blanca. Nombró a un experto, conocido como maestro especial, para revisar el material que los agentes incautaron en agosto pasado de la casa y el club privado de Trump, y prohibió el acceso del FBI a algunos de los materiales hasta que se completara la revisión.
En su orden, Cannon sugirió que la posición de Trump como expresidente requería protecciones especiales y escribió que el “estigma asociado con la incautación del sujeto está en una liga propia. Una acusación futura, basada en cualquier grado en la propiedad que debería ser devuelta, resultaría en un daño a la reputación de un orden de magnitud decididamente diferente”.
Un panel unánime del Undécimo Circuito revocó la decisión de Cannon, que dijo que habría resultado en un “reordenamiento radical de nuestra jurisprudencia que limita la participación de los tribunales federales en las investigaciones penales”. La corte de apelaciones, cuyos tres jueces incluían a dos nominados por Trump, dijo que no estaba dispuesta a “establecer una excepción sin precedentes en nuestra ley para los expresidentes”.
Joseph DeMaria, exfiscal federal que ha ejercido en el Distrito Sur durante más de tres décadas, sugirió que el juicio penal debería reasignarse a un juez con más experiencia, dadas las complejidades de manejar material altamente clasificado, así como la primera acusación federal de un expresidente.
“Ella es una de las más jóvenes y menos experimentadas en el tribunal federal que nunca ha tenido un caso como este”, dijo DeMaria. “Si la jueza Cannon estuviera en el Departamento de Justicia, no sería asignada a este caso”.
DeMaria también dijo que tendría sentido reasignar el caso debido a las decisiones de Cannon el otoño pasado, lo que, según él, mostró que ella hizo todo lo posible para fallar a favor de Trump. Aunque Cannon tiene reputación de ser jueza progubernamental en varios otros casos penales, DeMaria señaló que en el caso anterior de Trump se negó a suspender su fallo a pedido del gobierno mientras apelaban.
Gertner, la ex jueza, estuvo de acuerdo en que el fallo anterior de Cannon podría sugerir que ella simpatiza demasiado con Trump y ser la base para la recusación. “La apariencia de parcialidad aquí no se debe a que ella falló a su favor. El problema de la apariencia es la forma en que falló a su favor”, dijo Gertner.
Pero la decisión de hacerse a un lado depende de la propia Cannon. Y si ella lo haría es una cuestión diferente. “No es algo fácil de hacer para un juez: admitir que ha hecho algo mal antes”, dijo Gertner.
Paul Cassell, un ex juez federal de Utah, dijo que es escéptico de los pedidos de recusación solo porque la corte de apelaciones dijo que Cannon se equivocó en su fallo.
“Es un poco injusto que la jueza Cannon diga que le estaba haciendo bien a Trump de alguna manera”, dijo Cassell, quien enseña en la facultad de derecho de la Universidad de Utah.
Kendall Coffey, exfiscal federal del sur de Florida y demócrata que formó parte del comité asesor que investigó a Cannon para su cargo de juez, también rechazó las críticas de que sería una “cómplice” de Trump. “Entiendo por qué la gente estaría preocupada. Pero creo que mostrará extrema cautela antes de hacerle algún favor a Donald Trump”, dijo Coffey.
El Departamento de Justicia tomó la decisión consciente de llevar el caso al sur de la Florida, sabiendo que existía la posibilidad de que se le asignara a Cannon. La medida, después de muchos meses de interrogar a los testigos ante un gran jurado federal en DC, fue diseñada para evitar que los abogados de Trump intenten descarrilar la acusación argumentando que se había presentado en el lugar equivocado, dado que la mayor parte de la supuesta mala conducta tuvo lugar en Florida.
La secretaria jefe Angela E. Noble le dijo al New York Times que “se siguieron los procedimientos normales” al asignar el caso a Cannon, una de los cinco jueces activos que podrían haber sido elegidos en el sistema o rueda de asignación.
Mark Schnapp, un exfiscal federal que fue jefe de la división criminal en el distrito, dijo que sería arriesgado que el Departamento de Justicia le pidiera a Cannon la recusación.
“Le estás pidiendo que descubra que es parcial y que no puede llevar a cabo un juicio justo”, dijo. “Eso es mucho para que un juez se dé por vencido”.
Por Ann E. Marimow
