La Cámara Federal de Casación Penal discutirá esta semana si revoca la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, favorecidos tras un juicio oral y público en el que el exadministrador de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por haber permitido que no se pagara el impuesto a los combustibles de la petrolera Oil.
El fiscal ante la Casación Mario Villar no solo entiende que ambos son culpables de fraude, sino que prepara un reclamo de mas de 5166 millones de pesos como reparación del daño provocado, en una argumentación en la que vincula los beneficios recibidos por los empresarios con el dinero que retornó a manos de los Kirchner, enviado a la familia presidencial por Cristóbal López en pago de alquileres. Ese presunto retorno se investiga en el caso Hotesur-Los Sauces.
Por otro lado, las defensas de López y De Sousa, a cargo de Alberto Beraldi, insistirán en su absolución, mientras los abogados de Ricardo Echegaray buscarán revertir la condena del exfuncionario, el único perjudicado tras el juicio oral.
López y De Sousa fueron absueltos el 12 de marzo del año pasado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos, quien adhirió a la postura del primero. En minoría, quedó el juez Andrés Basso que se pronunció por condenar a todos, tanto a los empresarios como al exfuncionario. Ahora, los jueces de la Cámara de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa son los que deben revisar esa sentencia; es decir, decidir si confirman o revocan las absoluciones y la condena.
Son los mismos jueces que aún no resolvieron si reabren o no el caso Hotesur-Los Sauces, donde Cristina Kirchner está sobreseída por lavado de dinero, ni si confirman otro sobreseimiento en favor de la vicepresidenta por la firma del memorándum con Irán. Los plazos procesales están vencidos en ambos expedientes. En el caso Hotesur, es la jueza Ana María Figueroa la que resta votar. La magistrada le dijo al Senado la semana pasada que sigue deliberando con sus colegas, a pesar de que ellos ya elaboraron sus votos y esperan su definición.
El primer paso de ese trámite de revisión del caso Oil Combustibles lo darán los jueces este miércoles. Realizarán una audiencia oral y pública donde escucharán los motivos del fiscal para revocar las absoluciones y condenar, y las razones de los defensores, que en el caso de los absueltos, solicitarán mantener todo como está.
El fiscal Villar, en julio del año pasado, hizo un resumen de sus razones para reclamar las condenas de López y De Sousa. Fue entonces cuando ligó el caso Hotesur-Los Sauces con el de Oil Combustibles. Ahora insistirá en esa línea con una introducción un poco más explicativa sobre del rol de López y De Souza, y sobre cómo circulaba el dinero desde el Grupo Indalo (de esos empresarios) hasta llegar a la familia Kirchner.
El julio pasado, Villar dijo, sin eufemismos, que hubo connivencia entre Echagaray, por un lado, y López y de Sousa, por otro, para pedir planes de pago y evitar liquidar el impuesto y, en paralelo, utilizar ese dinero para capitalizar el grupo económico y consolidarlo económicamente.
“Desde el más elemental sentido común, los imputados se quedaron con un dinero que no les pertenecía y aquel que debía resguardar ese dinero con más celo, por ser un funcionario público, les facilitó hacerlo”, explicó el fiscal. Y fue mas allá. Entendió que López y De Sousa “debían pagar el impuesto, que ya había recaído sobre toda la cadena hasta el consumidor final” y “sin embargo, no solo no pagaron, miles de millones de pesos, sino que los utilizaron para beneficio propio, con planes de pago ilegítimos”. Según el fiscal, “simplemente decidieron que era mejor quedárselos para ellos. Engañaron al Estado, en connivencia con el funcionario designado para resguardarlo y se beneficiaron de ello. No hay argumento formal o material, de ninguna índole, que pueda opacar semejante verdad”.
Los jueces Machado Pelloni y Feliciano Ríos, cuando absolvieron a López y De Sousa, dijeron que el empresario podía pedir, que eso no era delito, sino que el crimen lo cometió el funcionario que no cuidó el erario público. Sin embargo, en la mirada del fiscal, todos actuaron en connivencia.
La acusación sostiene la absolución de los empresarios se dispuso en una sentencia que fue arbitraria al evaluar las pruebas. Según el fiscal, los jueces “omitieron considerar los elementos probatorios incorporados al debate que demuestran claramente que la conducta de López y De Sousa no aparece como neutra, sino que estuvo vinculada directamente con el hecho delictivo”. Los jueces hicieron un análisis “segmentado y atomizado” entendió el fiscal Villar qu concluyó que en forma paralela “al incumplimiento fiscal y el sistemático requerimiento de planes de facilidades de pago, Oil Combustibles S.A. financiaba a otras empresas del Grupo Indalo, fundamentalmente mediante mutuos [préstamos] efectuados a sus empresas accionistas”. El fiscal destacó que “el volumen de esos préstamos coincidía con el saldo impago por el ICL [Impuesto a los Combustibles Líquidos].”
El fiscal entiende como prueba del “trato preferencial” que recibió Oil el hecho de que no fuera fiscalizada en el área de grandes contribuyentes de la AFIP, como las otras petroleras, y que tuviera “un control menos exhaustivo”.
Echegaray permitió además -según relató el fiscal- que la empresa pudiera acogerse sucesivamente a distintos planes de facilidades de pago por sumas millonarias, para finalmente utilizar el dinero no ingresado al fisco para el financiamiento de otras empresas del Grupo Indalo. Para la fiscalía, “carece de asidero” lo que los jueces Machado Pelloni y Ríos afirmaron cuando hablaron de “ausencia de connivencia entre los particulares involucrados y el funcionario público”.
El nexo con Hotesur-Los Sauces
El fiscal apoyó esa hipótesis en la conexión de esta causa con Hotesur-Los Sauces, que -detalló- investigó hechos ”vinculados a gravísimos delitos de corrupción”. En ese caso, López y De Sousa estaban acusados de haber formado parte de una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, de la que participaban Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Carlos Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares. Ese caso está cerrado, a la espera de la definición final de la Casación.
Allí se investigaron las transferencias a la familia Kirchner de parte del dinero “ilícitamente obtenido por los empresarios allegados a los exmandatarios constituidos por los conglomerados societarios conformados por los grupos empresariales Báez e Indalo”, sostuvo la acusación.
Gracias a esos giros, la firma Los Sauces, de los Kirchner, creció exponencialmente. “En este esquema de retorno, el 88% de la facturación emitida por la firma Los Sauces correspondía a su relación comercial con las empresas de los Grupos Báez e Indalo”, dijo la fiscalía, que afirmó que como consecuencia de ese ingreso de fondos, el patrimonio neto de la firma Los Sauces “se habría incrementado en más de 12.000%; es decir, desde los $100.000 con los que se integró la sociedad al tiempo de su constitución a $12.122.430,26″, resumió el fiscal.
La canalización de fondos, indicó Villar, se hacia mediante contratos de alquiler. Según el fiscal, se pudo constatar que el Grupo Indalo alquilaba a Los Sauces S.A. departamentos en el edificio Madero Center de Puerto Madero que devenían innecesarios a los fines de su objeto y que lo hacían “a valores mayores que los del mercado, además de contratar por separado los amenities de dicho complejo, no obstante ser partes comunes de un inmueble que ya era objeto de alquiler a título personal por De Sousa y abonado por Álcalis de la Patagonia”.
Tras la audiencia de este miércoles, que será oral y pública, los jueces tendrán 20 días hábiles para decidir si revocan o no la absolución de los empresarios y la condena de Echegaray.
