Productores agropecuarios del partido bonaerense de Chascomús denunciaron la organización de viajes para que personas de diferentes lugares realicen carreras de galgos clandestinas y caza furtiva de animales autóctonos, lo que les genera graves daños. Aseguraron que la patrulla rural no da abasto y que, si bien realizan las denuncias, la Justicia no actúa. Frente a la falta de respuestas de las autoridades, crearon un Foro de Seguridad Rural como un espacio de discusión y propuestas.
“Muchas de las empresas presentes aquí son líderes en ganadería, generan empleo y pagan impuestos. Sin embargo, nos vemos constantemente afectados por la llegada de personas de todas partes del país con perros galgos, que se dirigen a los campos y causan enormes daños y perjuicios. Hemos realizado numerosas denuncias, pero nunca se toma ninguna medida legal”, indicó uno de los productores ganaderos miembro del foro, quien por temor prefirió mantener su nombre en reserva.
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Según detalló el productor, los responsables de estas actividades ilegales son residentes de la zona que organizan estos tours de carreras y cacerías a través de las redes sociales. Transportan a quienes pagan por el servicio en combis, autos o camionetas particulares hacia los campos, donde ingresan en grupos con una jauría de perros. “Cobran por cazar en campos privados. La policía ha encontrado a personas con órdenes de captura vigentes, con tobilleras electrónicas y armas. Además de amenazarnos, causan daños de todo tipo dentro de nuestras propiedades”, declaró.
“A tal punto ha llegado la gravedad de la situación que la caza con fusiles y armas largas que se utilizan en la guerra pasa a un segundo plano”, agregó.
Preocupación
El productor aseguró que han enfrentado esta problemática desde hace varios años, pero “en los últimos tiempos se ha vuelto incontrolable”. La situación se agravó tras la implementación de la ley 27.330 en 2016, la cual prohibió las carreras de galgos en áreas urbanas y estableció sanciones que incluyen hasta cuatro años de prisión y multas para quienes estuvieran involucrados en su realización, promoción u organización. Esto hizo que aquellos que hacen esta actividad ilegal se trasladaran a zonas rurales de difícil control para las fuerzas de seguridad. La cuenca del Salado pasó a ser especialmente atractiva debido a la mayor presencia de fauna cerca del área metropolitana.
En rigor, el productor explicó que en los campos cercanos al río Salado se encuentran extensos humedales que albergan una gran variedad de especies de animales que conviven con las actividades ganaderas y agrícolas que se desarrollan allí.
“Los campos, en su mayoría, tienen un alambre perimetral de siete hilos, y en el interior utilizan alambres eléctricos de un solo hilo para dividirlo en parcelas, que son potreros más pequeños. Entonces, en una parcela de aproximadamente una hectárea, donde hay 300 vacas, cuando estas personas ven un animal salvaje, sueltan a los perros de caza y las vacas, en un intento por escapar de la situación, rompen los alambrados eléctricos y se adentran en los cultivos de maíz, rompen silobolsas y causan estragos”, alertó.
Delitos
Según el testimonio del productor, se llevan a cabo competencias clandestinas. “Si bien realizamos las denuncias, aseguramos que quienes organizan estas actividades pueden actuar con total impunidad debido a que la Justicia no actúa. La falta de sanciones ha generado un descontrol. Incluso comenzaron a saquear los campos, ya se han robado tres. Llegan en una camioneta, rompen los candados, ingresan y saquean las casas.”
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Cansados de la falta de respuestas, a mediados de mayo los productores crearon un foro de seguridad. “Se conformó con el propósito de tener representación en el Concejo Deliberante de Chascomús, donde se establecen las ordenanzas municipales, y así poder modificar la ordenanza actual por una nueva que permita imponer multas, entre otras medidas, para desalentar a los galgueros”, explicó.
También contó que trabajan en conjunto con Proyecto Galgo, una de las organizaciones impulsoras de la ley para prohibir las carreras, debido al maltrato que reciben los animales. “Los traen escondidos y encerrados en los baúles de los autos o en las cajas de las camionetas, durante muchas horas de viaje. Cuando se lesionan, los abandonan”, lamentó.
Respuesta oficial
Ante una consulta de LA NACION, en el municipio expresaron su preocupación y dijeron que están comprometidos en abordar la problemática. Cipriano Pérez del Cerro, secretario de Gobierno de la Municipalidad local, destacó: “Es un problema existente que afecta a toda la provincia de Buenos Aires. Tanto los concejales como el departamento ejecutivo están dedicados a buscar soluciones”.
El funcionario reconoció que las herramientas disponibles actualmente “no son suficientes para resolver el problema”, pero enfatizó que están en búsqueda de soluciones. En ese sentido, mencionó que el Concejo Deliberante está trabajando en un proyecto de modificación de la ordenanza correspondiente para mejorar la normativa. Además, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión entre el área de seguridad municipal, los concejales y el juez de falta.
Aclaró que esta actividad constituye una contravención que conlleva una multa. Según las estadísticas proporcionadas, en 2021 se registraron 248 actas de infracción y 227 sentencias. En 2022, hubo 467 actas y 449 sentencias, y en lo que va de 2023 se contabilizaron 154 actas y 155 sentencias. Estos datos reflejan claramente una situación de contravención.
En relación al tema del secuestro de galgos, Pérez del Cerro explicó que, debido a que el Código Rural a nivel provincial no contempla esa posibilidad, se ha establecido una normativa a nivel local para permitir el secuestro de los perros. En este sentido, se han construido caniles en la sede de la patrulla rural para albergar a los perros que son secuestrados, brindándoles el tratamiento adecuado.
Según dijo, el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la patrulla rural es constante para prevenir estas contravenciones. No obstante, destacó la necesidad de realizar una modificación a nivel provincial de la normativa correspondiente, en este caso, la ley 1081 vigente desde 1983.
