La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria para el 10 de julio al exministro de Salud Ginés Gonalez García, acusado de los delitos de peculado y abuso de autoridad, por haber ordenado que le coloquen en oficinas del Ministerio de Salud vacunas contra el Covid a periodistas y amigos que no estaban en la lista de personas prioritarias, en lo que se conoció como el caso del vacunatorio VIP.
La orden de la jueza alcanza al director del Hospital Posadas Alejandro Maceira, citado para el 29 de junio próximo, y a Marcelo Guille, secretario del ministro, convocado para el 7 de julio próximo.
Los pedidos de indagatoria los habían realizado los fiscales Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez al acusar a los exfuncionarios del reparto irregular de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.
Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esa medida aún está pendiente. Taiano es el fiscal de la causa y Rodríguez es el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de Gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.
Junto con el exministro González García, los fiscales pidieron las indagatorias de la exjefa de Servicios de Medicina Preventiva del Posadas María Elena Borda, y del exsubsecretario Alejandro Costa, que fue con las vacunas a la casa de Duhalde, pero la jueza antes de decidir esas medidas analizará si hay otros funcionarios en el organigrama entre ellos y el director del Hospital Posadas.
El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP).
Cuando pidieron la indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron que cuando se aplicaron estas dosis de manera irregular “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.
Por eso, mas allá de que se sustrajeron una escasa cantidad de vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.
