BARCELONA.- Todo parece indicar que la negociación entre los partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para conformar una lista única de cara a las elecciones generales del 23 de julio se alargará hasta el último minuto. De acuerdo con la ley electoral, el plazo para la presentación de las candidaturas termina la medianoche del viernes (las 19 en la Argentina). Aunque la negociación implica a una quincena de formaciones, el principal escollo lo representa Unidas Podemos, la formación fundada por Pablo Iglesias, renuente a fundirse en el nuevo magma progresista que será la plataforma Sumar, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Según varias encuestas, la fragmentación del voto de izquierdas serviría en bandeja la victoria al candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.
El viernes por la mañana, Podemos desveló el resultado de la consulta que organizó entre su militancia, que de manera abrumadora -un 93%- respaldó la negociación con Sumar, lo que otorga carta blanca a la dirección de la formación morada para explorar el pacto. Según fuentes cercanas a ambas formaciones, los principales puntos de discordia son el lugar que ocuparían los representantes de Unidas Podemos en las listas conjuntas, y si en ellas debe figurar la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Algunas voces dentro del espacio de Sumar consideran que la ministra y líder de Podemos se ha convertido en una figura muy controvertida, sobre todo después de la polémica alrededor de la ley del “solo sí es sí”, y que en lugar de atraer a nuevos votantes podría ahuyentarlos.
Desde su fulgurante irrupción en 2014, Podemos ha sido el principal partido de la izquierda alternativa española, pero ya hace tiempo que la formación ha ido perdiendo fuerza a medida que sufría escisiones y sus líderes se enzarzaban en agrias discusiones con otros políticos de izquierda, los medios de comunicación o la judicatura.
Precisamente, el hecho de que Sumar incluya a políticos y partidos escindidos de Podemos, como Iñigo Errejón, de Más País, todavía complica más una negociación que se ha llevado a marchas forzadas por la inesperada convocatoria electoral del presidente Pedro Sánchez. Las elecciones estaban previstas para diciembre, pero tras el descalabro del bloque progresista hace un par de semanas en los comicios municipales y autonómicos, el mandatario optó por adelantarlos medio año.
Dificultades
Entre la quincena de partidos que aspiran a integrarse en Sumar, una buena parte son de ámbito autonómico y de carácter regionalista. Este es el caso del valenciano Compromís, o de la Chunta Aragonesista en Aragón, que ya cerraron su acuerdo con Yolanda Díaz y Sumar. Los que se mantendrán seguro fuera de la plataforma serán los soberanistas vascos y catalanes.
Una dificultad en la mesa de negociación es que cada partido toma como referencia para pedir una determinada cuota en las listas, y así garantizarse su elección al Parlamento, el resultado electoral que más le conviene, ya sea el de las municipales, autonómicas o generales. Por ejemplo, Podemos siempre registra mejores resultados en las generales.
La ley electoral penaliza a los partidos pequeños, por lo que si la izquierda se presenta fragmentada, una parte importante de sus votos se perderán, como ya sucedió en las recientes municipales. En cambio, el bloque de la derecha no tiene este problema. Tras la reciente decisión de Ciudadanos de no concurrir a los comicios visto su descalabro de hace un par de semanas, el voto se concentrará en solo dos opciones: el PP de Núñez Feijóo, y Vox, liderada por Santiago Abascal.
En su caso, el dilema actual se sitúa alrededor de cuál debe ser su relación en ayuntamientos y gobiernos autonómicos que se formarán durante las próximas semanas, en plena campaña electoral.
Habida cuenta de que el principal argumento electoral de Sánchez para lograr su reelección será el temor a la llegada al Ejecutivo de la ultraderecha de Vox, Núñez Feijóo prefiere que los pactos entre ambas formaciones se mantengan en su mínima expresión antes de la cita del 23 de julio.
En algunos casos, eso lo podría lograr retrasando los plenos de investidura cuando así lo permita la ley electoral, o bien, logrando los votos de Vox “gratis”, sin acuerdo de investidura, allí donde la ley electoral autonómica no permita ningún aplazamiento.
El problema para Núñez Feijóo es que el interés de Vox es exactamente el contrario: hacer valer sus votos para entrar en las instituciones, o al menos, llegar a acuerdos de investidura que recojan cambios de políticas de acuerdo con su programa electoral.
Abascal teme que, en caso de no obtener contrapartidas a su apoyo al PP en ayuntamiento y autonomías, se devalúe el valor de un voto a Vox. En ese caso, sus votantes podrían no acudir a las urnas en las generales, o ya votar directamente al PP. Así pues, también en la derecha hay una situación de tira y afloja negociador.
Y es que, una vez muerto el bipartidismo en España hace casi una década, la competición electoral ya no es solo entre los bloques de la derecha y la izquierda, sino dentro de cada uno de estos espacios.
