La sequía que se agudizó en la Argentina en el último año puso en jaque al campo y, además, al Gobierno necesitado de dólares. Las pérdidas proyectadas por el Ministerio de Economía eran en un comienzo de US$19.750 millones. Pero tras la reanudación de las lluvias, que si bien llegaron tarde para revertir la situación, salvo para algunos cultivos muy tardíos en maíz, ahora en esa cartera estiman que la caída será de US$18.200 millones, una leve modificación. El Gobierno también está expectante por la siembra de trigo.
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En rigor, la recuperación del escenario climático podría dar un alivio a las arcas del Estado, donde le adjudican a la sequía los problemas económicos que atraviesa el país. Por eso, tienen puestas las esperanzas en que la superficie sembrada de trigo pueda aumentar e impactar positivamente en el este cultivo. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), luego de las lluvias de mayo, casi la mitad este del área agrícola núcleo logró una recarga del 50% o más del agua útil en el suelo.
De esta manera, en el Gobierno son optimistas de que haya mejorado la situación de algunos cultivos tardíos, por “el impacto del agua, y el costo de la sequía, en lugar de ser US$19.750 millones, bajaría a los US$18.200 millones en el final”.
En trigo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó a nivel nacional una siembra de 6,3 millones de hectáreas, 200.000 hectáreas más que el ciclo agrícola pasado. La producción alcanzaría 18 millones de toneladas, una mejora del 45% tras el impacto de la sequía.
A raíz de las pérdidas que generó la sequía, ocasionada por tres años consecutivos del fenómeno de La Niña, un alto funcionario deslizó que, si bien se puede mostrar la voluntad de mantener a raya el gasto público, después “hay una realidad con la que se está luchando” y es el impacto de la sequía que golpeó fuertemente en la zona núcleo productiva del país. “Es un impacto que nadie imaginó”, mencionaron en un brindis que se realizó en el Palacio de Hacienda por el Día del Periodista.
En el Gobierno piensan que, además, “hubo mucho desconocimiento sobre la sequía, porque es un tema del que se habla poco” en el país. Allí también aclararon que, aunque las heladas tardías tuvieron un impacto en algunas producciones de las economías regionales, por ejemplo la uva o la ciruela, esto también repercutió “un poco” en la soja de segunda en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.
Hay que recordar que, para morigerar la caída en las reservas del Banco Central (BCRA), el Gobierno creó el esquema del dólar agro, con un tipo de cambio a $300 para el complejo oleaginoso, el sorgo y la cebada, pero también entraron más de 60 cadenas de las economías regionales. Estas últimas están habilitadas para exportar bajo este mecanismo hasta el 31 de agosto, mientras que para la soja cerró a principios de este mes. De esta manera, el Gobierno buscaba alcanzar los US$9000 millones por la liquidación tanto de la soja, como el resto de los productos que ingresaran al Programa de Fomento Exportador.
La liquidación de divisas para la soja, que finalizó el 2 de junio pasado en el marco de este programa, alcanzó los US$5127 millones, según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (Cec).
Un alto funcionario contó que para las economías regionales originalmente se había pensado el programa hasta el 30 de junio, pero después, por un tema de estacionalidad de los productos, ya que las exportaciones que encierran estos rubros llevan más tiempo y la ventana temporal es más amplia, se decidió extender hasta el 31 de agosto. Por estas economías el funcionario señaló que el Gobierno lleva ingresados menos de US$500 millones de los más de US$3500 que espera recaudar al finalizar la herramienta.
También deslizaron que hubo empresas de distintos rubros que no quisieron ingresar al esquema del dólar agro, ya que “prefirieron resignar un mejor tipo de cambio, para mantener más libertad de precio” en el mercado interno.
Para poder exportar con este tipo de cambio diferencial cada economía tiene que aceptar pautas de precios de la Secretaría de Comercio, cartera que conduce Matías Tombolini. Las empresas enmarcadas en cada rubro contemplado deben adherirse al programa de Precios Justos, garantizar los valores y el abastecimiento interno, además del empleo.
