La pelea entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia por los fondos para pagar los sueldos de los empleados y funcionarios judiciales afecta a los abogados, ya que sus honorarios van “enganchados” con el sueldo que percibe un juez de primera instancia. Por eso, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) reclamó un incremento en el monto de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), base sobre la cual se calcula lo que deben cobrar los letrados por su trabajo.
La ley señala que los abogados cobran un honorario correspondiente a determinada cantidad de UMAs según el trámite. Cada UMA equivale a un 3% de la remuneración básica asignada al juez federal de primera instancia. La última vez que hubo una actualización de la UMA fue en marzo pasado y desde ese momento no se movió el valor.
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Hoy el valor de la UMA es de 14.933 pesos. La ley regula que los honorarios por un divorcio, por ejemplo, son 10 UMAs, lo mismo que un incidente de excarcelación, y 20 UMAs por el trámite de una adopción.
La Corte Suprema de Justicia le reclamó dos veces a la Jefatura de Gabinete que reasigne fondos del Presupuesto para dar a los empleados y funcionarios un incremento salarial acordado debido a la inflación. Pero el Gobierno le negó dos veces esa reasignación.
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, les contestó a los jueces, por carta, que recomponer los salarios es una “cuestión que corresponde sea atendida” y que hará las modificaciones presupuestarias necesarias, pero que la Corte deberá recurrir a sus propios fondos. Es la segunda vez en menos de un mes que Rossi les dice a los jueces que usen su fondo anticíclico. Rossi relata en su carta que la Corte pidió la reasignación para disponer un 9% de incremento salarial a partir del 1 de abril de 2023, un 9% a partir del 1° de mayo y otro 9% a partir del 1° de junio, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.
La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, gremio que lidera Julio Piumato, hizo un paro por este conflicto y los abogados que también se ven afectados se sumaron ahora al reclamo. En un comunicado del Cpacf, dijeron que “en épocas de intensa inflación la unidad de medida de regulación de los honorarios pierde su valor día a día”. Y señalaron que “la Corte Suprema de Justicia no ha fijado un nuevo monto porque el Poder Ejecutivo no habilita la partida presupuestaria necesaria para aumentar los sueldos del Poder Judicial de la Nación, de la que depende su valor”.
“En el contexto económico actual que sufre el país no podemos ser rehenes de la disputa política existente entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios, que poseen carácter alimentario. Es por ello que desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal exigimos que se solucione el diferendo y se proceda a actualizar de manera urgente el valor de la UMA”.
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Ricardo Gil Lavedra, presidente del Cpacf, afirmó: “Los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios”. Y explicó: “Como hay un conflicto con el Gobierno y este no le habilita la partida presupuestaria, la Corte no puede fijar los aumentos salariales y no puede fijar la UMA”. En consecuencia, subrayó que “las víctimas propiciatorias son los abogados y las abogadas que ven disminuir diariamente sus emolumentos en función de la intensa inflación, por un conflicto político que le es ajeno”.
“Exigimos desde el Cpacf que se ponga remedio a este diferendo y que se pueda establecer y actualizar el valor de la UMA como corresponde”, dijo Gil Lavedra.
