El Banco Central (BCRA) trabaja en una nueva norma (se aprobaría mañana en su reuniòn de directorio) que ampliará a las deudas que provincias y municipios hayan tomado en dólares y enfrenten próximos pagos de ellas los criterios restrictivos de pago que ya rigen para la cancelación de las emitidas vía Obligaciones Negociables (ON) por parte de las empresas.
Básicamente, les comunicará a esas administraciones que tendrán acceso al mercado cambiario oficial para comprar con pesos hasta el 40% de los dólares que necesiten para hacer frente a esas obligaciones lo que, en los hechos, supone disponer que deberán cancelar el 60% restante al menos en lo que resta del presente año con tenencias propias, financiamiento al que accedan o renegociando plazos con sus acreedores, si no quieren incurrir en algún tipo de incumplimiento.
La determinación, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales, llega cuando la entidad a cargo de Miguel Pesce se apresta a atravesar un nuevo desierto cambiario, el que amenaza volverse más árido a medida que se acerquen las elecciones.
Esto es teniendo en cuenta el final del dólar soja III que, aunque le permitió recomprar unos US$1400 millones para su muy exigua tenencia, no logró rescatarla del terreno negativo, en términos netos, en el que se encuentra desde hace más de dos meses.
Las cifras oficiales muestran que en el primer trimestre del año, las empresas públicas (básicamente Aysa e YPF) y las provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, básicamente) le demandaron al BCRA US$1120 millones para pagar deudas, cifra equivalente al 37% de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.
El objetivo del BCRA ahora es reducir ese drenaje aplicándole a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en moneda dura, lo que disparó múltiples reestructuraciones de esos pasivos -ampliando en al menos dos años los plazos de pago- desde finales de 2020 y hasta hace algunos meses.
Según estimaciones de mercado hay comprometidos en la segunda parte del año pagos por unos US$1400 millones relacionados con vencimientos de capital e intereses de deuda tomada en moneda extranjera mediante bonos emitidos por Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba y Neuquén.
De ser correcta esa cifra, la nueva norma dejaría habilitado el acceso al mercado por unos US$560 millones en lo que resta del año, y obligaría a los subsoberanos (provincias) afectados a poner de sus propios bolsillos -o refinanciar- los US$940 millones restantes.
Un dato que demuestra la situación actual de las reservas es que las obligaciones totales que las provincias tenían comprometidas este año son 22% inferiores al calendario de vencimientos por US$2100 millones que enfrentan para el año siguiente y mucho menores a los US$2650 millones que tienen comprometidos en pagos por año en promedio para el bienio 2025/26. Eso deja a la vista la dimensión que tomó la falta de reservas.
Según cifras oficiales, hay depósitos por US$2500 millones en poder de distintos organismos, empresas públicas o estados subsoberanos. La mitad de ellos corresponderían precisamente a provincias.
La intención del BCRA es que recurran a parte de esos recursos en medio de esta emergencia.
