El campo se encuentra en la búsqueda de recuperarse luego de sufrir los estragos de una sequía histórica. En este contexto, funcionarios de las carteras agropecuarias destacaron la importancia de contar con políticas públicas que ayuden. Solicitaron una nueva ley de emergencia agropecuaria, la eliminación de las retenciones y de la brecha cambiaria.
“En la provincia de Santa Fe perdimos el 85% de la producción de maíz. Pasamos de cerca de 6 millones de toneladas que habitualmente producíamos a un millón de toneladas. Esto afectó a todas las actividades complementarias que son ejemplos claros de la bioeconomía, como la producción de leche, carne, huevos y carne aviar. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Estado esté presente, acompañando a los productores en el cultivo clave y sensible que es el maíz”, dijo María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos de Santa Fe.
La funcionaria participó en representación del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología provincial, Daniel Costamagna, junto con Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba; Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, y Dalia Lewi, directora nacional de Bioeconomía, en el Congreso Maizar 2023”, celebrado en el Goldencenter de la ciudad de Buenos Aires.
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Carrizo expresó su preocupación por la falta de avance en la aprobación de una nueva ley de emergencia agropecuaria en Santa Fe. Señaló que cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que su creación fue resultado de un trabajo conjunto con el sector privado, el INTA, el Senasa y las bolsas de comercio.
“Los diputados la tienen dormida desde el 29 de diciembre, lamentablemente. Es una ley superadora que brinda un marco de gestión integral de los riesgos agropecuarios para la producción. Trabaja en prevención, recomposición y también tiene un componente importante que tiene que ver con el fomento del uso de seguros agropecuarios”, expresó.
“La ley provincial tiene 28 años y está completamente desfasada en cuanto a la realidad productiva actual en Santa Fe y en Argentina en general. Es una ley que no brinda herramientas concretas de acompañamiento para los productores”, agregó.
Para la funcionaria es fundamental incentivar a los productores a tomar seguros, especialmente para cultivos como el maíz. “La ley permite a los productores afectados tener una cobertura básica para poder sembrar”, comentó.
“No tenemos políticas de Estado concretas que favorezcan la producción de maíz y de otros cultivos y que nuestra producción pueda tener el crecimiento que pueden tener otros países de la región. Si nosotros no organizamos la economía de una forma distinta, no podemos tener un resultado distinto”, apuntó, por su parte, el ministro de Agricultura de Córdoba.
“Hay que buscar con una lupa para encontrar otro país que aplique retenciones a las exportaciones. En la región central, el año pasado se perdieron US$1000 millones en concepto de retenciones. Si esos fondos hubieran quedado en las tres provincias, se podrían haber realizado diversas inversiones, como el mejoramiento genético, el fomento de licencias y la promoción de la innovación tecnológica. Eso es un tema que una buena política pública no puede no tener presente”, dijo.
Añadió: “Si no hay una buena política pública nacional, si no hay una macroeconomía previsible, trasparente, que permanezca en el tiempo, que respete las inversiones es muy difícil construir al largo plazo”.
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Con respecto a Córdoba, el funcionario hizo mención a algunas políticas públicas implementadas. En primer lugar, destacó el fomento de las buenas prácticas agropecuarias. “Es una política que está vigente desde hace siete años y buscamos generar la idea de que no se puede producir de cualquier manera, sino cuidando los recursos y el medio ambiente, con un fuerte compromiso de sustentabilidad”, explicó.
Otra política es la creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario donde el 70% de lo que paga el productor a través del Impuesto Inmobiliario Rural se destina para la construcción de caminos rurales pavimentados. Estos ya suman 300 kilómetros y son gestionados en conjunto con los productores.
Buenos Aires
Por su parte, Rodríguez destacó la importancia de la innovación científica-tecnológica y el rol de las chacras experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario en la intensificación, diversificación y sustentabilidad de la producción agropecuaria.
Según detalló, actualmente cuentan con 18 chacras experimentales, cinco más que en 2019. “Desde allí trabajamos en distintas líneas de innovación científica-tecnológica aplicadas a la producción agropecuaria, la bioeconomía y la producción de alimentos. Esto nos permite realizar distintos ensayos sobre una gran variedad de cultivos, producciones y técnicas productivas en ambientes y territorios sustancialmente diferenciados”, dijo.
En las Chacras Experimentales Bellocq, Blanca Grande y Coronel Suárez del Ministerio de Desarrollo Agrario se llevan adelante diferentes ensayos vinculados al mejoramiento genético del maíz y la producción de híbridos, con el objetivo de aumentar su rendimiento, al mismo tiempo que se trabaja en su calidad diferenciada.
Por otro lado, el ministro destacó el trabajo que vienen realizando las chacras experimentales en materia de bioinsumos, en articulación con universidades y entidades públicas y privadas.
“Entendemos que hay un gran potencial en todo lo que es la producción con productos biológicos y que es un desafío importante poder articular con el sector privado y el sector público para generar líneas de trabajo específicas, de mediano y largo plazo, que vayan conduciendo a distintos resultados”, indicó.
