Las aduanas de la Unión Europea tienen graves carencias y, sobre todo, la necesidad de adaptarse a la revolución tecnológica. Para arreglar el problema, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la reforma de un sistema montado hace 55 años, cuando el comercio electrónico no entraba ni en la imaginación del cine futurista. Bruselas persigue solucionar las fallas que hacen que los europeos puedan llegar a productos que no cumplen con los estándares sanitarios o medioambientales de la UE o que no se escapen miles de millones de euros que deberían llegar a las arcas públicas. Una de las medidas planteadas en ese último campo pasa por acabar con la exención arancelaria de los paquetes importados de menos de 150 euros, porque con la explosión del comercio electrónico se ha revelado como un agujero importante en la recaudación y una brecha para el fraude.
Ya hace más de trece meses que la Comisión Europea recibió un informe que había encargado a un grupo de expertos en comercio internacional, liderado por la exministra de Asuntos Exteriores española Arancha González Laya. Aquel diagnóstico destapó esas graves carencias, entre ellas que la exención aduanera de las importaciones menores de 150 euros suponían una pérdida de unos 1500 millones de euros haciendo una estimación prudente. El Ejecutivo europeo ha añadido otro elemento: según la presentación que hizo este miércoles el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hasta el 65% de paquetes de comercio electrónico entran “infravalorados” evitando así pagar el arancel. Con la medida, Bruselas cree que se podrán recaudar unos 1000 millones al año que irán, principalmente, a financiar el presupuesto de la UE, ya que los aranceles son uno de sus principales fuentes de ingresos.
Hay que tener mucha imaginación para hacerse a la idea del alcance de la reforma que plantea Bruselas. No por la falta de información, sino por la dimensión de los números que se manejan. Con los datos de 2021, el comercio alcanzó un volumen de 4,3 billones de euros y generó 56 millones de puestos de trabajo. Las aduanas de la UE, además, recaudan cada año unos 80.000 millones en aranceles, IVA e impuestos especiales.
Las aduanas, en teoría, son una competencia de la Unión Europea, como lo es, en exclusiva, el comercio exterior. No obstante, su gestión sí que es nacional. Esto ha dado pie a 27 modelos de gestión aduanera con diferencias importantes entre ellos. Ahora lo que busca la Comisión es “armonizar y compatibilizar” la información, algo que “no es fácil”, ha admitido Gentiloni. No solo porque pudiera haber resistencias políticas, sino por las propias inercias de todas las administraciones. “Armonizar y hacer compatible nunca es fácil en la administración pública”, ha asumido el también ex primer ministro italiano.
“En el sistema actual, hay varios agentes que se encargan de los trámites aduaneros que entran y salen de la UE y no siempre es fácil saber quién es el importador y el exportador”, reconoce la Comisión. Bruselas se refiere a transportistas, almacenistas y comerciantes. Con la reforma que plantea el Ejecutivo comunitario “los importadores y exportadores serán los únicos responsables del pago de los derechos e impuestos aplicables y de la conformidad de las mercancías con las normas y la legislación de la UE”. Para facilitarlo, se creará el Centro de Datos Aduaneros de la UE.
Gracias a ese centro, explica Bruselas, habrá “información en tiempo real” sobre las mercancías que llegan. Se agiliza así la intervención en caso de que se detecte riesgo de fraude, incumplimiento de la normativa de seguridad o tráfico de productos prohibidos o restringidos, independientemente de cuál sea el punto de entrada de la Unión.
La aplicación de la reforma será muy gradual y empezará por el comercio electrónico, ya que ese centro de datos comenzará a funcionar en 2028 con la información referente a las compraventas por canales digitales. Se creará entonces la Autoridad de Aduanas de la UE, que será descentralizada y se surtirá de los recursos de los Estados miembro. Cuatro años después alcanzará al resto del sector, prevé la Comisión. No obstante, todo el proceso de implantación se prolongará hasta el 1 de enero de 2038.
Al agilizar el flujo de información, defiende Bruselas que se puede rebajar significativamente el tiempo y el costo que tienen que afrontar las empresas al cruzar las aduanas, ya que se pasa del sistema actual, basado en las declaraciones, a uno asentado en los datos. “Para unas cadenas de suministro transparentes y responsables, el papeleo y los trámites se reducen al mínimo y los derechos pueden pagarse periódicamente”, apunta uno de los comunicados, que llega a cifrar en 2700 millones el ahorro de costas con la reforma.
“La reforma permitirá a las aduanas de la UE defender mejor nuestros intereses financieros y económicos”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en un comunicado. “También facilitará el comercio, haciendo más fácil para todos los operadores hacer negocios dentro y fuera de la Unión”, ha añadido el también responsable de la cartera de Comercio comunitaria.
