El grupo de exsecretarios de Energía, compuesto por los exfuncionarios Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, advirtió sobre la intención del Gobierno de nacionalizar las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones están por vencer en los próximos meses. Asimismo, recomendó que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación.
En el segundo semestre de 2023 comienzan a vencer los contratos de concesión para la explotación de centrales hidroeléctricas firmados a partir de 1993 por el Estado en carácter de “concedente” con empresas privadas en carácter de “concesionarias”. Los contratos establecen un plazo de concesión de 30 años, al cabo del cual las centrales revierten al concedente.
El conjunto de centrales dadas en concesión es numeroso y heterogéneo. Está compuesto por varias centrales hidroeléctricas de potencias diversas, desde pequeñas hasta grandes centrales, ubicadas en distintas provincias argentinas.
El grupo de exsecretarios de Energía indicó que interesa focalizarse en las cuatro centrales de gran porte ubicadas en la zona del Comahue, en las provincias de Río Negro y Neuquén, integrado por las centrales hidroeléctricas: El Chocón; Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del Águila, donde el vencimiento de los plazos es inminente.
“Estas centrales de gran porte reúnen alrededor de 4000 MW y cumplen un rol importante en el abastecimiento del sistema interconectado nacional. La operación de dichas centrales se realiza conforme lo establece el despacho nacional de cargas operado con la empresa Cammesa”, explicó el grupo en un comunicado.
“Debe ponerse de manifiesto que el grupo de centrales hidroeléctricas mencionado tiene una antigüedad de 50 años, en el caso de las Centrales el Chocón y Planicie Banderita, de 40 años en el caso de la Central Alicurá y de 30 años en el caso de la Central Piedra del Águila. Ello implica que al menos el 50% de dichas centrales ha cumplido su vida útil y el 25% la cumplirá en los próximos 10 años. Para prolongar esa vida útil, será necesario afrontar cuantiosas inversiones, como es de práctica habitual en este tipo de emprendimientos”, agregó.
Y advirtió: “El actual Gobierno, a pocos meses de finalizar su mandato, pretende adoptar una actitud extemporánea, que condicionará al próximo. En efecto, ha anunciado que nacionalizará las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones están próximas a vencer, incorporándolas a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales”, dijeron.
“Esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita”, agregaron.
Asimismo, pidieron que, “dada la trascendencia del tema y sus efectos en el largo plazo, entendemos que esta decisión tiene que ser adoptada en el marco de la política energética del próximo gobierno”.
En conclusión, el grupo de exsecretarios de Energía propone hacer uso de las cláusulas contractuales de los contratos vigentes cuyo vencimiento opera en fecha próxima y prorrogar el vencimiento de las mismas por un año. “Ello permitirá que la decisión sea implementada por el próximo gobierno surgido de las urnas que asuma el 10 de diciembre de 2023. Y, al mismo tiempo, se contará con el tiempo suficiente para adoptar una meditada y racional decisión”, dijeron.
“Además, durante el plazo de prórroga contractual de un año se deberán realizar auditorías técnicas a los efectos de determinar el estado real de las instalaciones y definir las inversiones necesarias para extender la vida útil de las centrales”, concluyeron.
