El dinero que los partidos políticos reciben para la impresión de las boletas partidarias en cada elección es siempre motivo de nítidas sospechas por el desvío de fondos millonarios hacia otros usos. Por eso es que la Cámara Nacional Electoral dispuso reforzar el control del gasto en que incurren los partidos para imprimir las boletas electorales y para ello acudió a la ayuda de la AFIP, que estará autorizada a fiscalizar a las imprentas que realizan esa tarea.
La ley establece que el dinero que reciben los partidos para imprimir boletas solo debe gastarse en ese rubro y no puede aplicarse a gastos de campaña electoral o a otras tareas relacionadas con la organización de los comicios, como alquileres o la contratación de infraestructura para actos partidarios. Lo que les sobre a los partidos del dinero asignado por la Estado para que impriman las boletas deben devolverlo en un plazo máximo de hasta 90 días después de las elecciones, según la ley electoral.
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La cantidad de listas que las distintas fuerzas políticas inscriban para las candidaturas nacionales determinará el dinero que deberá desembolsar el Estado para la impresión de la boletas. El Ministerio del Interior estima esa cifra en 12.000 millones de pesos. La Dirección Nacional Electoral (DINE) estableció que por tramo de boleta, es decir, por cada una de las secciones de la papeleta que contienen las distintas categoría de cargos en disputa, corresponden 2,92 pesos.
Así, los partidos que llevan candidato a presidente recibirán un poco mas 100 millones de pesos cada uno para la impresión de las boletas. A esto se debe sumar una cifra adicional por el tramo de candidatos a senadores, otra por los diputados nacionales y otra por los legisladores del Parlasur. Un dineral.
Ya en 2017 este aporte especial para la impresión de boletas fue objeto de abusos por parte de los aprtidos políticos. En esa ocasión hubo un “incremento exponencial” de la cantidad de listas de precandidatos oficializadas para las PASO, lo que implicó un crecimiento de un 400 por ciento con respecto a las elecciones anteriores.
La Cámara Nacional Electoral mencionó a Espacio Grande, en Santa Fe, que llevó más de una decena de listas en las PASO de 2017 y luego le rechazaron la rendición de cuentas porque no acreditó que hubieran gastado el dinero en boletas
Para evitar que ese aporte especial sea utilizado para otros fines, la justicia electoral dispuso que el Cuerpo de Auditores Contadores podrá pedir a las imprentas datos, documentación y cualquier otro elemento relevante para verificar su actividad comercial. Les pueden pedir el contrato social o estatuto inscripto en el registro público, la constancia de inscripción y categoría en la AFIP, la constancia actualizada de que no están en la base de contribuyentes no confiables y la facturación promedio de un período determinado.
Asimismo, con respecto a la impresión de la boletas, se les podrá pedir a las imprentas las facturas correspondientes, donde debe figurar el precio unitario por boleta, el importe total y el detalle de la categoría electiva a la que corresponde; el recibo de la empresa por el monto pagado por la agrupación y, además del remito, debe estar indicado cómo se recibieron los fondos.
Como se trata de montos millonarios, la Cámara Nacional Electoral estableció que el pago debe hacerse solo con cheque cruzado “no a la orden” o mediante una transferencia bancaria. Se deben acompañar los comprobantes junto con las constancias del gasto.
Los partidos deben presentar en forma discriminada la factura, el recibo del proveedor, el remito por la recepción de boletas, las constancias de operación electoral y debe figurar el concepto (lista, agrupación) y el precio (unitario por boleta y total) de la impresión.
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Para estas tareas del cuerpo de auditores, la justicia electoral le pidió ayuda a la AFIP y le comunicó esta decisión a los jueces federales con competencia electoral de todo el país y a los partidos. Asimismo fueron informadas las imprentas que figuran en las bases del cuerpo de auditores contadores.
Más allá de este fondo específico para boletas, el Estado entrega dinero a los partidos para solventar su funcionamiento. La Dirección Nacional Electoral (DINE) ya comenzó a distribuir más de $445 millones del llamado Fondo Partidario Permanente (FPP), un dinero que se reparte cada año entre más de 200 partidos de orden nacional y provincial para garantizar su vida institucional.
Por ejemplo, la alianza del Frente de Todos recibió en la última elección un monto actualizado cercano a los 25,4 millones de pesos y Juntos por el Cambio, 27 millones de pesos.
Esa plata está destinada a la actividad ordinaria de los partidos. Solo puede utilizarse -y así debe rendirse- para pago de alquileres, el mantenimiento de las sedes partidarias y la capacitación, y no debería volcarse a la actividad proselitista. Sin embargo, una vez que esos fondos ingresan a los partidos se pierde su rastro y es difícil establecer su destino. El año pasado se giraron $626 millones de este Fondo Partidario Permanente, un 40% más que lo estipulado hasta ahora para este año. Todo esto por fuera de lo que reciben los partidos para la impresión de boletas.
