La Justicia desestimó un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para decretar la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, una asociación civil que conduce Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio. La fundación advirtió que la pretensión del organismo constituye una persecución a la institución y a la dirigente de Pro.
La medida, dispuesta por la jueza Alicia Álvarez, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 28, constituye un revés para el organismo oficial, que pretendía desplazar a los integrantes de la comisión directiva del instituto- La IGJ es conducida por el doctor Ricardo Nissen.
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La magistrada estableció que la IGJ, “debió utilizar otro mecanismo si buscaba la intervención de la entidad, ya que la propia normativa de la IGJ establece el procedimiento a seguir”. Advirtió, así, que se apartó de la normativa sin justificación y se excedió de lo establecido en su propia ley rectora.
La abogada de la asociación civil, doctora Silvina Martinez, afirmó que la acción de la IGJ “solo buscaba la persecución al principal dirigente opositor mediante la utilización de un organismo del Estado”.
“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad, o asistieron a las actividades que la asociación realizó”, señaló.
Y afirmó que, así, “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”. Sostuvo, en ese sentido, que “los funcionarios de la IGJ deberán responder por los daños y perjuicios ocasionados”.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó una resolución en la que le encomienda al Departamento de Asuntos Judiciales de la inspección a su cargo que promueva la acción judicial contra la fundación de Bullrich y que pida el “desplazamiento de los integrantes de la comisión directiva”; también, que la denuncie penalmente a ella por una supuesta violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Bullrich negó las acusaciones. Un vocero de la exministra dijo a LA NACION: “Tenemos una fundación con total y absoluta perfección y tomaron una decisión de jorobarnos, nada más. Les presentamos absolutamente todos los papeles solicitados. Vamos a seguir en la Justicia y vamos a ganar porque es total y absolutamente arbitrario. Vamos a presentar un recurso”.
