En sigilo, el Gobierno envió al Senado un paquete de pliegos que busca ubicar a funcionarios y dirigentes de fuertes vínculos con el kirchnerismo en cargos clave en el Poder Judicial, entre los que se destacan la nominación de María Laura Manín, de estrecho vínculo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en la estratégica sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional Civil y Comercial.
No es el único nombre que muestra el interés y el apuro del kirchnerismo por seguir colonizando el Poder Judicial antes del próximo recambio presidencial. Así, también aparece postulado Juan Rafael Stinco, un abogado de fuertes vínculos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para un juzgado del fuero contencioso administrativo, puesto clave para la resolución de conflictos que tienen al Estado nacional como protagonista.
El casting electoral de Cristina Kirchner en un polvorín económico
Los pliegos fueron enviados hace dos semanas a la Cámara alta. Pero como el Senado no ha sesionado desde entonces, no tomaron estado parlamentario, lo que impide que la Comisión de Acuerdos pueda poner en marcha el proceso para su tratamiento, que debería comenzar con la convocatoria, publicación de edictos en diarios de circulación nacional mediante, a la audiencia pública en la que los candidatos deben defender sus nominaciones.
Por esa razón, el oficialismo busca por estas horas armar una sesión para la última semana de mayo con el objetivo de que los pliegos puedan tomar estado parlamentario y, así, apurar su tratamiento para tratar de darles acuerdo antes de que las elecciones nacionales configuren un nuevo escenario político en el Senado que, según las encuestas, podría complicar aún más la endeble situación en la que quedó el Frente de Todos, que ya perdió su mayoría tras la partida de la bancada de cuatro senadores para conformar, junto con la peronista cordobesa Alejandra Vigo, el bloque Unidad Federal.
Manín es una de las funcionarias de mayor confianza de De Pedro y aspira a ocupar una vocalía en la sala de Defensa de la Competencia, tribunal de papel clave a la hora de aplicar sanciones en casos de prácticas monopólicas y de resolver fusiones entre compañías.
El papel de la funcionaria en el concurso no fue el más destacado: terminó undécima. Pero la estratégica nominación de varios postulantes con mejor nota a otros juzgados, para los que también habían concursado, le permitió al Poder Ejecutivo enviar su pliego al Senado.
La funcionaria es hermana de María Soledad Manin, que encabeza el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo controlado por el ala kirchnerista del Frente de Todos. Ambas son hijas de Manuel Manín, dirigente peronista que fue intendente de Lobos entre 1991 y 1995.
Más nominaciones
En un movimiento que mantiene desconcertada a la oposición, el Gobierno nominó para otra de las vocalías del tribunal de Defensa de la Competencia a Humberto Carlos Guardia Mendonca, un abogado que cuenta con antecedentes en la materia.
De hecho, fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, órgano que depende del Poder Ejecutivo, y firmó el dictamen que avaló la fusión de Cablevisión y Multicanal, aprobada por un decreto de Néstor Kirchner un día antes de entregarle el bastón presidencial a Cristina Kirchner.
Aquella decisión se convirtió, con el tiempo, en unos de los caballitos de batalla de Cristina Kirchner para cuestionar el poderío del Grupo Clarín. Además de Guardia Mendonca, aquella operación obtuvo la luz verde de Diego Pablo Povolo. Ambos dejaron en minoría al entonces presidente del organismo, José Sbatella, que votó en disidencia.
En el caso de Stinco, que está postulado para el juzgado nacional Contencioso Administrativo 7 con asiento en la Capital Federal, sus vínculos con Kicillof vienen de la época en la que el actual gobernador era ministro de Economía de Cristina Kirchner. Fue su asesor en el directorio de YPF. También integró el directorio de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
Stinco es, además, protagonista de un hecho poco común. Está por superar su segundo acuerdo en poco más de dos años, ya que en 2021 fue designado juez civil y comercial por el Senado. Ahora tendrá que enfrentar a los senadores de la Comisión de Acuerdos en persona, ya que su anterior audiencia fue por videoconferencia como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
El lugar de Sergio Massa en el armado electoral de Cristina: un dilema que impacta de lleno en la economía
Otro caso que se destaca entre los últimos pliegos remitidos por el Gobierno es el de de Juan Tomás Rodríguez Ponte, nominado para el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora.
Rodríguez Ponte era el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) cuando se filtró el famoso audio de la conversación entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.
El ahora postulante a juez federal negó siempre que el organismo a su cargo haya sido el responsable de la filtración de aquella conversación privada. Rodríguez Ponte también fue secretario interino en el juzgado de Ariel Lijo y es hijo de José Rodríguez Ponte, un dirigente radical que en 2015 asumió como intendente de General Lavalle (Buenos Aires).
