El futuro del juez federal de Mendoza Walter Bento depende de una ajustada votación que se realizará en el 31 de mayo en el Consejo de la Magistratura, donde se debe decidir si se lo suspende y se le inicia juicio político, pues está procesado ocho veces, acusado de recibir coimas para favorecer a presos por narcotráfico y contrabando, y de enriquecimiento ilícito.
Bento, investigado por la Justicia desde hace mas de dos años, sigue en funciones firmando sentencias, más allá de su situación judicial. De hecho, está previsto que el 26 de julio próximo comience un juicio oral y público en su contra por los delitos penales por los que se lo acusa.
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Más allá de este proceso judicial, donde se determinará si es culpable o no, en el Consejo de la Magistratura se realiza otra investigación, que puede derivar en que se decida su suspensión y su juicio político para conseguir su destitución como juez.
La semana pasada, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió, con el voto de los consejeros de la oposición, llevar al plenario el dictamen realizado por consejeros de Juntos por el Cambio Miguel Piedecasas (abogado), Eduardo Vischi (senador por Corrientes-UCR) y Roxana Reyes (diputada por Santa Cruz-UCR), que promueve la suspendió, acusación y enjuiciamiento del magistrado por mal desempeño.
El kirchnerismo se abstuvo en la votación porque entiende que el dictamen es deficiente. Rodolfo Tailhade argumentó que al atar el juicio político a la causa penal hay riesgo de que la justicia descarte los hechos imputados como delitos y el caso quede en la nada.
El kirchnerismo tiene seis representantes en el Consejo: el representante de los abogados y exdiputado Héctor Recalde, su hijo y senador nacional Mariano Recalde (CABA), la senadora María Inés Pilatti Vergara (Chaco), los diputados Tailhade (Buenos Aires) y Vanesa Siley (Buenos Aires) y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
Para que el juicio político prospere son necesarios 13 votos, es decir, dos tercios de los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura. Hoy los votos seguros para promover el juicio político de Bento y suspenderlo son los cuatro de la oposición: Álvaro González (diputado de Pro-CABA); Piedecasas, Reyes, Jimena de la Torre (abogada-Juntos por el Cambio).
Los jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña de la Lista Bordó, la más crítica del Gobierno, también votarían por enjuiciar al magistrado, al igual que Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. El juez Alberto Lugones, de la Lista Celeste, con mejor relación con el oficialismo, dijo que vio “más declaraciones que hechos en el dictamen” y no adelantó su voto. No dijo que iba a rechazar el dictamen, pero tampoco apoyarlo.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, está preocupado por el caso del juez Bento y la reactivación del trámite de su investigación fue una de las primeras decisiones que tomó cuando asumió en el cuerpo y los consejeros aún no se habían reunido. Reunió 18 firmas de los consejeros para excluir a Bento de un examen para ascender a camarista, pues ya estaba procesado por corrupción.
Con el voto de la oposición y el de los jueces, incluido el de Rosatti, se suman ocho voluntades para destituir al magistrado. Hay suspenso sobre cómo votará Lugones, aunque el voto del presidente de la Corte puede llegar a convencerlo. Lugones también tiene interés en colocar en las ternas de tribunales vacantes a jueces de la Lista Celeste y se aviene a conversar.
Del lado de los académicos no se han pronunciado en público, pero dijeron que en sus decisiones acompañarían a Rosatti. Son Fernanda Vázquez y Hugo Galderisi, orientados por el exconsejero Diego Molea, y Guillermo Tamarit, cercano al diputado radical Emiliano Yacobitti.
Aún en ese escenario, para llegar a los 13 votos sería necesario el apoyo de Lugones o que alguno del resto de los consejeros oficialistas esté ausente. “Todos están trabajando para conseguir los votos, pero aún es temprano”, dijeron a LA NACION consejeros de la oposición.
En el oficialismo juran que no tienen ninguna orden política de lo más alto del kirchnerismo para proteger al juez Bento y que no está decidido que vayan a votar en contra del juicio político. En cambio, explican que cuestionan el dictamen de acusación porque está atado al juicio penal; señalan que tiene falencias y que lo van a discutir en el plenario.
En la oposición sospechan que el kirchnerismo se pone en esta actitud, sin conceder de antemano el voto, para levantarse el precio y negociar alguna otra cuestión que les interese. Uno de los consejeros oficialistas mencionó, por ejemplo, los casos de las vacantes de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, prioridad para el kirchnerismo y que la oposición no piensa entregar.
Ambos camaristas fueron traslados a ese tribunal durante la presidencia de Mauricio Macri, pero la Corte Suprema decidió que debían retornar a sus tribunales de origen cuando se hiciera un concurso para cubrir las vacantes que dejarán en la Cámara Federal. El concurso concluyó, hay ternas de candidatos propuestos por el oficialismo, pero la oposición no está dispuesta a votar esas ternas y prefiere mantener el statu quo.
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Conseguir los votos para que avance el juicio político contra el juez Bento a cambio de flexibilizar el tratamiento de este concurso es un precio demasiado alto para la oposición, pero hay otras ternas que interesan al oficialismo y a los representantes de los jueces para los que se necesitan los dos tercios de los votos, incluidos los de la oposición, por lo que la conversación está abierta.
