Quitar subsidios en medio de una escalada inflacionaria es subir la escalera mecánica en el sentido inverso: el caminante se esfuerza, pero está siempre en el mismo lugar o avanza menos de lo que quisiera. Es lo que ha empezado a pasarle últimamente al Gobierno: paga el costo político del ajuste y, sin embargo, no ahorra todo lo que se propone.
Un informe de la consultora Economía y Energía (EyE), que conduce Nicolás Arceo, indica que, pese a los últimos aumentos de tarifas, los usuarios de ingresos medios de gas, el único segmento todavía subsidiado parcialmente, denominado por el Gobierno “Nivel 2″, pagarán en junio próximo un 10% menos en términos reales que hace un año. Y con la electricidad todavía se está arriba, pero por poco: el alza nominal para ese universo de la población, del 128%, quedará reducido a apenas un 5% real. El ahorro fiscal dependerá entonces mayoritariamente de aquellos que se han despedido por completo de los subsidios, el “Nivel 1″, los de ingresos más altos: en electricidad estarán en junio 154% por sobre lo que pagaban hace un año, y en gas, 37%.
Como se trata de tarifas que se aplicarán el mes próximo, Arceo emplea para el trabajo la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el sondeo que hace el Banco Central entre consultoras y bancos, pero la experiencia reciente indica que la realidad termina siendo más cruda. Más allá de cómo resulten los números finales, lo concreto es que la sociedad padecerá el problema por partida doble. Tiene sentido porque, en el fondo, inflación y subsidios son de alguna manera parte del mismo enredo: para terminar de cubrir el costo total de la energía, el Gobierno recurre a la emisión monetaria, que inunda de pesos la plaza y repercute en los precios de todos los bienes. Y así.
La Argentina está enfrascada en este pantano desde 2002, cuando Eduardo Duhalde impulsó por primera vez la ley de emergencia económica que se interrumpió durante los años Macri y volvió en 2019 con Alberto Fernández. Desde 2011, según indica EyE sobre la base de informes de la consultora ASAP, que trabaja con datos del Presupuesto, el Estado destinó 126.000 millones de dólares a subsidiar la energía.
La cifra es de por sí escandalosa en valores absolutos, pero más si se la contrasta con bienes, activos o, peor, un contrafáctico: lo que podría haberse hecho con esos recursos. Equivale, por ejemplo, casi a los 173.000 millones de dólares que tiene el Fondo Soberano de Noruega, el más grande del mundo, un fondo anticíclico que administra desde hace 26 años el Norges Bank Investment Management, banco central del país nórdico, y sirve para hacer frente a las crisis. ¿Qué habría pasado si la Casa Rosada hubiera aprovechado desde 2002, momento en que se inició la era de términos de intercambio más favorable de la historia gracias al crecimiento de China e India, para depositar esos recursos en una cuenta destinada a gastar en años de vacas flacas?
¿Y si los hubiera empleado en construir gasoductos como el Néstor Kirchner, que pretende inaugurar el mes próximo? Impresiona más en tiempos de escasez de divisas. El ministro de Economía, Sergio Massa, confía en que esa obra le permita a la Argentina atenuar el déficit energético, que el año pasado osciló los 4500 millones de dólares. Los 126.000 millones de subsidios desde 2011 habrían alcanzado para unos 63 gasoductos así. Pero tal vez podrían haberse aprovechado en otros emprendimientos. Por ejemplo, la mejora del servicio ferroviario para dejarlo en condiciones acordes con las del mundo desarrollado. Un trabajo que la fundación Benito Roggio hizo en 2010 propone algo así sólo por un cuarto de la suma. Lo publicó en el libro “Plan Ferroviario Argentina 2020: una vía hacia el futuro”, que establece un sendero progresivo de aumentos en 18 meses para el boleto y sólo 10% de pasajeros con tarifa subsidiada. Era una idea ambiciosa: incluía subterráneo en Córdoba; tranvía en Rosario; servicio de trenes Retiro-Ezeiza para unir los dos aeropuertos; material rodante para el subte porteño y el tendido suburbano; electrificación de la línea San Martín; modernización de las vías de todo el país para duplicar la cantidad de pasajeros y triplicar la carga, y con esas reformas, inaugurar algunos recorridos de larga distancia al interior.
Ese proyecto costaba 32.690 millones de dólares. Pero la Argentina prefirió subsidiar la luz y gas del área metropolitana. Injusta con el interior y de efecto final inflacionario, la política energética de los últimos 20 años expone en primer lugar lo que el país no quiso ser.
