A poco más de seis meses de la entrada en vigor del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) podemos evaluar su evolución y funcionamiento, que le dio al Estado argentino una potentísima herramienta para regular no solo las importaciones de bienes, sino también los pagos de aquellas y por los servicios contratados al exterior, a través del SIRASE.
El primer gran objetivo alcanzado por el Gobierno fue correr del juego a dos grandes grupos de importadores: aquellos sin suficiente capacidad económico-financiera (CEF) y a quienes habían interpuesto recursos ante la Justicia.
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A ambos directamente se les impidió registrar nuevas solicitudes, incluso sin importar si la medida cautelar siquiera había sido obtenida. Esto ha desalentado nuevos reclamos de este tipo, ya que los pocos que se han interpuesto han tenido fallos disímiles, y ninguno se refiere a lo medular del sistema, la prohibición que de hecho significa la “observación” por tiempo indefinido de los organismos actuantes. Esto porque, una vez registrada la declaración y completados todos los requisitos solicitados por cada organismo, puede pasar 90 días en dicho estado sin que haya pronunciación alguna, y aquella indefectiblemente queda “anulada”.
A esto se suma la casi total incomunicación directa con los funcionarios. Para intentar morigerarlo, ya desde el SIMI el Gobierno había establecido canales con algunas cámaras o confederaciones empresariales, quienes sirven de nexo con sus asociados y así proporcionar información relevante sobre las reales necesidades de importación.
Varias incluso desarrollaron sistemas web para filtrar los pedidos más críticos. De todas maneras, esto no siempre es eficiente y quedan casos puntuales, pero con graves perjuicios económicos por la demora en resolver. Esencialmente, porque el sistema no permite rectificar ningún dato de la declaración y aquellos casos donde, por lógicos errores humanos en alguno de los datos inalterables, como puede ser el origen de la mercadería o la posición arancelaria, esta debe ser realizada de nuevo, entrando en el mismo circuito original de análisis, con la lógica incertidumbre comentada. ¿Por qué esto es un problema? Porque -en caso de no ser rectificado alguno de dichos casos en la SIRA- la legislación aduanera es extremadamente rigurosa ante posibles declaraciones inexactas y los procedimientos de defensa y liberación bajo garantía aún son muy lentos, pudiendo permanecer meses en depósito fiscal.
La única información oficial sobre la gestión del SIRA fue proporcionada en marzo pasado por el Ministerio de Economía respecto a las declaraciones realizadas entre octubre de 2022 y febrero de este año, mostrando que casi 22.000 empresas las solicitaron y se aprobaron 19.000 solicitudes, con un ratio de aprobación respecto a lo solicitado de 98% para las grandes versus 87% para las Pymes.
Recientes denuncias periodísticas referidas a negociados en torno a la aprobación de algunas declaraciones agravaron la situación. Probablemente en respuesta a esto se presentó “Importa PYME”, una plataforma de autogestión asistida para dar transparencia y trazabilidad a todo el proceso de importación, destinada a aquellas micro y pequeñas empresas, aunque aún no se ha publicado la norma que impulse su creación y reglamentación.
Mediciones privadas con muestras que representan aproximadamente el 20% del total de declaraciones realizadas en el SIRA dicen que, en los últimos 30 días, el 39% de las empresas no han obtenido ninguna aprobación, mientras que al 30% se le aprobaron todas.
El otro gran objetivo del Gobierno con el SIRA tuvo que ver con la regulación del flujo de divisas, complementado con la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (Ccuce), autorizando para cada declaración un plazo desde la importación efectiva de la mercadería para realizar el pago, siempre que la mercadería o la operación no se encuentre en alguna de las excepciones previstas, entre ellas la de bienes de capital o hasta US$50.000 al año en cualquier plazo, incluso de manera anticipada. De todos modos, a ciertas actividades se les permite el pago anticipado, como la energía, el aluminio o a quienes ingresaron al programa de Precios Justos. A otras se les da 30 días (autopartes, frutas y hortalizas, etc.) o más. Para las restantes, según su tamaño, podrán tener 90 o 180 días.
Con la activación del swap de divisas con China, el Gobierno ha estado autorizando las SIRA en yuanes más rápidamente y otorgando plazos de pago más cortos.
Por el lado del ingreso de divisas, el ritmo devaluatorio en principio no está ayudando para que los exportadores del agro adhieran al nuevo Programa de Incremento Exportador, el tercero para la soja, sumado a la gravísima sequía que mermó las cantidades exportables. Por consiguiente, el panorama luce sombrío para los próximos meses, con mayores demoras en las aprobaciones y alargamiento en los plazos de acceso al mercado de cambios.
