QUITO.- Menos de 24 horas después de haber finalizado la primera sesión del juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aplicó el recurso constitucional denominado “muerte cruzada” para evitar ser destituido por las acusaciones de peculado.
Lasso, acusado de haber hecho caso omiso a irregularidades en un acuerdo firmado por la empresa pública petrolera Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares, compareció ante la Asamblea ayer en un debate que duró casi doce horas, donde sostuvo que no hay pruebas en su contra y apuntó que la campaña tiene más tintes políticos que legales.
Del juicio político a la muerte cruzada
La oposición necesitaba superar el umbral de 92 votos para destituir automáticamente al mandatario, de lo contrario Lasso quedaría en el cargo y blindando frente a futuras acusaciones por los mismos motivos.
No obstante, Lasso se adelantó y optó por otro escenario: la muerte cruzada. La medida, consagrada en el artículo 148 de la Constitución de 2008, implica la renovación de todas las instituciones del país sudamericano, incluidos la presidencia y el Parlamento.
El jefe de Estado tiene potestad para disolver la Asamblea si considera que se cumplen ciertos criterios, por ejemplo si hay una “grave crisis política” y “conmoción interna” en el país.
Esta facultad, solo puede ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de mandato.
El debate sobre la muerte cruzada
En un artículo publicado en la revista Americas Quarterly, las expertas Estefanía Terán y Camila Ulloa señalan que la “muerte cruzada” ha sido un tema de debate desde su creación. “Algunos argumentan que puede ayudar a resolver las crisis de gobernabilidad desde una perspectiva institucional, y que la mera amenaza o posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional podría acelerar las decisiones o permitir la expresión de la disidencia antes de que se derrame en las calles”, dicen las autoras. El mecanismo fue incluido en la Constitución por Rafael Correa, después de de los finales prematuros de tres mandatos presidenciales entre 1996 y 2005 por graves disturbios (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez).
“Pero otros ven la muerte cruzada como una medida hiperpresidencialista que socava la separación de poderes y podría exacerbar las protestas y el conflicto social, si, una vez aplicada, el gobierno carece de capacidad para gobernar y abordar los problemas que condujeron a la crisis política en primer lugar”, agregan las autoras.
Cómo sigue
El Consejo Nacional Electoral deberá convocar en un plazo máximo de siete días la doble cita electoral -parlamentaria y presidencial- que implicaría renovar de nuevo los poderes aunque sólo “para el resto de los respectivos períodos”.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá, con previa aprobación de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, según el texto constitucional.
“Este es el mejor escenario para el correísmo porque en los próximos 45 días tendríamos elecciones”, sostuvo Rafael Oyarte, constitucionalista y analista político.
La muerte cruzada es, para Oyarte, “notoriamente una irresponsabilidad política del presidente” dado que “para evitar su destitución, permanece en el cargo tres o cinco meses más, dependiendo si hay o no segunda vuelta presidencial, y le entrega la banda presidencial a alguien de izquierda”.
El bloque opositor le había advertido a Lasso de que recurrir a esta vía aumentaría aún más la tensión política y social, pero el mandatario no sólo coqueteaba con ella sino que ha sugerido que, de haber comicios anticipados, sería de nuevo candidato.
La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso que ha visto cómo su popularidad ha descendido en los sondeos. Aun así, cerca de un 39% de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5% que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5% que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.
Más del 28% de las 1900 personas encuestadas respaldaba el invoque de la “muerte cruzada”.
Agencias AFP y DPA
