MENDOZA.- La Justicia federal puso primera en el proceso penal contra Walter Bento, el poderoso juez federal con competencia electoral de Mendoza acusado de liderar una banda que cobraba coimas a cambio de otorgarles beneficios a presos por narcotráfico y contrabando. De esta manera, este lunes se definió en los tribunales la fecha de inicio del juicio: el 26 de julio, tras la feria judicial de invierno.
La decisión se tomó luego de la audiencia preliminar, sin la presencia de Bento, donde se acordaron las pruebas y testigos que serán parte del debate oral y público, el cual estará presidido por la magistrada de San Luis, Gretel Diamante. Completarán el tribunal las juezas Carolina Pereira, también puntana, y su par sanjuanina Eliana Rattá.
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En tanto, esta semana, tras una nueva dilación, se esperan avances en el Consejo de la Magistratura: la Comisión de Acusación votará el dictamen acusatorio contra Bento, elaborado por el diputado y exconsejero de Pro Pablo Tonelli, para luego someterlo a la deliberación del pleno del organismo, lo que desembocaría en el pedido de suspensión y posterior juicio político. Recién resuelta esa instancia final el juez perdería los fueros y quedaría detenido.
De todas maneras, si el proceso se acelera, el magistrado federal ya no será el encargado de celebrar las elecciones PASO provinciales del 11 de junio. “Son muy importantes los avances, para no tener que ver a Bento sentarse en el banquillo de los acusados con traje y corbata. Este miércoles 17 se estaría votando en la Comisión de Acusación; y el 31 de mayo se reuniría el plenario del Consejo para votar eventualmente el dictamen”, indicó a LA NACION una alta fuente de los tribunales mendocinos, quien apuesta a que los procesos no sean extensos. “Si dan los números en el Consejo, habrá suspensión y pase al jurado de enjuiciamiento para que lo juzgue. Eso sí, si hay destitución, por los tiempos, no llegará detenido al inicio del juicio, pero quizás sí durante el trámite del debate”, completó.
Junto con Bento, unas 30 personas deberán responder ante el tribunal, entre las que se encuentran contrabandistas, abogados, policías y familiares del magistrado, quien no participó en la audiencia preliminar realizada en los tribunales, ubicados en calle España y Pedro Molina de la capital provincial. En este primer encuentro, comandado por las camaristas, estuvieron Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, abogados defensores del titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, además de un par de procesados y los fiscales del caso.
Tras la investigación realizada por el fiscal general Dante Vega, bajo el liderazgo del juez federal Eduardo Puigdéngolas, Bento tiene fuertes cargos en su contra: se lo acusa, principalmente, en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. De hecho, todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El resonante caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas que se convirtió en informante policial e intermediario que cobraba el dinero, supuestamente en nombre del magistrado, con el objetivo de favorecer a quienes estaban bajo causas en el juzgado a cargo de Bento. Las llamadas y mensajes que había intercambiado Aliaga con el juez, a quien tenía agendado como “primo”, fueron determinantes para avanzar en la causa.
Mientras se aguarda el inicio del juicio para fines de julio, los ojos están puestos esta semana en lo que decidan, finalmente, los consejeros de la Comisión de Acusación, en base al dictamen de Tonelli, que dejó en claro la gravedad de la denuncia contra Bento.
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“Se tuvo por probado que el magistrado ha incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita; ha experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y ha desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito; ha cometido actos de falsedad ideológica; y ha cometido actos de infracción al deber de un magistrado”, señala el documento elaborado por el exconsejero.
De aprobarse esta resolución, será sometida al pleno del cuerpo, que podría llevar a Bento a juicio político, si decide avalar, por mayoría especial, la investigación. De esta manera, el poderoso magistrado quedaría a un paso de la destitución.
