El juez federal Leopoldo Bruglia, trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri a la estratégica Cámara Federal porteña, demandó el viernes pasado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. Lo acusa de haberlo difamado y le reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos.
Según Bruglia, el Presidente debe retractarse de sus dichos porque fue el responsable de una “difamación pública” en su contra “con argumentos falaces y ataques a la investidura” de juez federal, y eso le causó “daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral– daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.
El juez acusa a Fernández de haber propagado sus falsas acusaciones “exponencialmente” y “sin límite alguno”. Dice que el Presidente llegó con su mensaje “a la comunidad toda” y que incluso transgredió “los límites nacionales” con “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad de juez.
“Provocando además -afirmó Bruglia-, daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad, dañando diversos aspectos de mi vida por la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada por el accionado en la red social Twitter, a través de la publicación de una sucesión de tweets, incurriendo así en la transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe, entre otros, los que deben primar en el trato entre las personas en general y en especial porque los hechos públicamente transmitidos son absoluta y totalmente mendaces, en tanto, no cuentan con asidero ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho.”
