El Gobierno le quita $156,3 millones a la Armada para financiar partidas del Ministerio de Desarrollo Social

En un año en el que el presupuesto de las Fuerzas Armadas creció por debajo de la inflación, el Gobierno dispuso una reasignación de partidas y le quitó a la Armada $156,3 millones para destinarlos a programas de equidad y asistencia del Ministerio de Desarrollo Social.

Así quedó plasmado en la Decisión Administrativa 356/2023 de la Jefatura de Gabinete, firmada por Agustín Rossi, que reordenó partidas del presupuesto nacional. La medida generó críticas en ámbitos vinculados con el sector castrense por un “proceso de degradación de recursos, que afecta dramáticamente el funcionamiento diario de nuestro instrumento militar”, advirtió a LA NACION el presidente del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad (Cedyseg), el exdiputado nacional Carlos Fernández (UCR).

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Voceros de la Armada consultados por este diario confirmaron la reducción de los fondos, que eran solventados por un crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Relativizaron, sin embargo, el impacto de la rebaja, al argumentar que “no resulta significativa en términos porcentuales y no afecta el funcionamiento de la fuerza”.

La posición oficial contrasta con la visión del exlegislador Fernández, que presidió la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Advirtió que esos recursos estaban destinados a la adquisición de repuestos y al funcionamiento propio del arma.

Fernández recordó que el monto asignado para el funcionamiento de todo el instrumento militar en 2023 es de $51.756 millones, lo que representa un aumento del 47% respecto de 2022, cuando la inflación de este año se ubicaría cerca del 126%, el doble de lo proyectado por el Gobierno. “Con estos índices, en términos reales se reducirá el presupuesto operativo militar en un 79%”, indicó.

La preocupación por la reducción de los recursos se extiende al Foro Argentino de Defensa (FAD), que denunció “el grave estado de desinversión que atraviesa el sector, que superaría los 60.000 millones de dólares”. El cálculo coincide con proyecciones que recientemente realizó el exministro del área Ricardo López Murphy, candidato a la jefatura de gobierno porteño por Juntos por el Cambio.

El presidente del FAD, Santiago Lucero Torres, advirtió que las Fuerzas Armadas están “en riesgo operacional” y dijo que los presupuestos de Defensa de 2022 y 2023 constituyen “los más bajos de la historia en cuanto a porcentaje del PBI”

“Ministerio prescindible”

“Frente a la realidad de la inflación, el Gobierno no solo no aumenta el presupuesto, sino que lo reduce. El gesto es simbólico, pero muy real. Al quitar $156 millones a la Armada, que iban a ser utilizados para adquirir repuestos muy necesarios, el oficialismo muestra que considera la defensa nacional como una variable de ajuste, un ministerio prescindible”, describió.

Fernández recordó que cuando el ministro de Defensa, Jorge Taiana, concurrió al Congreso para defender el presupuesto 2023, estimó que el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que debe representar por ley el 0,8% de la recaudación corriente y es crucial para la modernización de las Fuerzas Armadas, llegaría a $160.000 millones. “La realidad es que en el presupuesto 2023 aprobado solo figuran $34.000 millones”, dijo, al advertir que hay una subejecución del Fondef.

Recordó el exlegislador que el presupuesto de funcionamiento de Defensa para el actual ejercicio solo alcanza para 60 días de navegación y adiestramiento naval técnico y táctico. “Hace diez años, la Armada tenía a su disposición 358 días de navegación. Pasamos de una fuerza que se adiestraba todos los días del año a un elemento clave que solo funciona 30 días al año”.

Agregó que el caso del Ejército es similar. “Según el presupuesto, dispondrá de apenas tres días de adiestramiento operacional en campaña -fuera de sus cuarteles- y de 15 de adiestramiento operacional en las guarniciones. El adiestramiento fuera de los regimientos, cayó casi un 90% en 10 años”, precisó el titular del Cedyseg.

Fernández concluyó que “si la Argentina quiere ser un país que proyecte confianza y seriedad al mundo y atraiga inversiones, debería poder defender y proteger nuestros valiosos recursos”.

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