El exadministrador de la Corte Héctor Daniel Marchi declaró bajo juramento ante la Justicia que es una víctima de los desmanejos de la obra social del Poder Judicial, al testificar ante el juez federal Ariel Lijo, que investiga supuestas irregularidades en la gestión del organismo.
Lo mismo que dijo ante la Comisión de Juicio Político cuando responsabilizó al juez Juan Carlos Maqueda lo dijo ahora ante Lijo, pero “nada concreto” como para una imputación sobre el magistrado, que no está imputado en la causa, dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.
Marchi habló de que hay una conexión entre sus denuncias de irregularidades y su desplazamiento de la Corte, señaló a Maqueda y luego al juez Horacio Rosatti, y responsabilizó al funcionario Silvio Robles, que responde a Rosatti, como “el gran responsable de la persecución y la informalidad” en la Corte.
Marchi fue desplazado de la Corte el mes pasado, en medio de una puja interna entre los jueces del tribunal. Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda dispusieron una reorganización administrativa y corrieron a Marchi, todopoderoso funcionario que administraba desde hacía más de 15 años los 36.000 millones de pesos del presupuesto de la Corte y los 150.000 millones del fondo anticíclico del máximo tribunal.
Quien acudió en defensa de Marchi fue el juez Ricardo Lorenzetti, pues el funcionario es un hombre de su confianza. Lorenzetti, al firmar una disidencia en la acordada que desplazó a Marchi, dijo que su alejamiento era una venganza de sus colegas contra el funcionario porque Marchi denunció irregularidades en la obra social. Lorenzetti fue muy duro con sus colegas jueces y exhibió públicamente facturas internas en el tribunal.
Marchi, tras su desplazamiento de la Corte, compareció ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como testigo, aprovechado por el kirchnerismo para responsabilizar al juez Maqueda de no haber hecho cesar supuestas irregularidades en la obra social de los empleados judiciales.
Tras esa declaración, Marchi debía hoy contestar en la Comisión de Juicio Político las preguntas de los diputados de la oposición, pero ese trámite se suspendió porque debió declarar como testigo ante Lijo.
En el juzgado de Lijo, Marchi reiteró sus acusaciones sobre Maqueda, las mismas que había efectuado ante la Comisión de Juicio Político.
“Soy una víctima”, dijo el testigo y señaló: “Es raro que con 150.000 millones de reservas y cero pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada”.
Dijo que siempre se llevó bien con los jueces durante las presidencias de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, “sin objeción alguna durante 15 años”.
“El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos. No tengo ningún rencor ni animosidad contra los jueces de la Corte, pero los lineamientos que han guiado mi trabajo durante todos estos años, y que fueron compromiso de mi parte con los entonces siete ministros de la Corte que me honraron con la designación, no los dejaré nunca de cumplir”, sostuvo.
“He informado irregularidades gravísimas de la Obra Social en la Audiencia ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados e informé de ciertas presiones que habían sufrido funcionarios cercanos a mi persona, por lo que cumplo en dejarlo asentado en este juzgado”, señaló el funcionario.
Recordó que la Corte ordenó una auditoría basada en su informe de supervisión. “En él se denunciaron gravísimas irregularidades en la Obra Social. Inclusive las notas de la propia Obra Social dan cuenta de estas irregularidades. Por lo tanto es una información objetiva, contable y probada. No es una mera declaración. Todos los informes de supervisión, recomendaciones y el acta final de trabajo, y los papeles de trabajo que incluyen más de 18.000 fojas, fueron entregados a la presidencia del Tribunal para su remisión a la Comisión de Juicio Político”.
Sobre el control de la Obra Social insistió en que “el Dr. Maqueda fue quien estuvo a cargo de la Obra Social hasta el 2021. Este hecho es innegable por las siguientes razones: el Dr. Maqueda lo reconoce expresamente en el mail que se leyó en la Comisión de Juicio Político y que el mismo envió a esa Comisión; antes de que yo ingresara, la Corte, el Consejo y la Obra eran una sola unidad y controlada por el administrador”.
Mas allá de estas expresiones, la Corte envió al Congreso una nota en la que señaló que Maqueda no era supervisor de la Obra Social pues ningún acto daministrativo lo designaba en esa tarea y sostuvo que eran facultades de la administración que llevaba Marchi el supervisar el organismo.
Marchi declaró ante Lijo: “Cuando presidió [la Corte] el Dr. Lorenzetti, se distribuyeron las áreas entre los ministros (Zaffaroni y Lorenzetti en el CIJ, Argibay en el cuerpo médico forense y la oficina de la mujer; Highton en la oficina de violencia doméstica, etc.). Maqueda quedó a cargo de la Obra y pidió expresamente que no se lo incluyera en una acordada, lo que conozco porque a mí me toca certificar las acordadas; el Dr. Lorenzetti, que era presidente, me dijo que era decisión de Maqueda y este lo ratificó”.
El funcionario señaló que “el 7 de abril de 2008 se aprobó el estatuto de la Obra con un directorio (Acordada 5/2008) que rigió hasta el año 2021″ y relató que “había un directorio, un ministro a cargo y ello rigió pacíficamente durante 13 años, sin ninguna participación de la Administración”.
Dijo que fue el juez Maqueda quien propuso al director Aldo Tonón y a Claudia Madies, y que al poco tiempo el magistrado “hizo renunciar” a Madies y quedó solamente el Dr Tonón.
“La designación del médico personal Tonón y de la secretaria privada Marta Herrera es una prueba clarísima sobre el control de Maqueda sobre la Obra Social”, afirmó Marchi. Además dijo que en el mail que leyó la comisión, el juez reconoció que el personal de su vocalía también participaba en otorgar turnos y otros trámites.
Marchi consideró que “el Dr Maqueda renunció a su rol en la Obra Social y propuso que la administración supervise”. El juez Rosatti, dijo, propuso al Dr Althabe, que fue contratado el 15 de octubre de 2021. “El control siguió en manos de Dr. Maqueda y del Dr. Rosatti, pues en el Directorio siguieron Tonón y Althabe. Prueba de ello es que la administración solo presentaba informes”.
Insistió en que las pruebas de que el control lo tuvieron primero Maqueda y luego, Rosatti y Maqueda son contundentes. “Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mí mismo, y la Obra Social hubiese tenido una administración mejor, solo basta ver las 30 recomendaciones que le hice a la Obra Social”, afirmó.
Contra Robles
Marchi denunció la informalidad en la Corte y acusó a Silvio Robles, funcionario de Rosatti. Los responsabilizó de haber ejercido “el control de hecho” y lo culpó de “la informalidad y los ataques” que, según Marchi, hay dentro del tribunal. “Promovió mi desplazamiento y está designando personal en áreas claves como seguridad, administración etc.”, dijo sobre Robles.
Marchi acusó a Robles de “amenazar a varios empleados, diciéndole que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerlo porque de lo contrario los traslada”. Según Marchi, Robles le hizo saber a una persona de la Corte que trabajaba con él que no querían seguir viéndolos caminando juntos (al funcionario y a Marchi), y le advirtió, a él y a otro funcionario: “Puede seguir acá o irse a Siberia”.
La Comisión Interna de Empleados de la Justicia Nacional de la Corte salió a replicar a Marchi y dijo que por el contrario el era quien propinaba malos tratos a los empleados.
Marchi denunció además, como en el Congreso, que Robles “no comunicó debidamente” el último informe de la auditoría sobre la Obra Social presentado respecto de la gestión de Althabe, que es el actual director propuesto por Rosatti. De esta manera, dicho informe no llegó a todos los ministros, sostuvo. “Silvio Robles lo recibió el 26 de agosto de 2022 y este informe fue el que creó el principio de todos los problemas ya que el Dr. Rosatti no quería ni recibirlo ni publicarlo”, afirmó Marchi.
Además, el exadministrador dijo que tras declarar en el Congreso sufrió “situaciones puntuales” de presión. “Tienen como objetivo buscar desacreditarme y ejercer una presión sobre potenciales testigos que quieran declarar situaciones anormales”, afirmó. Dijo que el comunicado de Prensa de la Junta Interna de la Corte donde lo critican es una de ellas y otra, el comunicado del Directorio de la Obra Social que desacredita sus afirmaciones.
