En una significativa escalada en el conflicto con el Gobierno, las organizaciones de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), preparan una nueva y masiva movilización para este miércoles. Ante la falta de respuestas del ministerio frente a sus reclamos por las suspensiones de los planes Potenciar Trabajo, el frente piquetero marchará hacia el ministerio de Desarrollo Social desde el Obelisco, cortará la 9 de julio cerca de las 15 y realizará un acampe que duraría hasta el jueves.
Al igual que el martes pasado, en la que la UP se manifestó en todas las provincias, la protesta es de carácter nacional y tendrá réplicas en distintos puntos del país, aunque todavía, aseguran desde Libres del Sur, una de las organizaciones que compone el frente, no cuentan con el “mapa completo de los acampes”.
“Esperábamos que nos trajeran una solución”, le dijo Silvia Saravia a LA NACION, en alusión a la reunión que los grupos piqueteros mantuvieron con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social. La líder de Libres del Sur cuenta que en todas las provincias se está terminando de definir el curso de acción, pero asegura que habrá acampes a lo largo y ancho del país.
“Queremos respuestas concretas a los problemas”, sostiene Saravia.
El eje del conflicto con el Gobierno es la suspensión de los 154.441 planes del Potenciar Trabajo, anunciados por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a mediados del mes pasado, a partir de una auditoría que buscaba acreditar la identidad de los beneficiarios para “regularizar” el programa. La medida tuvo una serie de prórrogas. Este miércoles se vence el plazo para que los beneficiarios afectados por al suspensión regularicen su situación.
Las distintas organizaciones sociales que conforman la unidad piquetera denuncian una serie de trabas e inconvenientes en el proceso de validación de datos. El procedimiento es virtual y se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, uno de cuyos problemas, según refieren, es la validación del rostro. Por ello, uno de los principales reclamos de los piqueteros es la apertura de nuevos centros de validación presencial.
“Pusieron 60 puntos de validación presencial, pero en la provincia hay 165 municipios. Es muy difícil para quien no está habituado a la tecnología”, sostiene Saravia, que a contrapelo de lo que sostienen en la cartera que conduce Tolosa Paz, asegura que la auditoría está lejos de “transparentar” el proceso y que “lo más afectados son los que están en peores condiciones”
“Las suspensiones son los casos con más dificultades. El que es más piola, el que tiene más acceso, ya hizo la validación. Y eso no significó que está trabajando en algún lugar”, dijo en relación a la contraprestación que deben realizar los beneficiarios de los planes sociales. “Hacer la validación no significa que está trabajando en algún lugar”, sostiene.
Además de las suspensiones, las organizaciones protestan contra las demoras en la entrega de alimentos para los comedores y la falta de herramientas para los programas laborales. “Es un combo de cosas”, resume Saravia.
En la movilización de la semana pasada se introdujo una novedad: los referentes aseguran que en todas las organizaciones hay un pequeño universo de beneficiarios que, a pesar de realizar la validación en tiempo y forma, fueron afectados por la suspensión del programa. A pesar de ello, en febrero recibieron la mitad de los $32000 pesos del plan y en marzo, de no revalidar los datos, serán dados de baja. En Libres del Sur, aseguran que, en su agrupación, son alrededor de 500 personas.
Críticas
El pasado martes, las organizaciones realizaron una protesta de carácter nacional cuyo epicentro en la capital fue el Puente Pueyrredón. Allí, los principales referentes de las organizaciones de izquierda, bajo un agobiante calor que redujo la duración de la movilización, se manifestaron contra el “ajuste” del gobierno, apuntaron contra la ministra y criticaron en duros términos a los líderes sociales ligados al oficialismo.
Desde la cartera que conduce Tolosa Paz deslizaron que los piqueteros no pueden dar cuenta de la identidad de más de 6000 personas, sembrando dudas sobre la veracidad del reclamo.
Este lunes, referentes de la Unidad Piquetera mantuvieron una reunión con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, entre los que se encontraban Leonardo Moyano, secretario de Política Social y Matías Aguirre, jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, dirigida por Emilio Pérsico. La gran ausente fue Tolosa Paz.
“Fue una muy mala reunión. No nos dan ninguna certeza. No hay respuestas ni voluntad”, dijo Saravia, que no se olvidó de los funcionarios ligados a los movimientos sociales oficialistas.
Aparte de la ministra Tolosa Paz, una de las principales apuntadas (la consigna “El Fondo ordena, Tolosa condena” se repitió en banderas y cánticos), desde las organizaciones de izquierda llueven las críticas contra los dirigentes sociales con cargos en el gobierno.
“Nos da mucha bronca están calladas frente a esta canallada”, sostiene Saravia, en alusión a la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (Utep), aliada del Gobierno y uno de cuyos referentes es el líder del Movimiento de los trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois. “Ya sabemos como se va a manejar eso. Celebran que la plata la van a manejar ellos”, sostuvo.
“Les han prometido, lo dice el decreto, no es bajo la mesa, que todas las personas que se caigan se les va a dar en convenio. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, la principal organización del frente piquetero ya había señalado en el mismo sentido.
“Pérsico está muy contento. Se frota las manos porque la plata que el Estado se ahorre con las bajas se la van a dar a las cooperativas de él. Al Movimiento Evita, a Barrios de Pie, a la Corriente Clasista y Combativa”, le dijo Eduardo Belliboni a LA NACION a fines de enero, cuando también se movilizaron frente al ministerio de Desarrollo Social.
