LA HABANA/MADRID.– “Estimado Sr/Sra: Niurka de la Caridad Mora Albo. Le informamos que su expediente de nacionalidad se resolvió favorablemente y consta inscrito en este Registro Civil. Enhorabuena”. Tras recibir este mensaje, enviado el pasado 30 de marzo por el Consulado General de España en La Habana a su dirección de correo electrónico, esta cubana, exmaestra de escuela y hoy trabajadora de una empresa constructora de la Oficina del Historiador de la Ciudad, acaba de convertirse en ciudadana española gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado 21 de octubre.
“La verdad, estoy muy feliz”, dice Niurka, de 50 años, que ahora realizará los trámites para obtener el pasaporte y viajar en cuanto pueda a España a reunirse con su hijo, Richard Ramos, que se hizo español gracias a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 y desde hace tiempo vive en Tenerife. Ella no pudo entonces acceder a la nacionalidad pues, aunque los abuelos maternos de su padre eran canarios y él sí optó por la ciudadanía, Niurka era ya mayor de edad y la ley no permitía que se la transmitiese. Su hijo Richard, en cambio, sí consiguió hacerse español gracias a su padre, que adquirió la nacionalidad española por la misma ley cuando el niño era menor de edad. En fin, un galimatías legal que refleja hasta qué punto la generosidad de la nueva Ley de Memoria Democrática ha venido a cambiar las reglas del juego y permitirá ahora que cientos de miles de cubanos y latinoamericanos como Niurka, que había perdido ya la esperanza, puedan solicitar la ciudadanía del país de sus antepasados. “Para mí lo más importante es estar junto a mi hijo; si no, no me iría, pese a que la situación económica aquí es dura y mucha gente si quiere marcharse”.
La ley de Memoria Democrática permite que los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela español que hubieran perdido la nacionalidad por haberse exiliado por razones políticas, ideológicas, de creencias u orientación sexual puedan optar a la misma. También los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros y, además, aquellos cuyos padres obtuvieron la nacionalidad con la ley de 2007 cuando ellos ya eran mayores de edad, como es el caso de Niurka. La instrucción que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública adoptó el 25 de octubre, cinco días después de la entrada en vigor de la ley, amplió estos beneficios a los hijos y nietos de los emigrantes, y no solo de los perseguidos políticos, en coherencia con su pretensión de flexibilizar las previsiones de la legislación de 2007, según argumentó el Ministerio de Justicia.
“El objetivo de la nueva ley es reparar una injusticia histórica, y eso la gente lo agradece”, asegura el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que el viernes concluyó una visita a La Habana, después de haber visitado Buenos Aires hace tres semanas. En la capital cubana sostuvo diversos encuentros con las autoridades, a quienes explicó el espíritu de la nueva legislación —la anterior fue recibida con recelo por estamentos oficiales de la isla, pero no parece ser el caso de esta— y solicitó colaboración para ampliar las capacidades del consulado y poder atender la creciente demanda. El jueves visitó el negociado de nacionalidad del consulado español, en la Lonja de Comercio, repleto en ese momento de solicitantes, como cada día. “La gente aplaudió al enterarse de quién era. Fue muy emocionante”, aseguró Martínez, consciente de que Cuba es uno de los países que más puede beneficiarse de la nueva ley.
Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los tres primeros meses de aplicación de la ley se presentaron 24.729 solicitudes, de las que se aprobaron 12.862 y se inscribieron 6668 nuevas nacionalidades. El país con mayor número de solicitudes fue Argentina (7119), pero el consulado que más recibió, de los 179 que tiene España por todo el mundo, fue el de La Habana (4041) y también el que más inscribió (1970). Estas cifras se han quedado ya obsoletas. Según fuentes diplomáticas, la cifra de solicitantes en Cuba se acerca a los 11.000 y más de 4500 personas han sido inscritas en el registro como nuevos españoles, con todos los derechos que ello implica.
Con la primera ley de Memoria, más de medio millón de descendientes de españoles (503.499) solicitaron la nacionalidad, la gran mayoría residentes en Argentina y Cuba. En la isla, 120.000 personas la adquirieron, el 1% de la población total. Fue el país que más nacionalidades recibió. Y ahora las expectativas son aún mayores, debido a que la nueva ley es más amplia y generosa que la anterior. Según estimaciones no oficiales, entre 300.000 y 400.000 cubanos tendrán derecho a solicitar la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y, dada la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, es probable que la mayoría no quiera perder esta oportunidad. Si se cumplen estas previsiones, Argentina —donde viven ya más españoles que en 22 de las 52 provincias españolas (incluidas Ceuta y Melilla)— y Cuba —que supera a nueve— darán un salto adelante.
Eso plantea un reto logístico de enorme envergadura. En el Consulado de España en La Habana, por ejemplo, trabajan cerca de 70 personas y algo menos de un tercio se dedica a tramitar nacionalidades. Según el secretario de Estado, está previsto alquilar nuevas oficinas y casi duplicar dicho personal en las próximas semanas, contratando más empleados locales para atender a los solicitantes, pero sacar adelante esta ingente tarea en el plazo de dos años previsto en la ley —aunque puede prorrogarse por un año más— será difícil. Eso sin contar que cada nuevo ciudadano multiplica el trabajo de los otros negociados, pues hay que hacer pasaportes, legalizaciones, inscripciones de familiares y numerosos trámites. Las citas para entregar la documentación se piden digitalmente, y mientras en enero y febrero era relativamente fácil acceder a la página web consular, hoy ya es muy difícil obtener turno.
El problema no es exclusivo de La Habana: tras una larga negociación, Hacienda ha dado luz verde para que Exteriores aumente en 310 puestos su plantilla de personal en consulados y embajadas y contrate a 150 empleados eventuales para afrontar la avalancha de trabajo derivada de la ley de la Memoria y de la derogación del voto rogado en el ciclo electoral que se inicia el próximo 28 de mayo. La proximidad de las elecciones ha hecho que el PP vea con recelo un proceso exprés de nacionalizaciones que puede engordar el censo electoral y, siguiendo a la ultraderecha de Vox, ha recurrido la nueva ley al Constitucional; lo que coloca una espada de Damocles sobre la cabeza de los nuevos españoles nacionalizados a su amparo.
Por Mauricio Vicent y Miguel González
