En tiempos de profunda apatía ciudadana por la política, en los que los dirigentes son vistos como una “casta” ajena a sus preocupaciones, paradójicamente crece la cantidad de partidos políticos en la Argentina. Hoy superan los 700 en todo el país, aunque podrían ser más: según datos de la Justicia Nacional Electoral, hay otros 238 partidos en trámite para ser reconocidos.
Según los registros de la Dirección Nacional Electoral (DINE), el aumento sostenido en la cantidad de partidos políticos en la última década alcanzó su pico histórico en los últimos dos años. En 2013 existían 543 agrupaciones entre partidos nacionales, que son aquellos que han sido reconocidas en al menos cinco provincias, y de distrito, es decir, que cuentan con reconocimiento legal en alguna de las provincias. A fines de abril de este año, esa cifra trepó a 755, de los cuales 50 son de orden nacional.
El último intento para evitar el “desastre total”
Semejante proliferación de agrupaciones partidarias inquieta a las autoridades electorales. Cuanta mayor es la fragmentación del sistema político, más difícil se torna la gobernabilidad, advierten. El problema, sin embargo, no es solo político. También es económico: cuantos más partidos políticos existen, mayor es el esfuerzo que debe hacer el Estado para costearlos, sobre todo en tiempos electorales. Se dirá –con razón– que son los costos ineludibles que debe afrontar el Estado para sostener el sistema democrático; así lo exige la Constitución Nacional, que exalta a los partidos políticos como instituciones fundamentales por ejercer el monopolio de la representación política.
Sin embargo, los mismos expertos electorales también advierten que muchos de los partidos políticos que se crean terminan convirtiéndose en meros “sellos de goma” que se venden al mejor postor para competir en las elecciones. De paso, reciben aportes millonarios en cada elección nacional.
Las cifras son elocuentes. En las elecciones legislativas de 2021, el Estado erogó un total de $2668 millones en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las dos instancias electorales, primarias y generales. De ese total, $2042 millones (es decir, el 76%) se repartieron entre las 234 agrupaciones inscriptas para la impresión de sus boletas.
Este año, inflación mediante, esos costos deberían al menos duplicarse siempre y cuando no se produzca un respingo en la cantidad de espacios políticos participantes en las próximas elecciones. Todo un dineral en tiempos de crisis y demanda de ajuste del gasto público.
Esto explica, en parte, la proliferación de partidos políticos: aún los más ignotos reciben millones del Estado para imprimir sus boletas. Un negocio que se potencia en la instancia de las elecciones primarias, cuando las agrupaciones partidarias suelen presentar más de una lista para competir.
Para muestra basta un botón: según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), cada espacio político que presentó listas de precandidatos a diputados nacionales en Buenos Aires recibió la friolera de $17 millones solo para imprimir sus boletas. Incluso aquellas agrupaciones con casi nula representación política lucraron con este reparto millonario de recursos. Por mencionar solo un ejemplo, el Frente Patriota, de Alejandro Biondini, que suele presentar listas en cada instancia electoral en distintas provincias, recibió casi $17 millones para imprimir sus boletas y competir en Buenos Aires. La misma cifra que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Al final Biondini obtuvo apenas el 0,6% de los votos, una cosecha más que magra, pero igual recibió los millones.
Este dispendio de recursos públicos producto de la proliferación de partidos políticos preocupa a las autoridades electorales. La CNE anticipa que este año aplicará controles más estrictos en la rendición de gastos que deben hacer las agrupaciones para la impresión de sus boletas. Desde la oposición aseveran que estas erogaciones podrían ser mucho menores si se instrumentara la boleta única. Sin embargo, el oficialismo frenó en el Congreso el debate de esta iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está congelada en el Senado por orden de Cristina Kirchner.
Disparidad territorial
La cantidad de partidos reconocidos en Argentina viene manteniéndose en números elevados, advierte la DINE. Luego de la reforma política de 2009, que hizo más estrictos los requisitos para mantener el reconocimiento y mantenimiento, se redujo el número de partidos pero sólo de forma temporaria. A partir de 2015 las cifras volvieron a los parámetros anteriores a la reforma.
Según el último registro del organismo, en nuestro país existen 50 partidos reconocidos de orden nacional –y, por lo tanto, habilitados para presentar candidaturas a presidente y vicepresidente– y 705 de nivel distrital –que postulan candidatos a legisladores nacionales–. La distribución territorial de las agrupaciones políticas, sin embargo, es bastante dispar. En efecto, la provincia y la ciudad de Buenos Aires concentran la mayor cantidad, con 92 y 81 partidos políticos respectivamente. En el resto de las provincias, en cambio, el promedio es de 25; Santa Cruz y La Pampa son las que menos partidos tienen, con 12 cada una.
Esta heterogeneidad obedece a los requisitos que la ley exige para su reconocimiento legal. Para crear y preservar un partido de distrito se requiere contar con un número de afiliados no inferior al 0,4% del total del padrón de electores de la provincia, hasta el máximo de un millón de electores. Esto significa que el número máximo de afiliados requerido, para aquellos distritos que superen el millón de votantes, es de 4000. Una cifra exigua en distritos populosos como Buenos Aires y CABA, que justamente son los territorios con más espacios políticos.
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Amparados en esta laxitud, unos 238 partidos están actualmente en trámite para obtener su personería, según los últimos registros de la Justicia Nacional Electoral. El año pasado, los jueces federales con competencia electoral reconocieron 26 partidos en sus distritos; en lo que va del año suman 15. Los números varían en forma constante; así como la Justicia habilita nuevos partidos, también da de baja a aquellos que no cumplen con los requisitos para preservar su personería. De todas maneras, la cifra muestra una tendencia ascendente: con 755 agrupaciones, nuestro país ostenta el récord de contar con la mayor cantidad de partidos políticos en la región.
