BARCELONA.- Después de varias semanas de agrios reproches cruzados, el jueves se consumó la división del Gobierno español en torno a una de las leyes más emblemáticas de la legislatura, conocida como la ley “del solo sí es sí”, destinada a una mejor protección de las víctimas de delitos sexuales. El PSOE aprobó con el apoyo del PP una enmienda a la ley, que había provocado efectos indeseados, mientras que su socio en la Moncloa, Unidas Podemos, votó en contra, igual que el resto de partidos de izquierdas, como Más País o Esquerra Republicana. Por su parte, el ultraderechista VOX se ausentó de la votación. La votación en el Congreso se produce casi un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas y con los partidos ya en plena campaña.
El hemiciclo volvió a ser escenario de un duro intercambio entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, considerada la principal artífice de la ley inicial, y la diputada del PSOE, Andrea Fernández. “La ofensiva contra esta ley ha sido una ofensiva contra el Gobierno … y eso nos llevó a trabajar en una respuesta unitaria”, ha dicho Montero, que ha afeado al PSOE que evitara el consenso dentro el Gobierno y se aliará a un PP que “ha votado en contra de todos los avances” en los derechos de la mujer. Para Unidas Podemos, el problema no era la ley, sino la interpretación que hacían de ella algunos jueces de mentalidad conservadora.
El PP ha votado siempre en contra de todos los avances feministas. Si hoy vota a favor, quizá esta reforma no sea un avance: es un claro retroceso en los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/e6rRRjSlIC
— Irene Montero (@IreneMontero) April 20, 2023
“No hay humillación en abordar la igualdad desde consensos amplios y sólidos”, replicó Fernández, en referencia a los 233 votos a favor frente a los 59 en contra de la votación. Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ahondaba en las divisiones del Ejecutivo al criticar al presidente Pedro Sánchez por no haber cesado a Montero, y aseguró que la enmienda no estaba motivada por un sincero “arrepentimiento”, sino por intereses electorales.
El objetivo de la controvertida norma era situar en el centro el consentimiento de las mujeres víctimas de una agresión sexual, y no el hecho de que hubiera existido intimidación y violencia, como sucedía antes. Para ello, agrupó dos tipos penales, el de abuso y agresión sexual, lo que implicó que en el nuevo tipo único se redujera el castigo mínimo para algunas agresiones. A eso se acogieron centenares de delincuentes sexuales para pedir a la judicatura una revisión a la baja de sus condenas. Según las últimas cifras, más de 900 lo consiguieron, y 104 incluso fueron puestos en libertad. La enmienda aprobada introduce un nuevo subtipo para aquellos casos donde hubiera violencia, y aumenta la pena mínima de cárcel de 4 a 5 años.
Con el feminismo convertido en el movimiento social más potente en España en el último lustro, la disputa alrededor de la ley del “solo sí es sí” ha concentrado la lucha entre el PSOE y Unidas Podemos por enarbolar más alto la bandera feminista. Ahora bien, la aprobación de la enmienda es un intento de Sánchez para poner fin a esta polémica, que considera que solo puede dañar las opciones del bloque progresista. Por eso, durante los últimos días, el PSOE ha intentado resituar el foco de la campaña en cuestiones de tipo social, como la falta de vivienda social.
Seguimos construyendo el quinto pilar del Estado del Bienestar.Además de movilizar 50.000 viviendas de la SAREB, vamos a financiar otras 43.000 nuevas viviendas para alquiler social.La vivienda es un derecho, no una mercancía cada vez más exclusiva en manos de unos pocos. pic.twitter.com/pcI8mZFw8w
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 19, 2023
El lunes, el Gobierno anunció un plan para añadir 50.000 pisos vacíos al stock de alquiler social. Dos días después, anunció una nueva medida: 4000 para la construcción o rehabilitación de otras 43.000 viviendas. Con la vivienda como principal preocupación de los jóvenes con unos precios astronómicos, sobre todo en las grandes ciudades, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, no se quiso quedar atrás, y prometió desgravar un 15% del pago de las hipotecas para los jóvenes que compren un nuevo piso.
La lluvia de promesas es el mejor indicador del inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales en todo el país, y autonómicas en una docena de regiones del próximo 28 de mayo. A falta de unos siete meses para las elecciones generales, se considera que la próxima cita con las urnas será un anticipo. Una victoria del PP crearía la percepción de un cambio de ciclo, podría insuflar nerviosismo y nuevas tensiones en las filas del Gobierno de coalición. De momento, las encuestas no ofrecen un escenario claro. Mientras las publicadas por la prensa conservadora auguran un triunfo conservador, el CIS, el instituto de sondeos públicos, se decanta por una repetición de la mayoría progresista.
Entre las contiendas a seguir de cerca, las autonómicas en la Comunidad Valenciana, Baleares y en Castilla-La Mancha, ahora en manos del PSOE y en el punto de mira del PP. Los socialistas, que salen a la defensiva tras su victoria en 2019, podrían intentar contrarrestar alguna derrota en estos escenarios con la recuperación de la alcaldía de Barcelona. La victoria del PP en sus feudos parece garantizada, pero se seguirán con atención los márgenes en las autonómicas en Madrid, pues su presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, alternativa a Feijoo en el PP, se presenta a la reelección.
