Hace ya tres años y medio que venimos señalando públicamente los errores y horrores en materia de política agropecuaria de este Gobierno, donde a las restricciones de todo tipo a las exportaciones, sumada a la política cambiaria que genera una brecha del 100% y a una desacertada política antinflacionaria que en vez de cuidar “la mesa de los argentinos” nos lleva a una inflación proyectada de más del 120% anual, se suma la instrumentación continua de sistemas de reparto de beneficios o incentivos, no sólo confusos, sino retorcidos, que alimentan las continuas sospechas de que el capitalismo de amigos es un hecho que se agrava aceleradamente. El mayor ejemplo de esto son los llamados fideicomisos y fondos anticíclicos, así como los programas de incremento de las exportaciones.
La reciente instrumentación del llamado “dólar soja 3″ que incluye ciertos incentivos a las economías regionales es el mejor ejemplo de ello. Sabido es que muchas entidades y actores del sector privado, recomendaron al ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, la eliminación total de los derechos de exportación antes que adoptar el desacertado sistema de incentivos elegido con la instrumentación del decreto 194/23 (dólar a $300) y la resolución 138/23 (con el listado de productos de economías regionales), ya que el Estado iba a perder menos plata por el menor ingreso de estos distorsivos impuestos a las exportación, que por la diferencia de cambio que se generaría entre comprar dólares a $300 y venderlos a $215.
El Gobierno presiona a las empresas por yerba barata hasta las elecciones
Pero no, este Gobierno siempre opta por lo peor y por la instrumentación de sistemas, listados y procedimientos que generan hijos y entenados, lo que nos deja la libertad de pensar que los funcionarios se manejan en base a otro tipo de beneficios o intenciones personales o partidarias y no de los intereses de la Nación.
Por ejemplo, la resolución 138/23 por la que se instrumentan supuestos beneficios a las “Economías Regionales” (sin determinar claramente cómo se definen) ha dejado afuera del listado mencionado en el anexo de la misma una gran cantidad de productos que se producen en determinadas regiones del país, bien identificables, u otros cuyo consumo interno no es relevante.
Encima, entre los requisitos que se les exigen a los exportadores que quieran adherir al programa, mencionan: que hayan exportado esos productos en los últimos 18 meses (restringiendo el alcance), que se comprometan a aumentar los puestos de trabajo, que asuman el compromiso de abastecer el mercado interno y que cumplan el acuerdo de precios que establezca la Secretaría de Comercio. Enunciado que se vuelve imposible de cumplir y de controlar con claridad, más pensado en función de acuerdos de intención con cámaras que para empresas.
Pero yendo más a fondo en el análisis del Decreto 194/23, la “mala praxis” cuestionable y, a mi modesto entender, condenable, podemos verla reflejada en los guarismos de ingresos de divisas generados durante los primeros seis días de funcionamiento del sistema, durante los cuales el BCRA habría comprado 997,5 millones dólares de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 194/23, a $300 (según datos obtenidos del MAE para operaciones cam9) y habría vendido 983,7 millones dólares en el MULC, a un valor promedio de $ 215,29, produciendo una pérdida promedio de $85 por dólar comprado.
Esto arrojaría la friolera de $84.762 millones perdidos en seis ruedas por los dólares comprados a $300, o lo que es lo mismo, US$392,8 millones perdidos a tipo de cambio oficial.
Si uno se tomase el trabajo de calcular los derechos de exportación equivalentes recaudados por el registro de exportaciones de los productos del complejo sojero (DJVE), durante esos seis días (ya que se estima que no se han comprado aún dólares procedentes de productos incluidos en la Resolución 138/23 de las economías regionales), se caerá en la cuenta de que el 100% de los derechos correspondientes según los valores FOB oficiales por producto y por día, serían equivalentes a US$105,7 millones.
Por lo tanto, era mucho más conveniente para el país, más transparente y menos pro inflacionario, haber eliminado todos los derechos de exportación que haber instrumentado esta nefasta medida. Recordemos que el decreto 194/23 no sólo fue firmado por el presidente, Alberto Fernández, y por el ministro de Economía, Dr. Sergio Massa, sino por todo el gabinete de ministros y el jefe de Gabinete, quienes en algún momento deberán rendir cuentas por esta mala praxis y las cuantiosas pérdidas generadas a toda la ciudadanía, muy fáciles de demostrar.
El autor fue subsecretario de Mercados Agropecuarios
