La reforma de la ley antilavado aprobada ayer en la Cámara de Diputados beneficiaría a miles de lavadores de activos del narcotráfico y de la corrupción, convertiría a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo híbrido de inteligencia y colocaría a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el país bajo la lupa antiterrorista, alertaron ayer dos entidades especializadas.
Las críticas se centran en el proyecto para modificar la legislación vigente contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que impulsó la Casa Rosada, a contra reloj, en la antesala del proceso de evaluación del país que encarará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo intergubernamental contra el lavado del mundo, durante los próximos meses.
¡Ah, pero Aracre!
Una de las objeciones centrales apunta contra la reforma del tipo penal. Entre otros motivos, porque eleva el umbral mínimo para penalizar el lavado -hoy, de $300.000- al equivalente de 150 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, lo que en la actualidad supera los $12 millones. “Su sola modificación implicará la impunidad de los casos de lavado de activos que están siendo investigados por operaciones inferiores a la pauta propuesta”, alertó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). ¿Por qué? Porque “la aplicación de la ley penal más benigna es un escenario que no podrá evitarse en los tribunales, dando una amplia ventaja a los imputados por este tipo de delitos”.
El impacto de esa modificación sería mayúsculo. De aprobarse la ley, todos los acusados por presunto lavado de activos por menos de $12 millones podrían exigir el cierre de las investigaciones en su contra. “A partir de consultas y fuentes documentadas, el Cipce calcula que contemplando los números entre 2017 a 2020, la totalidad de casos en los que podría impactar una reforma de este tipo, ascendería a 1500 aproximadamente”, alertó la entidad en un documento que envió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y recordó que el delito precedente más habitual en las investigaciones por lavado es el narcotráfico.
Presidido por Alberto Binder, el Cipce sugirió modificar el texto que ya obtuvo media sanción para dejar en manos de los fiscales la decisión de impulsar la acción penal si el valor de la operación sospechada no superara el nuevo monto mínimo de punibilidad que se fije, “siempre que no se encontrare comprometido el interés público”. Así, de admitirse la sugerencia planteada por el Cipce, los investigadores podrían continuar con una pesquisa contra lavadores del narco o de la corrupción, por ejemplo, aún si la maniobra delictiva estuviera por debajo del equivalente a los 150 salarios mínimos.
El Cipce planteó incluso sus dudas sobre cómo fue el proceso que llevó a impulsar esta reforma desde la UIF, la Casa Rosada y el Congreso. “Resulta oportuno preguntarse si al establecer este umbral se ha medido el impacto que esta decisión tendrá en la cantidad de causas a cerrarse por imposición de la regla de benignidad”, lamentó. “Tampoco se conoce si se ha evaluado que dicho impacto es susceptible de modificar el status jurídico de los casos magros con condena, mediante la interposición de recursos de revisión por parte de las defensas técnicas de los condenados”.
Terrorismo e inteligencia
En la misma senda, el Cipce alertó sobre “el potencial impacto que la aprobación de dicha norma podría causar en las organizaciones de la sociedad civil, cuya actividad quedaría bajo el escrutinio intensivo del enfoque antiterrorista, sin que exista en nuestro país hipótesis alguna que permita ligar de manera concreta el uso de la red de sociedades sin fines de lucro como vehículo idóneo para el financiamiento de actos de esta naturaleza”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también objetó ese eje de la reforma tal como está formulado. “Nos preocupa la media sanción del proyecto antilavado que acaba de aprobar la Cámara de Diputados. Pone a las ONGs y organizaciones sociales bajo el escrutinio de la legislación y regulación antiterrorista”, planteó a través de su cuenta oficial de Twitter. “Este tipo de control puede abrir la puerta al Poder Ejecutivo para perseguir o controlar organizaciones sociales, bajo la excusa de tener prácticas terroristas o ser usadas para financiar este tipo de acciones, definidas con discrecionalidad y arbitrariedad”.
De acuerdo a la entidad que en la actualidad preside Sofía Tiscornia, este nuevo abordaje “no fue debatido”, en tanto que resaltó que “no hay hipótesis ciertas en nuestro país que permita vincular a estas organizaciones con la red de sociedades usadas para financiar al terrorismo” en otras partes del mundo.
Pero allí no se agotaron los cuestionamientos al proyecto de ley. Además de plantear aspectos positivos, a mejorar o negativos sobre el eventual registro de beneficiarios finales, el Cipce urgió al Congreso a quitar “toda referencia que permita comprender [a la UIF] como un organismo antilavado”, en momentos en que la reforma que obtuvo ayer media sanción va en la dirección opuesta.
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“La UIF no es una oficina de inteligencia en sentido estricto, pues no existe ninguna normativa de rango legal que le dé ese estatuto, ni que la integre al Sistema de Inteligencia Nacional”, recordó el Cipce, pero el proyecto la ubica bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Así, la reforma propuesta por el oficialismo, alertó el Cipce, “profundiza el sentido de comprender a la UIF como un organismo de inteligencia, cuando en rigor de verdad, esto merece un debate mucho más amplio, no ya en el marco de este proyecto, sino sobre la ley que regula las actividades de inteligencia”.
