La jueza Loretta Preska publicó el último día de marzo una sentencia en la que confirma que el Estado argentino estatizó YPF violando los estatutos de la empresa y que, en consecuencia, deberá pagar una indemnización a las sociedades Petersen, a través de las cuales la familia Eskenazi adquirió 25% de la petrolera argentina. Esas sociedades, que están concursadas, vendieron sus derechos al fondo Burford, quedándose con la prerrogativa de cobrar 30% del resarcimiento que disponga la Justicia. Es posible que la mitad de ese 30% vaya a manos de los Eskenazi.
El fallo desató una ola de críticas sobre los responsables de este costosísimo fracaso judicial: la entonces presidenta, Cristina Kirchner; quien fuera su viceministro de Economía, Axel Kicillof; y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Sin embargo, cuando se reconstruye el camino que condujo a la sentencia, aparece una cadena de rarezas e irregularidades que se fueron ejecutando durante más de treinta y dos años. A la luz de esos hechos queda en evidencia el mapa de uno de los entramados de corrupción más impactantes de la era kirchnerista. Ese tren fantasma arranca con la privatización de YPF, decidida por Carlos Menem; sigue con la kirchnerización del 25% de la empresa en manos de la familia Eskenazi; se extiende a la irresponsable estatización llevada adelante por la actual vicepresidenta; y culmina con un reclamo en la justicia neoyorkina que, se sospecha, podría estar basado en contratos fraudulentos que vuelven a beneficiar a los Eskenazi en detrimento del Estado nacional.
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Esta secuencia de ardides y errores sería llamativa de por sí. Pero se vuelve más grave porque fue puesta a consideración de la Justicia federal desde hace cinco años. En el despacho del juez Ariel Lijo duerme desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que los Kirchner llevaron adelante en YPF. LA NACION accedió a ese documento, que lleva el número 0704/18. Allí se sugieren numerosos procedimientos para esclarecer los hechos. No existe información alguna de que Lijo los haya ejecutado. Esa molicie es estratégica para que los reclamos en contra del país puedan prosperar en los tribunales extranjeros.
El largo parte de la UIF recuerda que las autoridades de Repsol, encabezadas por su presidente Antoni Brufau, decidieron entregar el 15% de su filial YPF a dos sociedades constituidas por la familia Eskenazi bajo el nombre de Petersen Energía SAU y Petersen Energía Inversora. El texto no lo consigna, pero existen versiones casi indiscutibles de que los Eskenazi no iban a ser los destinatarios de esa “argentinización”. Su nombre surgió por imposición de Néstor Kirchner.
La UIF recuerda la relación de esos empresarios, sobre todo de Enrique y Sebastián Eskenazi, con funcionarios públicos. Por ejemplo, en la causa de los cuadernos de las coimas, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, declaró que el secretario del expresidente, Daniel Muñoz, le había informado que el dinero negro que se iba acumulando en concepto de pago de sobornos, era puesto en manos de Sebastián Eskenazi, que lo atesoraba en un reducto porteño que no se pudo localizar. Según Manzanares, solo dos personas tenían llave de esa bóveda: Eskenazi y Muñoz.
El mismo informe recuerda que, en la causa por enriquecimiento ilícito que siguió el juez Norberto Oyarbide, los Kirchner justificaron su patrimonio en una ventajosa tasa diferencial que les concedía el Banco de Santa Cruz, del que los Eskenazi son socios mayoritarios, junto con la provincia. Los investigadores se asombran de que haya créditos por más de 8 millones de pesos, que los Kirchner tomaban del banco para volver a depositarlos por la misma ventanilla. Es curioso: el expresidente y su esposa perdían plata por la diferencia de tasa. ¿O la perdía el banco dando a la familia del gobernador una renta superior a la que obtenía?
Los funcionarios de la UIF recuerdan otra información en este sistema de complicidades de Kirchner con los Eskenazi. El Banco de Santa Cruz fue a partir de 2006 el administrador del fideicomiso donde ingresaron los fondos provinciales provenientes de regalías petroleras mal liquidadas, por un monto de 654 millones de dólares, y de la privatización de YPF realizada por Menem, por un monto de 683 millones de dólares. Un dato clave: esos recursos fueron depositados en el banco Credit Suisse, sucursal Zurich. A partir de 2007 el Tribunal de Cuentas de la provincia dejó de informar sobre el destino de ese dinero.
El “experto en mercados regulados”, que es como definió Brufau a Enrique Eskenazi, y su hijo Sebastián, fueron protagonistas centrales del submundo económico de los Kirchner. Lo más probable es que el expresidente los haya seleccionado como receptores del 25% de las acciones de YPF por esa proximidad. Seguro no fue por sus antecedentes petroleros: la familia jamás había participado de ese negocio. La UIF recuerda a Lijo que las sociedades Petersen fueron creadas el 23 de julio de 2007, es decir, cuando ya se había decidido la “argentinización”. Este concepto es, además, falaz: ambas compañías, poseedoras del 100% de las acciones transferidas por Repsol, se radicaron en España y eran controladas por una sociedad australiana y otra austríaca.
Los investigadores informaron al juez Lijo que los Eskenazi capitalizaron a sus sociedades con 60.000 euros y, más tarde, con un presunto crédito de 75 millones de euros, garantizado por un depósito en el banco Credit Suisse. Ese banco fue el que coordinó los préstamos que recibieron los Eskenazi para comprar las acciones de YPF. El documento de la UIF sostiene: “Es destacable que el monto que ha cedido este operador financiero (…) sería de una cuantía similar al monto que presumiblemente ascendería el Fondo de la Provincia de Santa Cruz que estaba depositado en la misma Institución Financiera, a la fecha en que se realizó la operación de préstamo para fondear la compra accionaria”.
¿Los Eskenazi recibieron un préstamo garantizado por los fondos de la provincia de Santa Cruz? Los mismos expertos indican que el encargado de realizar las presentaciones del Grupo Petersen ante la Securities and Exchange Commission de Nueva York, Claudio Canepa, era el representante del Banco de Santa Cruz ante el fideicomiso que conservaba los fondos de esa provincia.
La UIF intenta que Lijo preste atención a otras rarezas de la compra del paquete minoritario de YPF por parte de los Eskenazi. Una importante: no hubo fondos propios. Ese activo se pagó, sobre todo, gracias a una política de distribución de dividendos. Con la peculiaridad, escandalosa, de que se postergó uno de esos repartos para que los nuevos accionistas pudieran beneficiarse con rentas que se generaron antes de que ellos ingresaran a la petrolera. También observa la creación de nuevos cargos en YPF, con remuneraciones extraordinarias: 236 millones de dólares entre 2003 y 2011. Ese monto especificado en el informe constaría en el acta de la Asamblea de Accionistas del 30 de mayo de 2013. Los investigadores afirman también que en un informe parlamentario se calculó que en el período 2008-2011 las utilidades de YPF fueron de 4629 millones de dólares y los dividendos pagados de 6352 millones de dólares. Es decir, una relación de 137%. Los informantes del juez hablan de un vaciamiento.
El mismo argumento del vaciamiento fue utilizado por el gobierno de Cristina Kirchner para llevar adelante la estatización del 51% de las acciones en manos de Repsol. Las razones fueron expuestas en un informe denominado Mosconi, en cuyas innumerables páginas no aparece una sola vez la palabra Eskenazi. A pesar de que la conducción de la empresa, es decir, el vaciamiento que se denunciaba, estaba a cargo de Sebastián Eskenazi, como gerente general. El cerebro de esa disociación entre lo que se narraba y lo que verdaderamente ocurrió fue Kicillof. Los motivos últimos de la captura de la mayoría accionaria de YPF siguen siendo materia de versiones, algunas muy detalladas. La más insistente: un incumplimiento de los Eskenazi con los Kirchner una vez que falleció el expresidente. Brufau estuvo siempre persuadido de esa explicación.
Con la expropiación, a la corrupción se le agregó al ineptitud. Se ignoró el procedimiento previsto en los estatutos de la empresa, sobre todo la cláusula que exige que quien compre más del 15% del capital social, debe realizar una oferta pública en la Argentina y Estados Unidos a quienes ya poseen acciones o valores convertibles de la misma sociedad.
Kicillof, que fue el jefe del desembarco, y Zannini, su ideólogo jurídico, ignoraron esa prescripción. Ni siquiera consideraron oportuno explicar, en los fundamentos del proyecto de ley de estatización, por qué eludían el requisito. Al revés, Kicillof llegó a declarar, con su oratoria tan petulante como enrevesada: “¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’. Será que es sagrado el control de compañía, será que se dieron cuenta que tenían la gallina de los huevos de oro y dijeron: la vamos a hacer parir pero que nadie pueda husmear acá en la compañía”.
Esos vicios de procedimiento, enumerados por el informe de la UIF que está en poder de Lijo, se agravaron cuando se realizó el pago de 5000 millones de dólares a Repsol, por la confiscación de sus acciones. En esa oportunidad se firmó un acuerdo por el cual se admitía que Repsol tenía derecho a reclamar por la violación del Estatuto, pero que se negaba a hacerlo. Hubo varios avisos sobre el riesgo que entrañaba esa aceptación. Existen emails del abogado externo Edward Scarvalone, dirigidos a varios funcionarios de Cristina Kirchner, alertando que si se le reconocía a Repsol esa prerrogativa, el Estado nacional se exponía a reclamos de otros accionistas. Esas alarmas fueron ignoradas.
Apenas se estatizó la empresa, las sociedades Petersen se presentaron en concurso en España. Era obvio: sin cobrar esos dividendos siderales sería imposible pagar los créditos. El administrador del concurso llamó a una competencia para comprar los derechos de esas compañías a reclamar ante la Justicia de los Estados Unidos por la violación del Estatuto. Esos derechos fueron adquiridos por el fondo Burford por 15 millones de dólares. Se trata de una firma experta en comprar litigios para que las sociedades puedan limpiar sus balances de pasivos eventuales. El acuerdo consistió en que Burford se quedaría con el 70% de lo que resulte del juicio. El 30% restante iría para Petersen. Se calcula, de manera todavía muy imprecisa, que esa suma final podría ir de los 3500 a los 17.000 millones de dólares.
Burford se presentó como financista de Petersen. El reclamo se llevó adelante en el juzgado de Preska. El mismo que, durante los tiempos de Thomas Griesa, condenó a la Argentina en su pleito con los holdouts, en una estrategia también encabezada por el dispendioso Kicillof.
El Estado nacional encaró una defensa muy agresiva durante la gestión de Mauricio Macri. El encargado de diseñarla fue el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Entre sus múltiples líneas de acción, había dos principales. La primera: demostrar, mediante un procedimiento de discovery, por el cual se abren todos los archivos de los que intervienen en una transacción, las opacidades que rodearon al desembarco de los Eskenazi en YPF. Es decir, Preska tomaría conocimiento, a través de indicios y pruebas, de la corrupción que contaminó toda la operación.
La otra línea fue denunciar en la Justicia española que el acuerdo entre Petersen y Burford era fraudulento. Que simularon un contrato de financiamiento para evitar un contrato de venta de derechos. Por eso las querellantes en Nueva York siguen siendo las firmas Petersen. No Burford. ¿A qué se debió? A que en este segundo caso Petersen debería haber cumplido con el artículo 1.535 del Código Civil. Allí se establece que un deudor, en esta historia el Estado argentino, tiene derecho a comprar un derecho litigioso de un acreedor, al mismo precio en que éste se lo vendería a un tercero. En concreto: Petersen vendió a Burford su derecho a litigar en 15 millones de dólares; por ese monto la Argentina podría haber hecho que el reclamo se extinguiera.
Zannini, que tuvo responsabilidades muy directas en la estatización, debe ahora, como procurador del Tesoro, defender al Estado por los reclamos derivados de aquella medida. Tomó dos decisiones muy perjudiciales. La primera fue, para él, inevitable: se presentó ante la jueza, junto con Petersen/Burford para renunciar al discovery. Es decir, pidió que no se investigue el modo en que los Eskenazi adquirieron las acciones de YPF, cuestión de la que deriva la calidad de sus derechos. Era de temer: si se investigara esa historia, el kirchnerismo habría quedado expuesto en una crónica policial.
La segunda resolución de Zannini fue no seguir adelante con el reclamo por la adulteración del convenio entre Petersen y Burford. Fueron dos servicios extraordinarios a los acreedores. Dos servicios muy sospechosos, sobre todo porque se presume, como está explicado en el dossier que tiene Lijo, que detrás de Burford siguen estando los Eskenazi. Antes de ser procurador, Zannini fue director del Banco de Santa Cruz en representación de la provincia.
El informe de la UIF calcula que los pasivos de las sociedades Petersen ascenderían a 600 millones de dólares. Y presume que esas firmas podrían recibir unos 1250 millones de dólares, equivalentes al 30% de lo que Burford obtenga en el juicio. Quiere decir, razonan los investigadores, que los Eskenazi, titulares últimos de esas firmas concursadas, podrían quedarse, al final de todo el periplo, con 650 millones de dólares. Una cifra escalofriante, si se considera que es el resultado de un negocio muy oscuro en el que no pusieron una moneda.
Una oposición de espaldas a la sociedad
Es muy probable que, si Lijo hubiera investigado con la celeridad que corresponde la denuncia que duerme en su juzgado, la suerte de los Eskenazi habría sido otra. Es difícil imaginar que esa pereza no recibe una contraprestación.
La trama es poco edificante. Una mente literaria, no tan atada a las evidencias judiciales, podría imaginarla en estos términos: un gobernador, Kirchner, entregó caudalosos fondos provinciales a un banquero cómplice, para que los administrara sin rendir cuentas más que a él. Convertido en Presidente, el mismo gobernador presionó a las autoridades de Repsol, la dueña de YPF, para que entreguen 25% de la compañía a ese amigo financista, que es Enrique Eskenazi. La operación se realizó entre 2007 y 2008, con créditos de la propia Repsol y de Credit Suisse, el banco donde estaban depositados aquellos fondos de Santa Cruz. Un detalle: desde que los Eskenazi entraron en YPF, el tribunal de cuentas de la provincia dejó de informar sobre esos recursos. La sucesora y viuda del Presidente, Cristina Kirchner, estatizó la empresa. Los Eskenazi demandan a la Argentina, favorecidos por los funcionarios de la misma presidenta, que flaquean en la defensa del Estado. Al cabo de todo ese proceso, la familia Eskenazi podría quedarse con 650 millones de dólares por un negocio para el que no invirtió una moneda. Todo gracias, en parte, a un juez que no investiga. Todo en nombre de la soberanía nacional.
